FOTO: Trabajadoras de la Compañía de Tranvías de Catalunya, durante la guerra civil.
En el Estado español el trabajo asalariado femenino es muy elevado en actividades sanitarias y servicios sociales, donde el 77,5% de las personas ocupadas son mujeres. En la educación ocupan el 67,4%, en el sector servicios el 66,6%, y en todas aquellas tareas vinculadas al cuidado o empleadas del hogar el 88,6%.
No es casual que las mujeres estén sobrerrepresentadas en estas actividades como tampoco es ’natural’ la división sexual del trabajo. Esto está inscrito en una construcción social duradera de la ’feminidad’ y la ’masculinidad’ en el mundo laboral (Ulla Wikander, De criada a empleada).
Como vimos en el primer artículo Feminización del trabajo y precariedad laboral en el Estado español (I), aún así, el aparato ideológico, legislativo, religioso y hasta “científico”, conformado históricamente para impedir que las mujeres rompieran las paredes del hogar y salieran a trabajar, de ningún modo ha podido evitar el incremento del trabajo asalariado femenino.
Muy al contrario, las transformaciones económicas de un capitalismo en auge que requería de más mano de obra femenina, por un lado, y las luchas de las mujeres por buscar su independencia económica y contra las condiciones de explotación, por el otro, han puesto en cuestión este ideario capitalista y patriarcal. No obstante, lejos de desaparecer, se ha mantenido bajo diferentes formas en las nuevas relaciones laborales con el objetivo de explotar a las trabajadoras doblemente, con salarios menores al de los hombres, para de esa manera también bajar los salarios de los otros trabajadores.
En este sentido, es interesante el análisis de Ulla Wikander sobre la tendencia dominante de todos los Estados europeos a regular la situación laboral de la mujer con el fin de “proteger a la familia” de la “amenaza al orden social” que implicaba que la mujer se convierta en asalariada, legislando a favor de mantener la división sexual dentro del mercado laboral con el fin de obstaculizar su independencia económica.
A fines del siglo XIX y el XX, en muchos países de Europa el derecho matrimonial daba al hombre el poder de decidir sobre la situación laboral de su esposa e incluso de disponer de sus ingresos. Pero paralelamente jugaban con las ’ventajas’ de emplear a las mujeres basándose en las ’aptitudes’ de cada sexo para las tareas laborales.
En el Estado español, los Códigos Civil y Penal establecían que la autoridad del marido debía obedecerse automáticamente por parte de la mujer, recibiendo castigos si no lo hiciese con la cárcel. Un femicidio era castigado con el destierro a una distancia mínima de 25km, durante un período de entre seis meses a seis años. Si las heridas eran leves, no había castigo. Para las mujeres, se los consideraba parricidios y se castigaban con la cadena perpetua. El considerado adulterio tenía connotaciones diferentes para la mujer, con dos a seis años de prisión, y nada para el hombre ya que no se lo consideraba adulterio, a no ser que tuviera otra concubina en el hogar conyugal (Mary Nash, Rojas).
Esto se mantuvo hasta la Segunda República, aunque con desigualdades regionales siendo Catalunya la más avanzada. Pero incluso en este periodo con la Nueva Ley de Contratos Laborales de noviembre de 1931, el hombre mantenía el control del salario de la mujer, aunque con su autorización la mujer podía disponer de él. Hemos visto cómo estos mínimos derechos volvieron a retroceder bajo el Régimen franquista.
Ulla Wikander explica también cómo en Europa, el derecho matrimonial persistió hasta la segunda mitad del siglo XX y fue eliminado en Alemania Occidental en 1976, en España en 1980 y en Suiza en 1988. Ligado a ello, en toda Europa se impusieron políticas estatales salariales, según el sexo y no el tipo de trabajo. Los salarios de las mujeres en la industria estaban a mediados de los noventa por debajo de los de los hombres en toda Europa: en Francia ganaban el 81% del salario de los hombres. En Dinamarca el 75%, en Alemania el 74%, en España el 72% y en Inglaterra el 69%.
Hoy en el Estado español, como es sabido, la brecha salarial es de un 24%. Aunque esta media no significa salario “a igual trabajo”. Hay que cruzarla con otra gran brecha, que son los trabajos exclusivos para mujeres, tratados como de “segunda categoría” o “suplementarios”, en condiciones laborales precarias e inestables. La fuerza laboral femenina inmigrante es otro gran elemento a tener en cuenta en un país imperialista.
