Dentro de los resultados arrojados por la encuesta CADEM del recién pasado lunes, destaca una aprobación de un 74% de los consultados con el restablecimiento de la pena de muerte para delitos como violación a un niño.

Ahora bien, los mismos sectores que han levantado la bandera de la restitución de la pena de muerte como solución a los casos de violación, son quienes se oponen a la ley de aborto en tres causales, con mayor énfasis en la causal por violación, y por lo tanto, obligan a menores de edad que fueron víctimas de violación, a llevar adelante sus embarazos, vulnerando absolutamente todos los derechos de esas niñas o adolescentes a decidir sobre su vida.

Según informó el Ministerio de la Salud, desde que entró en vigencia la ley de aborto en tres causales, del total de abortos que se han realizado, 37 corresponden a la tercera causal, por violación. Ahora, dentro de este número hay que destacar que 15 de estas mujeres tienen menos de 18 años, y 4 de ellas eran menores de 14.

Esto ocurre en el contexto de una fuerte oposición de la derecha empresarial y conservadora, al aborto en tres causales, con un cuestionado fallo del tribunal constitucional que permitió a los servicios de salud privados la objeción de conciencia institucional sin perjuicio del financiamiento que reciben del Estado, y tras la oleada de un gran número de médicos que se han manifestado objetores de conciencia en diferentes hospitales públicos del país.

Frente a una agenda valórica conservadora y reaccionaria posicionada por los medios de comunicación en manos de los empresarios, el movimiento estudiantil y el de mujeres ha logrado conquistar un clima de indignación contra la violencia de género. Sin embargo, la pena de muerte no resuelve el problema de violencia estructural que sufren mujeres, niñas y niños, que se agudiza con la creciente desigualdad social, y que se profundiza con un crecimiento económico basado en la agenda de flexibilización laboral que impone el gobierno de derecha y los empresarios.

Ahora la tarea es levantar comisiones de género en los lugares de trabajo y estudio para exigir educación sexual sin la moral de la iglesia, derecho a la salud para darle garantías plenas a las mujeres y niñas sobre sus cuerpos, como el aborto libre garantizado en los hospitales públicos, educación gratuita, no sexista de acceso irrestricto y fin a la brecha salarial. Porque mientras no se resuelvan estas problemáticas, las mujeres y niñas seguirán siendo las más pobres entre los pobres y la más golpeadas por este sistema basado en la explotación y opresión de unos seres humanos por otros.

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