(Foto: Matías Subat)
El proyecto de ordenanza fue presentado por el concejal Francisco Sanchez y acompañado por los diputados provinciales Oscar Smoljan (UCR), Juan Monteiro (NCN), por el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Monzani y por la titular del servicio de emergencias del SIEN, Luciana Ortíz Luna.
En el mismo propone modificar el Art. 75 de la Ordenanza 2739, que regula el tránsito en la ciudad, quedando establecido del siguiente modo “Artículo 75): El Órgano Ejecutivo Municipal autorizará el uso de la vía pública para fines tales como, manifestaciones, mítines, exhibiciones, competencias de velocidad pedestres, ciclísticas, ecuestres, automovilísticas, en los siguientes casos: a) Si el tránsito normal puede mantenerse con similar fluidez por vías alternativas de reemplazo; b) Cuando los organizadores acrediten que se adoptarán en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas; c) Si se responsabilizan los organizadores por sí, o contratando un seguro, cuando el acto a autorizar implique riesgos y/o eventuales daños a terceros o a la estructura vial.”
Si bien la norma habla de otras acciones, lo cierto es que el punto nodal y sin eufemismos, se encuentra en querer reglamentar las manifestaciones y movilizaciones en la ciudad de Neuquén, bajo el argumento de que “en nuestra provincia, y particularmente en nuestra ciudad, algunos se han tomado atribuciones transformando a los ciudadanos en rehenes”, como señaló el concejal Francisco Sánchez. Una vez más Cambiemos intenta trasladar de manera automática los proyectos presentados en grandes ciudades como Buenos Aires o Córdoba, atacando a quienes salimos a manifestarnos.
La realidad es que en Neuquén los problemas en el tránsito, no tienen que ver con las manifestaciones sino con la falta de inversión y la planificación urbana en función de las ganancias y no de las necesidades de la población.
En una ciudad donde el transporte es uno de los más caros y deficitarios del país, el estacionamiento medido posee costos siderales dificultando el tránsito por el centro de la ciudad; las calles están rotas e intransitables en época de lluvias, y las veredas son aún peores; el intentar regular las marchas y movilizaciones no tiene mayor sentido que profundizar- sobre todo desde lo discursivo- la campaña de criminalización de la protesta intentada por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales.
Resulta irónico que este proyecto sea impulsado por Cambiemos, cuando hace algunos días nada más asistimos a la pelea entre el bloque del MPN y Cambiemos por el destino del famoso “corredor de ambulancias”, donde el gobierno municipal de Horacio Quiroga ha dejado claro no resignará la zona peatonal de bares para el tránsito directo de ambulancias hacia el Hospital Regional Neuquén.
La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes. La protesta por lograr conquistas favorables a diferentes sectores populares, es un derecho que no requiere permiso ni acepta censura. A lo largo de nuestra historia, el pueblo pobre y trabajador se ha manifestado en las calles, se ha organizado de diversas maneras para hacer escuchar su voz y defender sus reclamos.
La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta.
Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y control social. Y esta ha sido una gran premisa bajo el gobierno de Mauricio Macri, quien prontamente al asumir, lanzó el protocolo “anti piquetes” como un modo de criminalizar la protesta social.
Siguiendo al constitucionalista Roberto Gargarella podemos afirmar que “El derecho a protestar aparece así, en un sentido importante al menos, como ‘el primer derecho’: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos.”
Intentar acallar la protesta y movilización en una provincia que ha sabido defender y conquistar sus derechos en las calles. Como lo hicieron los y las desocupadas que protagonizaron el Cutralcazo en la comarca petrolera, las decenas de movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo de los y las ceramistas, de las obreras textiles, de los madereros de MAM. Como hoy lo siguen haciendo las y los docentes en defensa del salario y la educación pública, los estudiantes en defensa de la universidad, el movimiento de mujeres que como en todo el país hace escuchar sus gritos por el derecho al aborto legal seguro y gratuito.
Así como el 14 y el 18 de diciembre se hizo escuchar la voz de miles frente al ajuste y hoy, los trabajadores reclaman frente a los tarifazos que azota los bolsillos del pueblo pobre y trabajador, porque no permitiremos ningún avasallamiento a las libertades democráticas, tenemos que repudiar este intento de vedar el derecho a la protesta y manifestación. Porque las calles son y serán, nuestras. De los que luchamos. | 
