EL FRENTE AMPLIO Y LA IZQUIERDA EN URUGUAY. Una reseña crítica a 50 años de la fundación del Frente Amplio (Segunda parte)

El Frente Amplio en el gobierno

Con el triunfo en las elecciones de 2004 el Frente Amplio finalmente pudo acceder al gobierno nacional, generando grandes expectativas tanto a generaciones de militantes y activistas como a las propias masas populares, asqueadas de la desigualdad y miseria de la política neoliberal de los gobiernos derechistas.

Sin embargo podemos ver como el leitmotiv del gobierno frenteamplista fue el de ser un “gobierno responsable”, por lo que esencialmente no cuestionó los fundamentos de la década neoliberal:

El pago puntual de la deuda externa, el mantenimiento de las empresas públicas que habían sido privatizadas, la precarización del trabajo manteniendo los elementos fundamentales de los trabajos precarios, la política de tercerizaciones, etc.

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En un contexto internacional de altos precios de las materias primas se profundizó el modelo extractivista del campo lo que permitió que los terratenientes vivieran un momento excepcional de grandes ganancias, al mismo tiempo que se amplió como nunca la extranjerización de la propiedad de la tierra. Bajo el modelo extractivista además se aumentó la contaminación con agrotóxicos del agua y la tierra.

Una de las patas fundamentales de la década y media de la era progresista fue la promoción de las inversiones extranjeras, con la ampliación de las zonas francas y las exoneraciones impositivas generalizadas para que el capital no pague un peso a cambio de instalarse.

Se sostuvo una relación cercana con el imperialismo estadounidense, teniendo como momento cúlmine el conflicto de las pasteras con Argentina (cuando Tabaré Vázquez le pidió respaldo a George Bush II en caso de suscitarse un conflicto armado), manteniéndose además durante años las misiones militares de la ONU a Haití y otras regiones del mundo.

La recuperación del salario real fue modesta en términos históricos, apenas se logró revertir el impacto de la crisis del 2002, pero quedando lejos de los niveles salariales previos a la dictadura.

Más allá de lo salarial, los periodos de gobierno frenteamplista fueron incapaces de revertir las reformas que había impuesto la derecha (desde la dictadura hasta los gobiernos colorados y blancos): se mantuvieron los aspectos centrales de la desregulación y precarización laboral, así como las tercerizaciones y los contratos chatarra. La desocupación tuvo una baja temporal pero luego volvió a aumentar y los “diezmilpesistas” (por sus bajos ingresos y la mala calidad de sus trabajos) fueron el símbolo del periodo, especialmente entre los jóvenes.

La asistencia social y las mejoras en los presupuestos de la salud y educación, no fueron más que paliativos para contener las grandes desigualdades de un modelo económico que proseguía su paso de saqueo.

Luego de la terrible crisis del 2002 y en el primer gobierno del FA se crea el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Desde allí, con el plan de emergencia y otras medidas, se dio una mínima respuesta a las decenas de miles de uruguayos que vivían bajo la pobreza más extrema. Cabe recordar sin embargo que para estas acciones asistencialistas no se tocó en lo más mínimo la ganancia capitalista, sino que fue en el contexto de un momento económico excepcional y en sintonía con las políticas diseñadas por los organismos multilaterales de crédito liderados por el imperialismo.

A nivel tributario se puede ver como el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no es más que un impuesto disfrazado a los sueldos y no a la renta (cerca del 90% recae sobre los trabajadores y poco más que el 10% sobre el capital), y que solo deja sin tributar a aquellos que prácticamente tienen sueldos de subsistencia.

Se trata básicamente de un impuesto a trabajar, no sustancialmente distinto al Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) de los partidos tradicionales.
En la salud durante el gobierno del Frente Amplio se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que permitió un mayor acceso a la atención en salud, aunque a la vez fortaleció al sector privado empresarial, garantizándole transferencias económicas y mayores ganancias.

