Foto: SITOBUR
Imagen: movilización de los trabajadores municipales, el viernes 27 de abril, en Lima.
Llegamos a este 1ero de mayo en un escenario marcado por el impacto de la crisis económica internacional, el cual se siente cada vez más en la reducción del crecimiento, y por tanto, en el incremento del desempleo y subempleo que golpea los bolsillos de miles de trabajadoras y trabajadores. A ello se suma el endurecimiento de la jornada laboral y las amenazas de despidos masivos, como bien lo expresan los más de 1500 trabajadores de la municipalidad de Lima que podrían quedarse definitivamente sin empleo en los días que siguen. Otro factor que hace parte del contexto, es la crisis política, que si bien trato de ser saldada por arriba a través de la salida de Kuczynski, todavía no termina de cerrarse del todo ya que nuevas luchas sociales como las del pueblo de Moquegua contra el incremento de las tarifas del agua potable, muestran los límites del nuevo gobierno de Martin Vizcarra.
Hace poco, un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, ponía de manifiesto que por primera vez en mucho tiempo la pobreza se incrementaba en el Perú. Este mismo documento dejaba al descubierto que en Lima, en estos últimos meses, 420 mil personas padecían desempleo, dentro de las cuales más de 200 mil eran mujeres. Una de las razones que habría llevado a esta situación tiene que ver con el fin del periodo conocido como el boom primario exportador que aleatoriamente generó el desarrollo de la industria de la construcción, la misma que en ciudades como Lima, absorbían a un sector importante de lo que se conoce como la Población Económicamente Activa PEA.
El impacto de la crisis internacional se empieza a sentir en el Perú desde el año 2013 cuando gobernaba el país Ollanta Humala, quien para salvar al capital y promover la inversión extranjera, no tuvo mejor idea que implementar una serie de decretos ley conocidos como “el paquetazo ambiental”, que en líneas generales otorgaba una serie de beneficios al gran capital en desmedro de los derechos laborales de la clase trabajadora y del medio ambiente, los cuales fueron acompañados de la reducción sistemática del gasto social en rubros como salud y educación y en la reducción de los impuestos a los ricos. Estas medidas no solo fueron mantenidas sino profundizadas por el gobierno del tecnócrata Pedro Pablo Kuczynski, tal es así que el impuesto a la renta (impuesto que pagan los empresarios) descendió del 30% al 27%, incrementándose, por otro lado, impuestos como el selectivo al consumo que son los que pagan el pueblo y los trabajadores.
Esto, sumado a la drástica reducción de las utilidades mineras, llevó a que el 2017 se den grandes luchas obreras; como la de los trabajadores de los centros mineros de Cerro Verde y Southern y las del magisterio, las cuales pusieron en jaque al gobierno de PPK, el mismo que en su afán por mantener la aplicación del ajuste, terminó haciendo concesiones a un sector del fujimorismo que se expresaron en el indulto a Alberto Fujimori, que a la postre contribuyó sustantivamente a su caída ya que este hecho despertó la indignación popular que se manifestó en cinco movilizaciones nacionales que empezaron a poner en cuestionamiento el régimen del 93 heredado del fujimorismo.
Otro factor que ha contribuido al incremento del desempleo es la parálisis de grandes obras de construcción relacionadas a mega proyectos viales, al estar estas vinculadas a la empresa brasileña Odebrecht. El gobierno y el poder judicial, en un afán populista, han paralizado estas obras sin pensar en los miles de trabajadores que se quedaban sin empleo, incluso a muchos de los trabajadores cesados se les adeuda salarios vencidos e indemnizaciones por tiempo de servicios. Ha quedado demostrado también que los órganos de control y fiscalización laboral como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, solo tienen un carácter decorativo ya que en nada han ayudado a evitar los abusos patronales ya señalados, esto quedó demostrado con mucha claridad con la trágica muerte de dos jóvenes trabajadores que el año pasado perdieron la vida calcinados cuando se encontraban encerrados bajo candado en su centro laboral por su empleador, quien a su vez no les brindaba las mínimas condiciones laborales.
La ley está al servicio de los explotadores
Ya nos decía Federico Engels, en el Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que “El moderno estado representativo es un instrumento de explotación del trabajo asalariado por el capital”. Esto queda palmariamente demostrado en la serie de iniciativas legislativas que se han introducido en el Perú desde 1993 para favorecer los intereses de los capitalistas. Cabe mencionar que el golpe de estado impuesto por Alberto Fujimori en 1992 y la consiguiente constitución de 1993 tuvieron como objetivo central legalizar el saqueo imperialista en desmedro de los derechos de la clase trabajadora. Por esa razón, a partir de 1993 se implementaron una serie de medidas, conocidas también como políticas neoliberales, las cuales las podemos resumir de la siguiente manera:
• Se permitió la flexibilización de los horarios de trabajo, lo cual permitió que los trabajadores pudieran trabajar más de ocho horas (12 horas).
• Se eliminó la estabilidad laboral, lo cual permitió a los empresarios despedir de forma arbitraria y sin expresión de causa a cualquier trabajador.
