Foto: Antonio Litov

Tras los últimos encarcelamientos ordenados por el juez Llarena y la detención de Carles Puigdemont las calles de ciudades y pueblos en Catalunya volvieron a llenarse. Concentraciones, manifestaciones improvisadas y cortes de carretera que no se detuvieron ni en las vacaciones de Semana Santa. Arrancaba así la que ya se ha denominado como “Primavera Catalana”.

Aunque las movilizaciones no han alcanzado la masividad y extensión que el movimiento de otoño, suponen el fin del letargo impuesto por el 155 y la desmovilización impulsada por la dirección procesista. Aunque lo más auspicioso quizá sea que marcan un cierto grado de radicalidad en los métodos que se expresaba en el “fín de la revolución de las sonrisas” y los cánticos de “vaga general” de muchos participantes.

El movimiento democrático catalán ha sido el principal desafío al que ha tenido que enfrentar el Régimen del 78. A su vez parece haber sido el psitoletazo de salida de un nuevo ciclo de luchas que ha tenido su continuidad en 2018 con el [8M, las manifestaciones de pensionistas, por la libertad de expresión y una miriada de conflictos laborales-https://www.izquierdadiario.es/Mujeres-pensionistas-precarios-y-juventud-las-palancas-que-estan-quebrando-la-restauracion?id_rubrique=2653]. Que todo esto llegase a confluir es un riesgo que ha encendido la luz de alarma en numerosos y muy variados lugares.

En primer lugar el mismo régimen, y en especial el búnker que representa el bloque monárquico. De aquí que al mantenimiento de la escalada represiva contra el Govern -ahora extendido hasta a la cúpula de los Mossos d’esquadra- la Judicatura, el gobierno, los partidos del 155 y su prensa quieran sumar ]la criminalización y persecución de los CDR y cientos de activistas->http://www.izquierdadiario.es/Basta-de-criminalizacion-a-los-CDR-Libertad-a-los-presos-politicos-La-unica-violencia-es-la-del?id_rubrique=2653] que ya están procesados por las protestas de otoño. La política del miedo pretende poner freno al movimiento con unos métodos en los que el Estado español es decano, con décadas de aplicación contra la izquierda independentista vasca.

El segundo frente para tratar de bloquear esta primavera viene desde las propias filas del independentismo. La dirección procesista se encuentra descabezada y en proceso de recomposición por la embestida represiva. El Régimen del 78 se muestra impasible, aún cuando venían desde octubre aceptando cada vez más abiertamente la vuelta al autonomismo como defendió Turull en su investidura.

Pero los nuevos espadas de ERC y el PDeCAT, encabezados por el President del Parlament Torrent, no se preparan para retomar la lucha democrática, sino más bien para profundizar el camino de normalización autonómica que ya iniciaron los que hoy están en Estremera, Alcalá Meco o el exilio. Las negociaciones para buscar una salida de concentración, el frente democrático del que habló Torrent en su mensaje institucional, se están intensificando. Los intentos de formar un gobierno que incluya, o cuente con el apoyo, de los comunes y hasta el ala izquierda del 155, el PSC, buscan terminar definitivamente con el movimiento democrático y congelar indefinidamente sus reivindicaciones.

Esta política no resta para que, hasta que pueda efectivizarse, se realice alguna otra escenificación simbólica, como los nuevos intentos de investir a Jordi Sánchez. Pero en todo caso, el límite de lo que ordene el Constitucional será siempre respetados.

Los partidos de la burguesía y pequeñoburguesía catalana actúan acorde a lo que han venido haciendo durante todo el procés. Su negativa a impulsar la movilización social necesaria para tumbar al Régimen del 78 y hacer posible el derecho a decidir quedó evidenciada en su claudicación tras el 27O. Hoy simplemente profundizan esta línea en un marco de mayor debilidad. Su única “hoja de ruta” pasa por demostrar que quieren volver a ser “buenos chicos” para que el gobierno central, o el siguiente, de la orden de aflojar con la represión, reparta algun indulto y devuelva una autonomía lo menos mutilada posible.

A esta política se ha sumado con entusiasmo la burocracia de los grandes sindicatos, UGT y CCOO, fieles a su rol de “bomberos” del régimen. La convocatoria de la manifestación del día 15 de abril quiere servir de refrendo de masas a esta política y a un posible futuro gobierno de coalición. De paso, poniéndose a la cabeza de esta iniciativa, la burocracia se adelanta y rebaja la presión de la calle en favor de una huelga general en Catalunya contra el 155 y la represión.

