Este miércoles se ha anunciado el toque de queda en regiones del Maule, Bio Bio y La Araucanía, siguiendo la línea que ya habían manifestado desde el mundo empresarial. Con estos dichos buscan lavarse las manos de años de despojo, usurpación y expoliación de tierras y recursos naturales.
Jueves 9 de febrero de 2023
“Lo que se quema en dos años se ha quemado en cinco días”, sentenció la Ministra del Interior. Días antes, representantes de diferentes sectores del gran empresariado, salieron en unidad con el gobierno a anunciar que el trabajo venía siendo conjunto y a exigir el toque de queda bajo la premisa de que los incendios son intencionales por lo que se necesitaba mayor control de tránsito.
Organizaciones medioambientales, en una línea diferente, han venido denunciando el impacto de los monocultivos de pino y eucaliptus como factor de la extensión del fuego y la generación de los megaincendios, como también lo hemos hecho desde La Izquierda Diario. Sin embargo el gobierno de Boric se ha limitado en poner el foco, a la hora de revisar las responsabilidades, en las personas que habrían dado origen a los incendios sin mencionar palabra alguna sobre el impacto del modelo forestal de carácter extractivista monopolizado por los Matte y los Angelini.
Este miércoles se ha anunciado el toque de queda en regiones del Maule, Bio Bio y La Araucanía, siguiendo la línea que ya habían manifestado desde el mundo empresarial. El presidente de Corma Chile, en conferencia de prensa, señaló que “si se siguen prendiendo más de 100 incendios diarios vamos a llegar a un límite incontenible, por lo mismo felicitamos al Presidente (Boric) de tomar la iniciativa de decretar Estado de Catástrofe y activar las Fuerzas Armadas, necesitamos ese despliegue territorial”. Con estos dichos buscan lavarse las manos de años de despojo, usurpación y expoliación de tierras y recursos naturales.
La Corporación Chilena de la Madera (Corma), es una asociación gremial que reúne, entre otras, a grandes empresas del sector forestal y maderero como Arauco y CMPC. Las felicitaciones a Boric por parte de Juan José Ugarte Gurruchaga, su presidente, son el gesto de agradecimiento al silencio que ha guardado el gobierno frente a la responsabilidad de las forestales.
Vallejo en la misma línea señaló que “necesitamos más solidaridad, y en eso, el mundo privado seguirá jugando un rol importante”, a la par que anunciaban el trabajo mancomunado con el mundo empresarial para disponer de maquinaria, hacer cortafuegos, pozos, entre otras labores de combate al megaincendio. Se lavan las manos. Lo cierto es que con sus ganancias podrían hacer mucho más.
Durante esta semana un brigadista contratado por Arauco denunciaba para La Izquierda Diario que “considerando que hay 3,1 millones de hectáreas de forestales resguardada por 3300 brigadistas, lo que se aproxima a un brigadista cada mil hectáreas, esto significa lidiar con jornadas de 10 días en base por 5 libres, no pago de horas extras, precarización laboral en cuanto somos despedidos al finalizar la "temporada de incendio" arbitrariamente, lo que evita la realización de labores preventivas así como ejercer el derecho a la sindicalización para pelear por derecho a la salud y mayor seguridad laboral, muchos de nosotros sufrimos de enorme cantidad de problemas físicos luego de nuestras labores.”
Esta denuncia va en la línea que realizaban dos académicos de la Universidad de Chile y de la Universidad de la Frontera en Ciper Chile a la gestión preventiva de la industria forestal, en la cual señalaban que “si bien es efectivo que los incendios forestales son en su mayoría provocados por las personas, también es cierto que existe una escasa o nula implementación de medidas efectivas y generación de capacidades para prevenir, enfrentar y gestionar tal amenaza en los territorios mismos.”
Junto con esta crítica respecto a la gestión de la prevención de incendios y megaincendios apuntaron al problema de fondo respecto a los “impactos de la industria forestal, y en especial al uso de la tala rasa como método de cosecha de las plantaciones forestales, en grandes extensiones con muy poca o nula regulación en varias regiones del país. (...) con nuevos enfoques de fomento productivo e innovación, la madera obtenida como materia prima de las plantaciones forestales podría destinarse a un uso más duradero que permita garantizar el almacenamiento de carbono en el tiempo.” Y agregan el cuestionamiento a “el excesivo criterio de rentabilidad que predomina en el manejo de las plantaciones, que genera como consecuencia las externalidades negativas sobre la población aledaña, y la contaminación de los suelos y aguas por el uso de agrotóxicos.”