• Se permitió a los empleadores realizar contratos temporales que podían renovarse hasta por cinco años. Este tipo de contratos no les obligaba a otorgar beneficios sociales de ningún tipo (como: vacaciones, seguro de salud, afiliación sindical, indemnizaciones por despidos arbitrarios).
• Se facilitó la creación de las services, a través de las cuales las empresas podían contratar hasta el 50% de la fuerza laboral que requerían sus actividades productivas. Los trabajadores que se encontraban en esta modalidad no gozan de derechos sociales entre ellos la negociación colectiva, lo cual no les permite reclamar mejores sueldos ni mayor seguridad.
• Se implementó una política denominada Convenios de Formación Laboral Juvenil para jóvenes de entre 16 y 21 años, quienes no gozaban de ningún beneficio social.
• Se creó la norma de democratización del derecho a la huelga, que llevo a considerar como ilegales a las huelgas que no fueran aprobadas por la mitad más uno del total de los trabajadores de una empresa, incluyendo aquellos trabajadores que no asistían a las asambleas.
• La ley permitió que los trabajadores de una empresa conformaran muchos sindicatos con pocos afiliados cada uno. Con ello, lo que se buscaba era fragmentar la organización de los trabajadores y debilitar así su poder de negociación.
• Desde 1993 se recortó la participación del Estado en las negociaciones colectivas, por eso el Ministerio de Trabajo abandonó la función de mediador en los conflictos laborales entre trabajadores y empleadores.
• Las nuevas disposiciones legales permitieron los ceses colectivos de trabajadores, por razones económicas, mejoras tecnológicas, reformas en los procedimientos de producción, así como por disolución, liquidación o reestructuración empresarial.
• La nueva legislación creó el reparto de utilidades como figura compensatoria de las desaparecidas comunidades laborales. Esto consistía en que los trabajadores mantenían el derecho a recibir un porcentaje de las ganancias. Sin embargo, la norma agregó que el reparto debía hacerse luego de cubrir las pérdidas de los ejercicios anteriores. De esa figura se valieron muchos empresarios para evadir el reparto de utilidades entre sus trabajadores, contando para ello con la “complicidad” del poder judicial y el secretismo contable.
Lo que queda por hacer
La última crisis política que termino con la caída de Kuczynski, puso de manifiesto que nada serio podemos esperar de los partidos políticos que hoy hacen parte del legislativo, incluso de aquellos que se autodefinen de izquierda, ya que todos ellos terminaron suscribiendo un pacto implícito para salvar el régimen heredado del fujimorismo a través de una salida por arriba que en concreto evito la profundización y radicalización de la movilización.
No será pues de la mano de estos sectores que la clase trabajadora recuperara sus derechos y conquistara que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. Solo la auto organización y la movilización de los trabajadores son garantías de victoria. Para lograr este objetivo es importante implementar la táctica del frente único obrero que nos permita golpear juntos a los capitalistas y al gobierno, así como dotarnos de un programa que confronte al capital y a la casta de políticos corruptos que están a su servicio.
En ese entender consideramos que es importante imponer la demanda por la reducción de la jornada laboral a 6 horas así como que los salarios estén acorde con la canasta básica familiar, estas medidas no solo contribuirían a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores ya que les proporcionarían más tiempo libre, sino que también generarían más puestos de trabajo. En relacion a las empresas privadas involucradas en temas de corrupción (caso Odebrecht, entre otros) así como a las que se declaran en quiebra para justificar despidos masivos, debemos exigir su nacionalización y estatización bajo control de los trabajadores y con fiscalización del pueblo, así mismo, frente a aquellas empresas que declaran pérdidas para justificar reducción de salarios o reducción de utilidades demandemos que se habrán los libros de contabilidad para que todos sepamos en realidad cuánto ganan estos empresarios tramposos.
Estas y otras demandas solo serán posibles en la medida que los trabajadores nos convirtamos en lo que Marx denominaba “clase para sí”, osea, que nos hagamos consientes de nuestro papel estratégico, no solo en la generación de la riqueza, sino también en el proceso de lucha por trascender el capitalismo. Eso implica construir espacios de organización que vayan más allá de las luchas reivindicativas, corporativas o meramente económicas, como les solía llamar Lenin, para, a partir de ello, luchar por un gobierno de los trabajadores.
Es en esa perspectiva que el lunes 30 de abril participamos en Tacna del acto por el 1ero de mayo organizado por el Sindicato de Construcción Civil. En ese espacio las y los compañeros de Resistencia Sur y Pan y Rosas, anunciaron la implementación, desde el próximo viernes 04 de mayo, de un ciclo de cine al cual hemos denominado Cine Social, el mismo que se desarrollara junto a los trabajadores y trabajadoras de Construcción Civil de esta ciudad. Esta experiencia, hace parte de una serie de iniciativas que hemos programado para el presente año y que tienen como objetivo contribuir a la organización política de la clase trabajadora. | 