La precariedad tiene rostro de mujer
Las sociedades industriales más avanzadas utilizaron los patrones de la división sexual del trabajo establecida desde siglos, para justificar mayores desigualdades, discriminación y desjerarquización del trabajo de las mujeres. Ligado a ello, las tradicionales tareas de reproducción continuaron a cargo de las mujeres.
Y a pesar de los nuevos avances técnicos como las lavadoras, hornos microondas o, los más modernos como los lavavajillas, estas tareas continuaron hasta la actualidad, siendo una pesada carga para las mujeres trabajadoras, sin servicios de guarderías adecuados ni residencias para personas dependientes.
Como veremos, las sucesivas crisis económicas se descargaron contra la clase trabajadora con recortes y privatizaciones de servicios sociales primordiales. La crisis del llamado ’Estado de bienestar’ en varios países de Europa ha llevado a un emplazamiento de cargas del Estado a los hogares, es decir del ámbito público al privado.
En el Estado español, a once años desde la agudización de la crisis económica del año 2007, todas estas transformaciones se imponen de forma descarnada en amplios sectores de la clase trabajadora. Este nuevo periodo de crisis se enfrenta a una fuerza de trabajo altamente feminizada y con una inserción urbana muy superior a la rural.
Actualmente, el rol de domesticidad y las tareas de cuidados continúan impregnados en los poros del trabajo asalariado femenino, con el fin de arrastrarlo a la precariedad cada vez más. La Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) da cuenta de la enorme fuerza laboral femenina en el sector servicios –camareras, niñeras, cocineras, limpiadoras, teleoperadoras, camareras de pisos, cajeras de supermercado. O de cuidados de menores, mayores dependientes, personas enfermas o con discapacidad es señalado como causa de los contratos parciales para un 12,98% de mujeres y un 1,78% de hombres. Ellas, 7 veces más; aunque la cifra debe ser aún mayor ya que la mayoría no tiene contratos siquiera y no forman parte de las estadísticas.
A ello hay que agregarle la enorme fuerza laboral de mujeres inmigrantes, sometidas a los peores contratos, si tienen, muchas veces condicionados al chantaje de “los papeles” y las xenófobas y racistas leyes de extranjería, que conlleva a que se vean sometidas a enormes problemas para poder mantener su situación administrativa.
Son el blanco perfecto para los trabajos más precarios. Según cifras oficiales, aproximadamente la mitad de las mujeres afiliadas a la Seguridad Social que trabajan como empleadas del hogar y del cuidado son mujeres inmigrantes. Un informe del año 2015 de la Organización Internacional de Migraciones, muestra cómo para el 70% de las mujeres inmigrantes el primer empleo que tienen una vez que llegan al Estado español, es principalmente en trabajos domésticos y de cuidados, de limpiadora o de camarera.
Y además una gran parte de ellas en la economía sumergida u obligadas a ejercer trabajos tan esclavos como el de ’interna’, es decir viviendo en el mismo hogar para hacer todo: cuidar, lavar, limpiar o cocinar durante las 24 horas del día, toda la semana, con unos descansos irrisorios establecidos por ley -solo se permiten dos horas de descanso diarias y 36 horas semanales seguidas- que nunca se respetan.
En un interesante artículo de Àngels Vilaseca, “Empleadas del hogar, trabajadoras invisibilizadas bajo la extrema precariedad”, explica cómo “El empleo del hogar y del cuidado muestra uno de los rostros más extremos de la precariedad laboral. Éste sigue siendo un sector completamente marginal y desvalorizado que recae sustancialmente en la economía sumergida, formado principalmente por mujeres (entre un 90-95%) muchas de ellas inmigrantes. Según los datos oficiales, en el Estado Español actualmente hay alrededor de unas 700.000 empleadas del hogar. Un informe reciente de la UGT exponía que aproximadamente hay unas 400.000 mujeres que trabajan en este sector y están afiliadas a la Seguridad social. Según el mismo informe, aproximadamente un 30% de las empleadas del hogar y del cuidado sigue sin tener cobertura social, pero seguramente son muchísimas más las que trabajan en negro y no aparecen en las estadísticas”.
