Un asesinato ocurrido en Taquara, en la Zona Oeste de Río de Janeiro, fue ampliamente difundido por los medios nacionales como "una eliminación de pruebas relacionada con el caso de Marielle".

Taquara es una región que es conocida por la disputa entre milicias y por el tráfico de drogas. El asesinado, Carlos Alexandre Pereira Maria, era asesor de un concejal que tuvo que declarar en el caso de Marielle.

Para agravar las sospechas de este nuevo caso, los medios de comunicación también le dieron una amplia difusión a lo que habría oído un testigo del asesinato: "A este hay que callarle la boca", después de los cual el asesino habría abierto fuego.

Independientemente de la veracidad de la información que fue divulgada por los medios, se están dando a conocer noticias, por parte de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas de distintos crímenes que son atribuidos a milicias.

Recientemente hubo una operación policial que tuvo como resultado el encarcelamiento de más de un centenar de personas acusadas de pertenecer a milicias, pero extrañamente el líder habría logrado fugarse. Combatir "manzanas podridas" pero manteniendo intactas las estructuras puede ser un camino no solo para ofrecer una respuesta a la demanda por justicia por Marielle, sino también para conseguir una mayor legitimación de la intervención judicial

La hipótesis planteada por los investigadores y divulgada por los grandes medios de comunicación de que el asesor del concejal Marcello Siciliano (PHS) tendría algún tipo de conexión con milicias, apunta una vez más a la participación de grupos paramilitares vinculados a las fuerzas represivas del Estado. La intervención de estos grupos también refuerza la necesidad de una campaña por una investigación independiente. No podemos confiar en que de la mano de estas instituciones que están absolutamente implicadas, se sepa la verdad sobre los asesinatos de Marielle, Anderson y ahora de Alexandre. Para saber la verdad necesitamos imponer una investigación independiente que tenga libre acceso a todos los expedientes, y que sea encabezada por organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones comunitarias.