A su vez, se fortalecieron los aparatos represivos del Estado, en especial la policía con la nacionalización de la Guardia Republicana. La policía recibió un gran aumento presupuestal, se multiplicaron los montos salariales y se pasó a tecnificar el accionar policial, con el uso de cámaras de vigilancia y sistema de espionaje electrónico.

Fortalecieron además el andamiaje legal en favor de la policía con el decreto antipiquetes y la ley de faltas, entre otras reformas legales que favorecieron el poder policial.

En la educación se ignoró el trabajo del Congreso Julio Castro y se pasó a dar continuidad a las políticas educativas heredadas de los noventas, sin otorgar un aumento del presupuesto sustancial, acorde a lo exigido por trabajadores y estudiantes. En las huelgas docentes que se dieron en 2013 y 2015 la respuesta gubernamental fue dura y con ataques históricos como el decreto de esencialidad contra la huelga de 2015.

Los avances en materia de DDHH y la violación de los mismos durante la dictadura no se correspondieron con la expectativa de amplios sectores populares de hacer justicia sobre los crímenes que cometió la misma, y no fueron más allá del encarcelamiento de algunas figuras destacadas de la represión (con el beneficio de cárcel vip y prisiones domiciliarias) y la lenta búsqueda de los restos de los desaparecidos.

En todo caso estos avances fueron producto de la lucha histórica por verdad y justicia y no por una política activa del gobierno frenteamplista.

Más allá de la presión de las bases del FA, sus dirigentes buscaron “dar vuelta de página” y así lo demostraron de diversas maneras, desde el “nunca más orientales contra orientales” de Tabaré Vázquez hasta las frases de Mujica hablando de los pobres viejitos en relación a militares torturadores y genocidas.

El Frente Amplio en el gobierno cumplió sus acuerdos con el régimen a los que se había comprometido desde su participación en el Pacto del Club Naval.

En varias oportunidades los intentos de anulación de la ley de impunidad fueron bloqueados por el mismo Frente Amplio: en 2009 con el poco compromiso con el plebiscito para la anulación que tuvo como consecuencia que no se alcanzaran los votos necesarios, luego en los intentos de reforma de la ley cuando un sector de la propia bancada del Frente Amplio bloqueó las posibilidades, hasta dejar la opción de una reforma interpretativa con efectos muy limitados.

En relación a la agenda de derechos democráticos; durante los periodos de gobierno del Frente se dieron algunas concesiones y sancionaron leyes progresivas (como el matrimonio igualitario, el aborto legal, la legalización de la marihuana, etc.) aunque con limitaciones.

Estos logros, en ocasiones con opositores en las propias filas del partido de gobierno, fueron motorizados por los movimientos sociales pro-derechos y tuvieron recortes producto de las negociaciones con los sectores conservadores; nadie regaló nada, en todo caso fueron productos de décadas de luchas y movilizaciones para ampliar derechos y libertades.

En definitiva, la crisis del 2002 puso en evidencia su rol de contención y apaciguador de los conflictos; pero su llegada al gobierno mostró en toda su plenitud su perfil de gestor y administrador del capitalismo dependiente del Uruguay. Durante los 15 años de gobierno dejó ver su matriz reformista posicionándose como pata izquierda del régimen político: su proyecto no fue más allá de intentar armonizar las contradicciones que se generan en las sociedades capitalistas, renunciando a cualquier cambio estructural o profundo.

Su progresiva adaptación e integración al régimen también tuvo impacto en su militancia; llevando a peleas y acomodos por cargos así como repartijas entre sectores. Lejos quedaron los tiempos en que la estructura política se sostenía solamente en el militante no rentado para dar cabida a una militancia institucionalizada y regimentada para no salirse de los límites de la legalidad del país burgués.

Esto también tuvo su expresión en el movimiento obrero y demás movimientos sociales; los que muchas veces terminaron cooptados y subordinados a las necesidades electorales del FA y fueron llevados a la rastra de sus políticas.

