MANO DURA. Villa Constitución militarizada por Gendarmería Nacional

La política manodurista de “paz y orden” desplegada por el gobernador Omar Perotti se propaga por las distintas localidades de la provincia. En Villa Constitución, una decena de gendarmes llevó adelante un “operativo de saturación” en los barrios Los Palmares y Las Chapitas, con el aval del Intendente Jorge Berti del Frente de Todos.

El despliegue de las tropas se ejecutó con un importante número de gendarmes que conducían 11 móviles especiales más un carro blindado de asalto de última generación denominado “Spartan” (ver las imágenes). La Gendarmería de nuestra ciudad participó en conjunto con efectivos del Departamento Móvil 2 de Rosario. Estas fuerzas fueron monitoreadas por el director local de Prevención y Seguridad Ciudadana, el Dr. Javier Garceche, quien anunció en medios locales que se llevarán adelante nuevos operativos en toda la ciudad a "modo preventivo" planteando que “trabajan para adelantarse a los hechos". Queda claro que la intención es el enaltecimiento, con nuevas tecnologías y “trabajo” en conjunto con otras fuerzas, de una política que por donde se la mire se propone aumentar la represión.

Paz y orden en Villa

Estos operativos de saturación son moneda corriente en la ciudad desde hace varios años, pero con la escalada represiva que proponen Perotti y Saín, la situación se agrava aún más. Los Palmares, Las Chapitas y otros barrios populares, además de estar estigmatizados en las tapas de diarios locales y en comunicados de prensas oficiales, también están en boca de toda la ciudad. El discurso de la inseguridad invisibiliza la pobreza, la crisis y el golpe de los tarifazos que se vive en los barrios.

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Veamos cómo se fue desarrollando esta política desplegada por los distintos gobiernos: en 2016, el anterior gobernador Miguel Lifschitz del Partido Socialista inició un desembarco de gendarmes en toda la provincia efectuándose en la localidad durante la primera gestión de Jorge Berti. Así fue como en sintonía con la decisión provincial, el ejecutivo inauguró en la ciudad un destacamento de Gendarmería Nacional, la misma que fue responsable y repudiada en las calles por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Desde aquel entonces los abusos de poder hacia la población se incrementaron, principalmente con la militarización en los sectores más vulnerables y el permanente hostigamiento a la juventud, enmarcadas en lo que se conoció popularmente como la Doctrina Chocobar, avalada por el macrismo y su Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El contexto represivo se agudiza con Omar Perotti, que comenzó con una campaña electoral acentuando la política de “paz y orden”. Al asumir su mandato una de las primeras medidas tomadas por el nuevo Jefe de la policía de fue habilitar a todo el personal de la Policía de Santa Fe a poseer cartucho en la recámara, medida que se encontraba prohibida, gracias a la lucha de organismos de DD.HH., por alentar y multiplicar los casos de gatillo fácil.

Además, una semana después, el gobernador fue recibido por el presidente Alberto Fernández. En la Casa Rosada reunidos junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y su par provincial, Marcelo Saín, avanzaron en un convenio entre la Nación y la Provincia que incluirá el envío de más efectivos de fuerzas federales y la coordinación en conjunto. Sí, más efectivos, por ende, más mano dura.

Cambiaron los gobiernos nacionales y provinciales de color político y siguen siendo los barrios pobres los que sufren las consecuencias de los grandes negociados en la provincia como el narco, que creció amparado por los poderosos. A esos barrios se los militariza buscando culpables de la violencia y la inseguridad.

Criminalización de la juventud

Hay una escalada de hostigamiento a la juventud en la ciudad en la que David “Poro” Vivas fue víctima del gatillo fácil por parte de la Policía de Santa Fe. Las nuevas generaciones están en la mira de los funcionarios desde hace años. Uno de los principales responsables de instalar esta agenda es el senador Germán Giacomino (FPCyS), quién en reiteradas oportunidades solicitó en la Cámara Alta de la Provincia bajar la edad de imputabilidad a los 14 años empalmando con un discurso de la “inseguridad” que sostienen los medios de comunicación y algunos funcionarios.

Se pone el foco en los adolescentes pobres que son estigmatizados como delincuentes, pero nada se dice sobre cómo los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional hundieron en la pobreza a más de la mitad de los chicos y chicas hasta 17 años de nuestro país o las estafas millonarias que protagonizaron los grandes ganadores del macrismo como Vicentín. En Villa Constitución, los datos revelados por el Indec en 2019, alertan de que junto a la ciudad vecina de San Nicolás, estamos entre las ciudades que mayores tasas de desocupación que se registraron: el 11,3% no tiene trabajo. Esto golpea duramente a las familias trabajadoras y principalmente a la juventud, sector más vulnerable de la sociedad que sufre la crisis vía ajuste y represión. En pocas palabras, la salida que se presenta para nuestros jóvenes es caer en la miseria y la respuesta de los gobiernos es mano dura.

Detrás de esta política represiva continúan los problemas estructurales de varios barrios: falta de servicios esenciales como agua potable y luz, entre otras cosas. Además, el acceso al sistema de salud es cada vez más dificultoso, alcanza con conocer la situación actual del hospital SAMCo.

Los barrios más vulnerables de la ciudad y la juventud son objeto de ataques permanentes, empezando por asegurar la sustentabilidad de la deuda pública en lugar de otorgarles derecho a viviendas dignas, trabajo, estudio, salud o jubilaciones que cubran el costo de la canasta familiar. La salida no está en fortalecer al aparato represivo del Estado como proponen Perotti y el Ministro Saín, avalado por otras fuerzas políticas del régimen.

En las últimas semanas hemos impulsado una importante declaración de organizaciones políticas, sindicales, sociales, de derechos humanos, con la propia AMSAFE Rosario, APDH Rosario, Celeste Lepratti, Aceiteros, ATE y CTA Rosario, COAD, PTS-Frente de Izquierda Unidad, familiares de Jonatan Herrera y Ramón Casco, padre de Franco, denunciando lo que consideramos una política de mano dura: la orden de llevar armas con una bala en la recámara y el desembarco de tropas federales.

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Como vemos, Villa Constitución no es la excepción, por eso también adherimos y llamamos al compañero Del Frade y a Ciudad Futura a “no avalar esta agenda hipócrita y de mano dura del gobierno de Perotti y a seguir peleando por los derechos postergados del pueblo trabajador. La defensa de nuestros derechos no pasa por el cabildeo con las fuerzas del régimen: las trabajadoras y los trabajadores tenemos que movilizarnos de manera independiente en defensa de nuestras condiciones de vida y contra la impunidad policial amparada por todos los partidos tradicionales”.