PRIVATIZACIONES. ¿Y qué opinan el PSC y Catalunya en Comú-Podem de la Ley Aragonès?

La Ley Aragonès, el proyecto que lleva la autoría del vice president de la Generalitat de Catalunya y dirigente de ERC, Pere Aragonès, y que tiene como objetivo impulsar un marco más concreto para la externalización de los servicios públicos, está dando los últimos pasos para ser tramitada y aprobada por el Parlament de Catalunya.

Presumiblemente la nueva Ley que profundizará (aun más) en la privatización de servicios como la educación, la sanidad o los trabajos de cuidados hacia los sectores más necesitados, pueda ser aprobada en el pleno del Parlament del próximo 5 o 6 de febrero con los votos a favor de todo el arco parlamentario (por mucha ambigüedad y poca vergüenza que mantengan algunos), a excepción de la CUP y Catalunya En Comú-Podem.

Ante ello, este miércoles la Plataforma Aturem la Llei Aragonès conseguía tras una larga lucha social, reunirse con los representantes de los partidos en el marco de su oposición a la tramitación de la Ley.

La Plataforma Aturem la Llei Aragonès está integrada por más de un centenar de colectivos sociales, junto a diferentes organizaciones políticas y sindicales, y lleva meses movilizándose con el objetivo de parar la tramitación de la ley y que se apruebe en el Parlament.

No obstante, si algo ha quedado claro en dicha reunión es que la mercantilización de los servicios públicos está a la orden del día para los partidos y que la regularización de ello, de una forma u otra, tiene que ser el leitmotiv de las próximas décadas.

Un filón, el de las externalizaciones, además, del que los grandes lobbies empresariales y las principales firmas del Ibex 35 se benefician de forma exponencial a costa de la pauperización de los servicios, el empeoramiento de la calidad para con los usuarios y la profundización de la ultra-precariedad laboral para miles de trabajadoras y trabajadores.

Desde ERC, como no podía ser de otra forma remarcaban, en lo que es un ejercicio de cinismo propio de los grandes partidos de la burguesía, que la Ley Aragonès está planteada para "defender los servicios públicos". En el mismo sentido, o quizá aun de forma más descaradamente liberal, JxCat se posicionaba a favor y afirmaba que "con esta Ley el Govern de la Generalitat da un paso hacia la gestión público-privada en Catalunya".

Pero, ¿que se puede esperar de JxCat, es decir lo que queda de la antigua CiU? Por poner solo un ejemplo, en 2015 la CUP denunciaba que las escuelas del Opus Dei, que segregan por cuestión de género, recibieron 100 millones de euros entre 2010 y 2014 por parte de un Govern que estaba liderado por Artur Mas.

Y, ¿qué opinan el PSC y Catalunya En Comú-Podem de la Ley Aragonès?

Más sorprendente es que desde el PSC confirmen a estas alturas que aun no tienen decidido cual será el sentido de su voto.

Sorprende sobretodo, porque, tal y como denuncia la propia Plataforma Aturem la Llei Aragonès, en el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos para la formación del nuevo Gobierno social-liberal "progre" que ya preside Pedro Sánchez, se reafirmaba en la internalización de los servicios públicos.

O quizá no sorprenda tanto, pues el acuerdo programático entre PSOE y UP defiende también la derogación de la reforma laboral como una de sus medidas estrella. Sin embargo, con un análisis más profundo de la letra pequeña, se puede desgranar como, en la práctica, de derogar más bien poco. A lo sumo se plantea la reforma de tan solo tres cuestiones que no son determinantes, tal y como analiza Vidal Aragonès, diputado de la CUP en el Parlament de Catalunya, en este artículo para Izquierda Diario.

Y es que los socialistas llevan décadas siendo el principal garante, junto al PP, de los negocios del Ibex 35 y las políticas neoliberales configuradas en las décadas de los 80 y 90 en el conjunto de todo el Estado español a base de profundizar en una ultra-precariedad laboral cada vez más aguda y asfixiante.

Por su parte, con la entrada en el Gobierno "progre" de Sánchez de Unidas Podemos, los comunes culminan con éxito su integración en el Régimen del 78. La formación política que lidera Pablo Iglesias pasa así de "tomar el cielo por asalto" para "renovar la política" a cogobernar con uno de los partidos que mantiene la crisis orgánica en el conjunto del Estado español como es el PSOE.

Pero, volviendo al brutal ataque que puede suponer la aprobación de la Ley Aragonès contra el conjunto de los servicios públicos y las condiciones laborales para miles de trabajadoras y trabajadoras en Catalunya, ¿qué dice Catalunya En Comú-Podem?

Si bien los comunes de Catalunya han pasado de dar primero apoyo a posicionarse de momento en contra de su aprobación, no es menos cierto que su voto sigue creando dudas, como no puede ser de otra forma.

Y es que los comunes tienen razones de peso -o más bien electorales- para no situarse a favor de una ley anti-social y que mermará los servicios públicos a base de más privatizaciones y más precariedad. No en vano, los comunes vienen manteniendo y profundizando la misma política privatizadora en los ayuntamientos donde han gobernado o gobiernan, con Barcelona en Comú y Ada Colau a la cabeza.

Tan solo un ejemplo de ello, entre muchos otros, es la renovación por parte del Ayuntamiento de Barcelona en Comú, durante su primer mandato, de la concesión de uno de los servicios más esenciales como es la asistencia a domicilio a manos de Accent Social, cuyo propietario es, ni más ni menos que Florentino Pérez, presidente también de ACS y una de las empresas punteras del IBEX 35.

Sin duda, en los gobiernos municipales, las instituciones con mayor gestión pública, es donde más se ha visto hasta el momento la política de genuflexión de los “ayuntamientos del cambio” ante los intereses de los grandes capitalistas como parte de esa integración al Régimen.

En este sentido, otro elemento que deja entrever la verdadera posición de Catalunya En Comú-Podem es su negativa a vincular su oposición a la Ley Aragonès con la aprobación de los presupuestos del Govern de la Generalitat para 2020, cuya negociación llegó, hace unas semanas, a un preacuerdo entre el Ejecutivo catalán y los comunes y que no contemplan un gasto social acorde con las necesidades para el conjunto de los sectores populares y la clase trabajadora.

Carles Riera, portavoz de la CUP en el Parlament, denunciaba hace unas semanas que en Catalunya "hay una sanidad y unos servicios sociales colapsados, una educación segregada y el 20% de catalanas en el umbral de la pobreza. Y un preacuerdo por los presupuestos que no van vinculados a un aumento del gasto social". Una realidad que, sin duda, de aprobarse la Ley Aragonès no hará otra cosa que profundizarse a niveles mucho mayores.

Ante todo ello, y la inminencia de la aprobación de la Ley Aragonès que no solo mantendrá la precariedad laboral, sino que la agravará y la expandirá hacia múltiples sectores, hasta ahora impensables, la Plataforma Aturem la Llei Aragonès seguirá luchando y defiende unos “servicios públicos de calidad, de titularidad, gestión y provisión 100% pública, con la participación activa de usuarios/as y trabajadores/as, como garantía de los derechos universales y como principal motor de la economía”.

Además, masivizar la movilización en las calles y en los centros de trabajo entre todos los sectores públicos para imponer medidas como la internalización de los servicios que hoy ya están en manos de grandes empresas privadas, sin ningún despido, bajo gestión de los propios trabajadores y sin esperar ninguna "medida de gracia" por parte de PSC o los comunes, es el primer paso para empezar a poner los cimientos para garantizar en su conjunto la gestión pública y atacar consecuentemente el grave problema de la precariedad laboral y el desempleo.