Con una caída sostenida de la economía, 50% de informalidad laboral y las divisiones sociales sobre los resultados de los llamados acuerdos de paz con las FARC, los colombianos van a las urnas el domingo para elegir a su próximo presidente.
En el marco de una fragmentación del voto entre los cuatro candidatos principales, lo que sobresale es un escenario de polarización política. Las principales causas son, por un lado, el temor de que la derecha, encarnada por Iván Duque el candidato afín al expresidente Uribe, desmantele los acuerdos con las FARC, mientras que por otro lado el uribismo ha agitado el fantasma de que en caso de que gane el centroizquierdista Gustavo Petro, Colombia sucumbirá ante una crisis económica y social producto de un cambio de modelo.
Se podría decir que está más justificado el temor a que Duque desmantele o pretenda renegociar los términos del acuerdo con las FARC (que dividieron a la sociedad colombiana), que el hecho de que Petro vaya ha hacer algún tipo de cambio profundo en el modelo. Acusado de "castrochavista" por el uribismo, Petro fue moderando su discurso para mostrarse como un candidato "responsable" a la vez que fue tomando distancia de Maduro hasta terminar calificándolo como un dictador.
Para el domingo, más de 36 millones de electores están habilitados para votar y elegir el sucesor de Juan Manuel Santos, que dejará en agosto la presidencia tras ocho años en el gobierno.
En Colombia el voto no es obligatorio y se espera que el porcentaje de abstención se mantenga alto como en los últimos comicios. Si ningún candidato obtiene más del 50 por ciento de los votos, se realizará una segunda ronda el 17 de junio entre los dos primeros.
Con una intención de voto cercana al 40 por ciento, las encuestas perfilan como favorito al derechista Iván Duque, un abogado y economista de 41 años del Partido Centro Democrático apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, que ha prometido recuperar la autoridad, modificar el llamado acuerdo de paz y es el candidato natural de los inversores y los mercados.
Según los últimos sondeos lo sigue con alrededor de un 30 por ciento el centroizquierdista Gustavo Petro. El exalcalde de Bogotá y economista de 58 años de la coalición Colombia Humana promete defender al "acuerdo de paz", "recortar la brecha social" y una tímida reforma de tierras, algo bastante difuso pero que es suficiente como para generar temor entre los empresarios, que prefieren a Duque.
Más atrás y con la intención de ser la alternativa que rompa la polarización se encuentran el independiente Sergio Fajardo, el exvicepresidente de centroderecha Germán Vargas Lleras y el candidato de centroizquierda Humberto De La Calle, que defienden el acuerdo de paz y prometen mejorar las condiciones sociales del país.
"La carrera ha sido impulsada por la feroz polarización entre los dos candidatos que defienden las posiciones más extremas de derecha e izquierda, lo que provocó algunos ataques agresivos", dijo Yann Basset, analista político de la Universidad de Rosario en Bogotá.
Sin embargo Lleras aparece en algunas encuestas como cercano a Petro, razón por la cual el exalcalde de Bogotá ha denunciado un intento de fraude a favor de Lleras, para dejarlo fuera de la segunda vuelta el domingo.
Si bien el acuerdo con las FARC ha sido uno de los elementos centrales de polarización social durante los dos últimos años en Colombia, impactando también en el electorado y en el discurso de los candidatos, lo cierto es que por arriba el establishment y los empresarios colombianos y transnacionales están menos preocupados por los acuerdos que por los negocios que puedan hacer en el futuro.
La desmovilización de las FARC, significó al mismo tiempo la "liberación" de más de un tercio del territorio nacional que hasta ahora estaban vedados para la explotación de sus tierras, ya sea en cultivos, minería o hidrocarburos. Los empresarios locales y extranjeros tienen un gran interés para desembarcar allí, mientras que en muchos lugares sigue existiendo una guerra de baja intensidad entre grupos paramilitares, narcos, miembros del ejército, que quieren hacerse de esas tierras, expulsando a los pobladores, para después venderlas al mejor postor.
Mientras Duque es criticado por su poca experiencia política y presagios de que terminará obedeciendo órdenes del expresidente Uribe, Petro es cuestionado por su mala gestión como alcalde de Bogotá, incluida el criticado cambio del modelo de recolección de basuras de la ciudad.
Un eventual triunfo de Duque lo dejará con un camino relativamente fácil en el Congreso para impulsar reformas decisivas como la tributaria. Su partido Centro Democrático tiene más escaños en el Senado que cualquier otro y es el segundo en la Cámara de Representantes.
Pero el partido de Petro solo tiene seis escaños en el Congreso y enfrentaría un difícil camino para lograr la aprobación de las reformas que ha prometido en materia social y económica.
Santos dejó también un legado económico que si bien no es catastrófico, ha venido sufriendo duros embates, y que deberá ser afrontado por el próximo presidente.
Si bien la pobreza ha disminuido en los últimos años, aún un 27 % de la población sigue siendo pobre, unas 13 millones de personas.
Muchos de ellos son los millones de desplazados durante la guerra "contra el narco", financiada por Estados Unidos, en la que intervinieron fuerzas paramilitares y el propio Ejército en la expulsión de campesinos de sus tierras, que junto con los enfrentamientos con las las FARC y el ELN fueron la principal causa de la migración masiva.
Cientos de miles de esos desplazados terminaron viviendo en enormes villas, en condiciones miserables de hacinamiento, que crecieron en los últimos años en el borde y la periferia de las principales ciudades.
Gran parte de ellos y ellas son también los que motorizan la economía colombiana con su fuerza de trabajo en condiciones precarias. Casi la mitad de los trabajadores colombianos lo hacen de manera informal, es decir sin beneficios ni cobertura social o jubilación. Ni hablar de derechos laborales o de sindicalización.
Este panorama de precarización extendida se ha convertido en un perverso aliciente para la salud de la economía Colombiana, en parte evitando una mayor caída del PBI, que sin embargo ha venido declinando de forma sostenida en los últimos cuatro años. Es decir que son los trabajadores informales los que pagan el peso de la crisis, mientras que los empresarios han seguido haciendo millonarios negocios.
Este escenario de pobreza y precariedad se suma también a la guerra de baja intensidad en el interior del país que sigue dando cuenta del asesinato de dirigentes sindicales y campesinos, y de la salud de los indicadores económicos, que de conjunto serán la herencia de Santos para el próximo presidente. | 