Las forestales, por tanto, tendrían responsabilidad directa en al menos tres aspectos: la débil política en prevención de incendios, el método de cosecha de las plantaciones forestales y, como consecuencia de su desdén por las personas y el medioambiente, las enormes ganancias que amasan cada año, y que tan sólo el 2022 Fundación Sol estima que durante los primeros 9 meses del 2022 la CMPC, holding de las empresas forestales del grupo Matte, acumula ganancias diarias por $2.767.058.824 y Arauco, del grupo Angelini, durante el mismo periodo acumuló $3.112.178.824. Podrían hacer mucho más. Según Fundación Sol, “considerando las ganancias del 2022, solo con las ganancias del 1 de enero antes de las 9am CMPC y arauco podrían pagar el contrato del Ten Tanker” el cual tiene un costo de $1.800 millones. No hay nadie a quien aplaudir, no hay nada que celebrar, no hay ninguna solidaridad en lo que hasta hoy ha hecho la gran industria forestal.
Mientras los megaincendios aún no dan tregua y continúan abriéndose focos, con cada vez más zonas afectadas directamente,
e indirectamente la región metropolitana con índices de contaminación ambiental nunca antes vistos en esta fecha, las grandes empresas responsables nunca pierden.
El estrechón de manos entre el gobierno y el gran empresariado es la postal del Chile post rebelión en el que lastimosamente se continúan celebrando las cifras de sanidad de la economía, las enormes ganancias de la banca y de empresas como ENAP, mientras somos las y los trabajadores quienes, como siempre, ponemos nuestras vidas a disposición. Gonzalo Durán, en una columna para La Tercera denunció que alrededor de un 70% no vio reajustado su salario, lo que redunda en que la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras percibió el 2022 tan solo un 85% del sueldo del 2021. La política de déficit cero del gobierno fue a costa de ajuste y devaluación del salario de las y los trabajadores.
Sobre esta realidad la unidad con los grandes empresarios muestra su verdadera cara: resguardo de los intereses de los grandes magnates de la CMPC y Arauco mientras, nuevamente, es el pueblo trabajador el que sufre el flagelo de la catástrofe: los incendios dejan a miles sin hogar mientras las grandes forestales, aseguradoras y los bancos siguen ganando. Arauco ya lo dijo en La Tercera: “Las plantaciones afectadas por los incendios cuentan con seguros, con sus correspondientes deducibles y limitaciones.” Para los grandes magnates estos megaincendios no tienen ningún costo. El gobierno, como buen continuador del legado de la Ex Concertación, deja impune y sin discusión el modelo neoliberal y capitalista base de los megaincendios y a todos sus personeros responsables de la situación.
Pero mientras el gobierno calla y, con ello, otorga, por abajo académicos y economistas de izquierda denuncian el rol de los grandes magnates forestales y su rol devastador para el medioambiente y la vida humana de las grandes mayorías. El gran ausente, sin embargo, continúa siendo la denuncia al problema de fondo: un sistema económico capitalista rapaz e irracional que ya se ha mostrado totalmente inviable para resolver las necesidades de las personas y dar un giro a la cada vez mayor destrucción de la naturaleza.
Es urgente responder a las necesidades inmediatas de la catástrofe con un plan de emergencia financiado con el impuesto a las grandes fortunas, particularmente con el impuesto a los Matte y a los Angelini y pelear por acabar con la gran propiedad del suelo forestal, regalado por la dictadura a los actuales magnates forestales, colocando en marcha un nuevo sistema alternativo. Un sistema en donde sean profesionales, trabajadores, mapuche y comunidades quienes planifiquen la producción de madera, de acuerdo a los intereses populares y el cuidado del medioambiente. La única forma de lograrlo será con la fuerza organizada de las y los trabajadores en alianza con el pueblo pobre y mapuche.