La posición del PIT-CNT es paradigmática de esta situación: cumplió durante los gobiernos del FA un rol contenedor, evitando el enfrentamiento con el gobierno, aún en momentos de ataques y ajustes al movimiento obrero, con el pobre argumento de que eso era “hacerle el juego a la derecha”, cuando en realidad así dejaban pasar políticas de derecha que se impulsaban desde el propio gobierno.

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La oposición responsable

El desgaste de 15 años de administración “responsable” sumado a un progresivo deterioro de la situación económica y un viraje de la situación regional con el advenimiento de golpes de Estado y la asunción de gobiernos derechistas, derivó en la derrota del Frente Amplio en las elecciones de 2019.

Pero esta derrota electoral del Frente Amplio hay que también entenderla desde las expectativas que alguna vez despertó en los trabajadores y el pueblo, pero que llegado al gobierno no cumplió.

La apatía, el escepticismo, incluso el voto de sectores pobres a conservadores autoritarios como Manini, se explican desde el desengaño que provoca ver, que más allá de matices, el Frente Amplio no se diferencia mucho de los mismos partidos tradicionales que han gobernado a favor de las clases dominantes por casi 180 años.

Ante el triunfo de la coalición derechista encabezada por Lacalle Pou, el Frente Amplio, y las cúpulas sindicales que responden a su estrategia, han desplegado su vieja estrategia de oposición “responsable”.

En el marco de la fuerte crisis sanitaria y social provocada por la pandemia del Covid 19, el Frente Amplio se limitó a llamar a la unidad nacional y proponer al gobierno un diálogo nacional, cosa que el gobierno de Lacalle Pou viene ignorando. De paso la coalición multicolor aprovecha la tibieza de la oposición para atacar las condiciones de vida de la población trabajadora.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) que significa en sí misma todo un programa anti obrero por parte del gobierno fue votada parcialmente por la bancada del Frente Amplio, razón por la cual también terminó operando para dividir al movimiento popular contra la LUC, impulsando una derogación parcial de la misma.

En definitiva nada nuevo, con respecto a la vieja estrategia del Frente Amplio: cuando vuelve a la oposición, otra vez apuesta a mantener la paz social, contener los conflictos más agudos y desviar toda lucha de clases hacia la ilusión de una futura victoria electoral que les posibilite volver al gobierno nacional.

Hay que superar la ilusión progresista de “humanizar” el capital

Los cincuenta años de influencia y hegemonía del Frente Amplio en la izquierda uruguaya deberían llamar a la reflexión y a una crítica de su rol histórico. La tragedia sanitaria y social que ha traído la pandemia del Covid 19 en Uruguay y en el mundo es una muestra del salvajismo del capitalismo y de los grandes sufrimientos que impone a las mayorías populares.

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Ante esto la ilusa perspectiva de “humanizar” tal sistema, o intentar mediante la vía electoral evitar sus peores males, es también la excusa permanente para no intentar hacer algo para acabar con el mismo. A la vez empuja a los trabajadores a vivir y soportar catástrofes cada vez más grandes e injustas, para la clase en su conjunto y para la vida particular de cada uno de sus integrantes. El desempleo, la miseria, la enfermedad y la muerte, no son anécdotas pasajeras para el trabajador que lo tiene que “vivir” en carne propia, sino que son condenas que determinan el curso de su vida de forma irreversible e insoportable.

Ante esto la ilusión malmenorista de la constante reproducción (imposible) de las míseras migajas de prosperidad (solo restringida para algunos) de una etapa progresista, no puede esconder el sufrimiento de millones en el curso de la historia general.

El Frente Amplio en su historia ha demostrado a cabalidad este rol de contención de la rabia popular y de administración de la miseria para las grandes mayorías a que condena el sistema capitalista.

Continuar por ese camino significará para los trabajadores/as; a pesar de eventuales cortos periodos de modestos respiros, mayores sufrimientos y tragedias que solo podrán ser evitadas por la lucha revolucionaria de la clase obrera y las mayorías populares para acabar con el dominio capitalista.