El elenco gobernante de Cambiemos ya puede pasar a la historia como el Gobierno con más funcionarios off-shore de los últimos 50 años. La lista de personajes de ese partido político con participación en jurisdicciones conocidas como “guaridas fiscales” es cada vez más larga y promete agrandarse. Entre los nombres más resonantes se encuentra desde el mismísimo presidente Mauricio Macri, hasta el recientemente designado titular de la AFIP, Leandro Cuccioli.
La aparición del ministro de Finanzas Luis Caputo, en una de las últimas filtraciones conocida como “Paradise Papers” en un entramado offshore no declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA), puede convertirse en un gran problema. El cual como bola de nieve no solo sea difícil de contener, sino que puede crecer hasta dimensiones impensadas y tornarse inmanejable. La evaluación costo-beneficio será la que definirá el destino del funcionario, por el momento desde el Gobierno guardan esperanzas de que no corra la misma suerte que Valentin Díaz Gilligan, quien tuvo que renunciar producto del escándalo que genero la revelación de que no había declarado una cuenta en Andorra de U$S 1.200.000.
En su presentación de ayer, Luis Caputo intento justificar la relación con un entramado offshore que lo liga a la gerenciadora Noctua en la que aparece como “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista indirecto” así como titular de acciones de otra sociedad en las Islas Caimán. En un encuentro que duro más de cuatro horas y se vio interrumpido por el escándalo “del papelito”, el amigo íntimo del presidente Mauricio Macri trato de justificar la utilización de empresas radicadas en jurisdicciones conocidas como guaridas fiscales.
A raíz de las distintas filtraciones conocidas como Panamá Papers o Bahama Leaks términos como “paraísos fiscales”, “guaridas fiscales” o“ sociedad off-shore” se hicieron ampliamente conocidos. Aquí trataremos de explicar brevemente que es un paraíso fiscal y una sociedad off shore así como cuáles son algunas de sus consecuencias.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Se define como paraíso fiscal a aquellos países que eximen del pago de impuestos a los capitales que ingresan de la mano de personas (ya sean físicas o jurídicas) extranjeras. El capital puede ingresar en forma de cuentas bancarias o de empresas al país en cuestión. Una de las condiciones para lograr la exención impositiva total (o una importante reducción) es que el capital que se dirija al paraíso fiscal, no sea utilizado para realizar ningún tipo de operación productiva ni comercial dentro del mismo.
La exención fiscal no es la única característica. Los países considerados paraísos fiscales cuentan con leyes que favorecen el ocultamiento de los datos personales de aquellos que poseen cuentas. Amparándose en el cuestionado secreto bancario, no se publican ni los datos personales ni los accionistas en los registros públicos. Solo en el caso de que exista evidencia de “delitos graves” las autoridades estatales están en la obligación de entregar la información.
Sin embargo aquí entra una diferencia importante, ya que cada país se atendrá a su ley para considerar que es un “delito grave” y que no. Por lo tanto, de realizarse una investigación por fraude fiscal (que en Panamá, por ejemplo, no es considerado delito), el Estado no entregará información.
Debido a estos “hiatos” legales, se han desarrollado acuerdos de intercambio de información bancaria o fiscal. Los países conocidos por funcionar como receptores de capitales para el lavado o evasión de dinero suelen no entrar en ese tipo de acuerdos. Escándalos internacionales como el del HSBC, dejan al descubierto que el funcionamiento de estas importantes redes de fraude y lavado existen con la necesaria complicidad de los gobiernos que, en muchos casos, cuentan con funcionarios implicados.
El desarrollo de verdaderas plataformas nacionales para la evasión viene de la mano de un importante desarrollo de toda la “ingeniera fiscal” necesaria para hacer que todo parezca “legal”. Es por esto que los países que son paraísos fiscales cuentan con el asesoramiento contable y legal necesario para garantizar un “buen servicio”.
Actualmente algunos lugares que son considerados como paraísos fiscales son Andorra, Anguila, Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Cook, Chipre, Gibraltar, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Liechtenstein, Macao, Malasia, Mónaco, Montserrat, Antillas Holandesas, República de Paulau, Panama, Samoa, Seychelles y Vanuatu.
¿Qué es una Sociedad Offshore?
Las sociedades offshore son empresas que se caracterizan por estar registradas en países en el que no realizan ninguna actividad. Por este motivo suelen estar radicadas en países considerados paraísos fiscales, para beneficiarse de las ventajas que ofrecen.
Según la organización Inspiraction, las firmas offshore no preguntan la nacionalidad de los accionistas ni de los directores, no pagan IVA y no tienen ningún registro público de datos personales ni nombres de accionistas o propietarios, ya que son sociedades no nominativas. La constitución de sociedades off-shore requieren de una compleja ingeniería contable y legal que es realizada por empresas especializadas que designan personas a cargo si es necesario para proteger a sus “clientes”.
Sociedades offshore: una herramienta hecha para evadir y lavar dinero
Las distintas mega filtraciones internacionales pusieron sobre la mesa la facilidad con la que los mega ricos ocultan sus fortunas de los ojos del fisco. Mediante la creación de empresas fantasmas evitan pagar cualquier tipo de tributo por sus fortunas no declaradas, mientras que miles de trabajadores día a día destinan buena parte de sus ingresos en el pago de impuestos como el IVA, o el mal llamado impuesto a las ganancias. El delito de guante blanco, permite que sean los millonarios quienes no paguen un solo peso, así como que logren blanquear o reconvertir dinero proveniente de operaciones ilícitas tales como la trata o el narcotráfico.
El fraude descubierto por los Paradise Papers así como por los otras filtraciones pone de relieve como el sistema financiero cuenta con mecanismos legales e ilegales para operar, en los que los empresarios y la casta política fugan millones, esconden ganancias y lavan dinero. El Gobierno, que hizo campaña electoral tomando demagógicamente el reclamo contra la corrupción, vuelve a quedar en evidencia ya que son sus mismos funcionarios los que evaden impuestos y leyes tributarias para acaudalar grandes fortunas en el exterior. Mientras, en el país aplican un fuerte ajuste a los trabajadores.
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