Andrés Arnone
| Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA)
Los desmontes en las provincias de San Luis y Córdoba vienen generando el surgimiento de nuevos ríos, aumentando la erosión y la degradación del suelo fértil.
Con la inundación de 1985 en la provincia de San Luis el Río Nuevo empezó a delinearse, y a más de tres décadas sigue consolidándose. Se trata de un fenómeno que en otras condiciones tardaría miles de años. La cuenca actual estaba cubierta hasta hace un siglo por bosques de caldén y pastizales, que en 1960 ya se habían talado en un 50 % y que actualmente, a causa del desmonte para agricultura, solo queda un 10 %.
Los efectos de esto fueron la suba de las napas de agua salinizadas y el surgimiento del Río Nuevo y su red de afluentes, que terminan desembocando en el Río V y regando a su vez la llanura pampeana.
Esteban Jobbágy, investigador del Conicet e ingeniero agrónomo, explica en el documental Río Nuevo sobre el proceso que están sufriendo las tierras de esa provincia.
“Descubrimos que había jugado un papel mucho más importante la deforestación o el reemplazo de pastizales por cultivos agrícolas. Y eso generó mucho revuelo, porque si la causa es esa, la solución también pasaría por cambiar las prácticas agrícolas o productivas. Y cuando uno cuestiona una forma de producir tan predominante surgen un montón de cuestionamientos de quienes se sienten de alguna manera amenazados. La cuenca nunca había contado con ríos como la red de 50 kilómetros de recorridos que se observan hoy, con 50 metros de ancho y 25 de profundidad. Este mismo proceso (sapping) es el que formó una parte del Cañón del Colorado. Es un proceso generado por agua subterránea que provoca colapsos, un proceso erosivo donde el agua cava de abajo hacia arriba. Además esto trae aparejado la suba de las napas de agua, la cuales tienen un alto grado de sales, de carácter irreversible, degradando las tierras productivas”.
Por otra parte, en la localidad cercana de Chaján, en la vecina Córdoba, surgió un arroyo hace apenas poco más de dos años, bautizado La Paraguaya. El mismo ya tiene una longitud de 20 km, un ancho de 15 metros y un barrancón de 6 metros de profundidad. Ambos preocupan a las autoridades por la impredecibilidad de su comportamiento y la interrupción del tránsito en rutas que aislarían la zona. Uno de los eventos más recordados sucedió en 2005, cuando los nuevos cauces desbordaron hasta la ruta nacional 8 y la autopista de las Serranías Puntanas, cortando el tránsito vehicular durante varios días.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Argentina la tasa media de erosión por agua (lluvias) es de aproximadamente 6 Tn por hectárea cada año. Esto equivaldría a perder una capa de 0,5 mm de espesor anualmente producto del aumento del régimen de lluvias y la pérdida de la capa protectora vegetal. Sumando todo el territorio nacional representa unos 1.500 millones de m3 de suelo arrastrado por la lluvia, disminuyendo la fertilidad.
La superficie agrícola pasó de 21 a 36,5 millones de hectáreas en dos décadas, a costa de la deforestación, el uso de agrotóxicos y desplazamiento de pueblos originarios, con la complicidad de los distintos gobiernos nacionales y provinciales. Tan solo en 2016 se desmontaron 112.252 hectáreas en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco (en ellas se concentra el 80 % del total del área deforestada en el país). De esta cifra un tercio (41.595 hectáreas) estaban protegidas supuestamente por la Ley de Bosques.
Desde la sanción de esta ley en 2007 hasta fines de 2014 se desmontaron 2.107.208 hectáreas, de las cuales 626.244 hectáreas eran áreas protegidas. ¿Qué proponen ante esto los gobiernos? Flexibilizar aún más las leyes de protección de bosques y ampliar las áreas explotables en beneficio de un puñado de terratenientes y pooles de siembra, como sucedió en 2017 con la ley agroforestal de Córdoba.