Por otro lado, las externalizaciones o ’outsourcing’, tanto en el sector privado como público, se han extendido exponencialmente en pos de mejorar “la eficacia, la especialización y la calidad”. Estas tres “cualidades” nunca cumplidas pretenden velar en qué se sostiene la verdadera rentabilidad de las empresas capitalistas: condiciones de trabajo de alta precariedad, elevadas tasas de temporalidad y rotación, subrogaciones de los contratos plenas de irregularidades, ritmos de trabajo altísimos, alta tasa de accidentes de trabajo, enfermedades no reconocidas como profesionales, salarios por debajo del mínimo interprofesional.
Las empresas ’multiservicios’ (EMS) han entrado en auge a partir de la Reforma Laboral de 2012 del Partido Popular que ha modificado sustancialmente la negociación colectiva, dando prioridad a la aplicación de los convenios de empresa en detrimento de los convenios sectoriales. Un reciente informe de UGT da cuenta de la existencia de 273 convenios de EMS, afectando a más de 60.000 trabajadores.
La externalización ha crecido como un virus especialmente en sectores laborales femeninos. Servicios sociales, de limpieza en centros públicos como privados, de cocina y tiempo libre en los centros educativos, por sólo nombrar algunos. La lucha actual de Las Kellys, las que limpian los hoteles, o de las trabajadoras de Servicios Sociales, entre muchas otras, denuncian de manera rotunda esta situación.
Todos los datos analizados dan una ecuación muy sencilla hacia una tendencia al aumento de la precariedad femenina: contratos de corta duración y bajos salarios. Además de la tradicional brecha salarial (23%), de los contratos a tiempo parcial el 73,86% son desempeñados por mujeres, es decir, 3 de cada 4 empleos, indica un informe de CCOO.
Estos datos también sancionan el futuro de las mujeres, con prestaciones y pensiones de pobreza. En cuanto a las prestaciones por desempleo, para las mujeres (57%) diez puntos inferior a la de los hombres (67%). Y también cuentan con cuantías mucho más bajas frente a “la mayor parcialidad de sus prestaciones (el 68% del total de éstas las perciben mujeres) y el elevado volumen de subsidios (ellas perciben el 54% del total) frente a prestaciones contributivas”, según otro informe de CCOO.
Estas cifras actualizadas al 2018 no caen del cielo. Tienen su origen en el modelo laboral del capitalismo español configurado en las décadas del ochenta y noventa tras diferentes políticas aplicadas por los gobiernos. Desde la llamada “reconversión industrial”, hasta privatizaciones de servicios públicos, reformas laborales, EREs, pérdida de decenas de miles de trabajos desviados hacia la contratación y subcontratación de servicios. Una verdadera contraofensiva contra el conjunto de la clase trabajadora.
“Esto es una guerra”, es el grito del movimiento de mujeres en las masivas manifestaciones. Y lo es, pero no contra los hombres. Es una verdadera declaración de guerra de los capitalistas, que las mujeres trabajadoras sólo podrán afrontar creando alianzas con el conjunto de la clase explotada.
Y que el movimiento de mujeres y feminista tiene el reto de asumir, con una perspectiva lejos de lo individual o exclusivamente cultural. La cultura patriarcal no puede abstraerse del sistema que sostiene todas las desigualdades de género, de raza, que es el sistema de explotación capitalista bajo el cual es una utopía la "ampliación de derechos" o una mayor "equidad de género" cuando "a nivel mundial, el 70% de las personas más pobres son mujeres y niñas" (Andrea D’Atri, Pan y Rosas). A la vez que la lucha contra las desigualdades y las múltiples violencias machistas, debe ser abrazada por todos los trabajadores y la juventud.
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En el próximo artículo, analizaremos cómo los recortes y privatizaciones han provocado una traslación del trabajo público al privado y un “retorno al hogar” en condiciones de mayor feminización de la pobreza.
Para adentrarnos posteriormente en otras entregas en el análisis del modelo capitalista español que dio origen a la precariedad laboral, intentaremos dar cuenta de cómo se ha configurado en el Estado español la transformación del capitalismo mundial en el último siglo, atravesado por las transformaciones políticas y económicas ocurridas desde las décadas del ochenta bajo la etapa llamada “neoliberalismo” que llamaremos “restauración burguesa” (Emilio Albamonte, Matías Maiello, Estrategia socialista y arte militar), en referencia a la contraofensiva que los países imperialistas de Europa y Estados Unidos desplegaron en todo el mundo luego de cerrar, tras derrotas físicas y desvíos, el ascenso de procesos revolucionarios y lucha de clases que tuvo lugar entre los años 1968 y 1981. | 
