El gobierno no puede eludir su responsabilidad en la falta de refugios para mujeres víctimas de violencia, algo crucial para poder salvar vidas.
Lunes 9 de enero de 2017 14:52
Una conversación con una trabajadora que fue víctima de violencia de género permite escuchar en primera persona lo que se viene denunciando: no alcanzan las estructuras existentes para contener a las víctimas, no alcanza el presupuesto destinado, y los tiempos de la justicia para intervenir en los casos tienen consecuencias dramáticas. Las historias se amontonan en un refugio para víctimas de violencia de género y detrás de esas pilas de expedientes y números están ellas, que a veces se sienten reducidas a números estadísticos: “No terminaban nunca” cuenta M., una de ellas “no terminaban el caso de una que ya empezaban con otra a la semana siguiente, y te sentías re colgada” nos cuenta. Una vez hecha la denuncia, no es inmediato el traslado a un refugio (en el momento que quien hace el relato lo necesitó solo había dos en provincia de Buenos Aires: uno en Paso del Rey -que ya no funciona más- y el otro en Ensenada, donde acudió). Luego de que la hicieran volver a su casa, los familiares de su atacante la increparon en su domicilio, como si ella fuera la culpable de recibir los golpes de su ex pareja.
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Este tipo de situaciones provoca que muchas mujeres prefieran salir del refugio por cuenta propia antes que estar sin rumbo y hacinadas a su suerte, a la espera de que alguien escuche sus reclamos, debido a la superpoblación por la escasez de refugios, exponiéndose nuevamente a los ataques de sus opresores. Para graficar la naturalización de la violencia, M. cuenta que en su trabajo sus compañeros a las chicas que fueron víctimas de violencia de género las llaman “las golpis”, como si fuera un chiste la situación en la que se encuentran.
Si bien existen la restricción perimetral, el botón antipánico y otras medidas de supuesta protección, no son debidamente aplicadas; en el caso de M. de la Comisaría de la Mujer la derivaron al juzgado; allí se supone que le facilitarían el botón antipánico, pero nunca se lo entregaron.
El Estado no solo vulnera derechos de las mujeres e incumple otros como el derecho a una vida digna, sino que tampoco garantiza cuestiones elementales, mostrando que está al servicio de intereses de una clase. En parte depende de “inversiones” (donaciones ) del sector privado para construir este tipo de edificios que se utilizan como refugios para quienes sufren la violencia machista. El Estado es parte de esta problemática de miles de mujeres y de esta situación de abandono; la responsabilidad de numerosos actores institucionales, entre los que se encuentra la justicia, no lleva más que a revictimizar a las mujeres.