También en la “izquierda” del régimen este retorno de la movilización ha generado una notable incomodidad. Más aún por el hecho de que el descabezamiento de la dirección procesista genera un relativo “descontrol” que abre la posibilidad de que pudiera avanzarse en la radicalización política.

Los comunes salieron a ofrecerse, una vez más, como la pieza necesaria para consolidar un retorno autonomista que sirviera de desvío institucional a las aspiraciones democráticas de millones de catalanes. Elisenda Alamany fue la primera en abrirse a negociar con la dirección procesista si este era el objetivo. Domènech viene insistiendo en la idea de un gobierno de concentración encabezado por independientes –una suerte de gobierno Armada a la catalana- y hasta se ha sumado a los coros de criminalización de los CDR señalándoles como “expresiones de conflicto violento”.

Por su parte Iglesias y Garzón salen a criticar la represión el día que las detenciones son portada para volver a una agenda, al día siguiente, que sigue dejando pasar todos estos ataques a las libertades democráticas que están sentando nefastos precedentes contra las futuras movilizaciones de trabajadores, estudiantes y movimientos sociales en el resto del Estado. ¿A qué esperan para convocar aunque sea una manifestación en contra del 155 y la represión contra Catalunya?

En este panorama la Primavera Catalana tiene por delante poderosos obstáculos a vencer para lograr imprimir un cambio en la situación política. La CUP se presenta como la principal organización política que le viene dando un respaldo sin “peros” a las movilizaciones. Sin embargo, para lograr que no acaben con la primavera ni los jueces y fiscales, ni los que quieren plastificarla en la vuelta a la “normalidad institucional”, es necesario un cambio de rumbo político mucho más profundo que este respaldo.

El retorno de la movilización, incluso con métodos más combativos, tiene que darse al calor de las principales lecciones que dejó planteado el otoño. Y en esto la CUP sigue sin hacer un balance autocrítico en profundidad de cómo la política de “mano extendida” contribuyó al desenlace posterior al 27-O: claudicación de la dirección y psaivización del movimiento.

La política de la CUP hasta el momento, compartida también por una parte importante del activismo de los CDR, sigue siendo la de presionar a las direcciones procesistas para que se avengan a recomponer el bloque soberanista del otoño. La fórmula más sintética es la de insistir con la investidura de Carles Puigdemont para mantener la desobediencia institucional. Una cosa es defender su derecho democrático a ser investido y otra plantear que el candidato que no quiso defender la república y que es heredero de la derecha neoliberal catalana es el nuestro.

En vez de seguir alimentando la ilusión de que ERC y el PDeCAT son los compañeros de viaje necesarios para lograr ejercer el derecho de autodeterminación, y que se puede lograr desde la desobediencia y las performances institucionales, los sectores que hoy están a la cabeza de las movilizaciones deberían plantear abiertamente una “hoja de ruta” independiente, de clase y con eje en una gran movilización social con la clase trabajadora al frente.

Una “hoja de ruta” que apueste claramente por incorporar a la clase trabajadora a esta lucha. Para ello se debe unir la lucha contra la represión y por la república a un programa que se proponga resolver las grandes problemáticas sociales de paro, precariedad, vivienda o servicios públicos atacando los intereses de los grandes capitalistas, incluidos los que representan históricamente el PDeCAT y ERC. Esto debe partir de una exigencia clara a las organizaciones sindicales para que constituyan un frente único obrero para luchar por este programa. La izquierda sindical debe ponerse a trabajar en este sentido hasta imponérselo a las grandes centrales, por medio de asambleas, paros, huelgas sectoriales y acciones en los centros de trabajo.

En definitiva una “hoja de ruta” que ponga en el centro la lucha de clases y no las maniobras institucionales que se desploman como un castillo de naipes a voluntad del Senado o la Judicatura. Esto hoy pasa en lo inmediato porque todas las movilizaciones levanten la exigencia a las centrales sindicales de una huelga general y la unidad con los sectores en lucha del resto del Estado, para lograr derrotar la escalada represiva y luchar en común contra el Régimen del 78. Solo desde por esta vía podremos conseguir la libertad de los presos políticos, el fin del 155 y abrir el camino a conquistar repúblicas que sean de los trabajadores y socialistas libremente federadas en toda la península ibérica.