Desde Unidas Podemos, especialmente desde el sector dels Comuns en Catalunya, aseguran que van a introducir enmiendas para blindar el derecho a la protesta en la nueva reforma del código penal. Pero ¿qué pasa con el resto de mecanismos represivos? ¿Dónde queda la derogación de la ley mordaza?
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 7 de diciembre de 2022
A pocos días de que se discuta la reforma del código penal pactada entre el PSOE y ERC, que tiene como principal eje la reforma del delito de sedición, son muchas las voces en todo el Estado que se han levantado para señalar que dentro del código penal y de la estructura legislativa del Estado español aún quedan muchas medidas represivas que limitan o persiguen el derecho a la protesta.
La reforma del código penal que desde Moncloa quieren aprobar antes de que acabe el año, da una vuelta de tuerca más a este entramado represivo contra los que luchan. Entre varias cuestiones, lo más pérfido de la reforma es que el nuevo tipo de “desórdenes públicos agravados” puede terminar siendo una nueva y más ofensiva herramienta en manos de la Judicatura y la Fiscalía.
El elemento que determinará que una acusación pueda pasar del delito de desórdenes públicos - con una pena máxima de 3 años - a uno de “agravados” - con 5 - será que la “alteración de la paz pública” se haga en grupo. Es decir, las formas de protesta más elementales, con la nueva reforma podrían acarrear penas de cárcel.
Desde Unidas Podemos, especialmente el sector dels comuns, con Jaume Asens desde el Congreso y Jéssica Albiach desde el Parlament, han declarado ante los medios que desde su formación van a realizar enmiendas para blindar el derecho a la protesta. Así lo ha asegurado la propia parlamentaria valenciana tras reunirse con diferentes entidades y colectivos, como el Sindicat de Llogeteres.
Pero lo cierto es que aunque ahora Unidas Podemos mire con lupa la reforma del código penal, se olvida del resto de leyes que permiten condenas represivas y legitiman la persecución de la protesta por parte de la Judicatura y de los Cuerpos Policiales. Leyes que el gobierno actual, del que forman parte, no tiene reparo en usar y ampliar, a la vista de los hechos.
Medidas, además, como la Ley Mordaza, que este mismo gobierno, del que UP forma parte, aseguró que iba a derogar. Pues bien, nada más lejos de la realidad. No solo no hay derogación, sino que el gobierno "más progresista" de la historia" avanza en articular un cuerpo legal aún más autoritario y represivo.
Hace escasas semanas, Amnistía Internacional presentaba un informe bajo el título "Derecho a la protesta en España: Siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España". Un buen resumen del contenido y de la realidad que se encuentran cada día cualquier persona que denuncie a este Régimen.
Para la ONG, la Ley Mordaza (o Ley de Seguridad Ciudadana), es sin duda el centro de este entramado represivo. No sin razón en su informe la cita como el "epicentro de las mordazas". Esta ley, reformada en 2015 bajo el gobierno de Mariano Rajoy, supuso un aumento sin precedentes de las detenciones y denuncias contra las y los luchadores.
Pero que esta reforma central del cuerpo legislativo represivo del Estado español se realizara bajo el gobierno del Partido Popular, no quiere decir que el actual gobierno, también de Unidas Podemos, no haya sacado provecho.
Como denuncia la la propia ONG, el artículo relativo a la falta de respeto a la autoridad ha crecido exponencialmente en los últimos años, señalando que "en 2021 se aplicaron 26.254 cuando la media, entre 2016 y 2021, fue de 20,713, es decir, se han producido, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, un 27% más que la media". Al parecer esto no requiere "enmiendas" desde el punto de Unidas Podemos.
Pero no fue lo único destacable de las reformas producidas en 2015. La reforma del código penal también incluyó reformas en los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, por citar dos ejemplos. En estos supuestos se introdujeron penas más graves para los desórdenes públicos cuando se producen en el contexto de las manifestaciones.
Se señalan también la arbitrariedad policial a la hora de sancionar a manifestantes y periodistas, la presunción de veracidad de los antes policiales, las contradenuncias frente a manifestantes o periodistas que denuncian actuaciones abusivas, libertad de información restringida o uso excesivo de la fuerza mediante la utilización de pelotas de goma o balas de “foam”, que ha causado mutilaciones y muertes.
Como vemos, no se trata de subirse a la ola mediática de rechazo al endurecimiento contra la protesta que supone la nueva reforma del código penal pactada entre socialistas y republicanos, sino que las estructuras del Estado cuentan con un fuerte andamiaje represivo para que por el transiten libremente jueces y policías. Y eso, por el papel central que la represión juega en el sustento del Estado, es algo que Unidas Podeos, como agente integrado en el Régimen del 78, jamás va a denunciar.
Afrontar la cuestión represiva no pasa por "tal o cual enmienda", sino por un rechazo absoluto y de conjunto a todas las leyes liberticidas. La única solución que podrían empezar a poner fin a la escalada expresiva contra la protesta social y la disidencia política iniciada por el gobierno de Rajoy es la amnistía para los miles de encausados y encarcelados, junto a la derogación de la Ley Mordaza y el resto de legislación contra los derechos y libertades democráticas. Pero como señalamos, nada de esto está en la agenda ni de PSOE, ni de Unidas Podemos, ni de ERC.
