Foto La Nación
Este martes se realizó una audiencia ante el tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para analizar el pedido de la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, para que no se destruyan las escuchas ilegales que ella misma solicitó al juez Guido Otranto el año pasado y que el sucesor de este, Gustavo Lleral, ordenó dar por nulas y destruir.
Esas escuchas, como informó este diario, se realizaron sobre los teléfonos de Sergio Maldonado, Ariel Garzí, Claudina Pilquiman y Marcela Stocovaz, es decir sobre querellantes y testigos en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.
Sabiendo de lo ilegal de esas interceptaciones, ni Otranto ni Ávila volcaron en el expediente el contenido de las conversaciones escuchadas y lo mantuvieron en legajos secretos, sin informar a las partes (en realidad, a las querellas, porque probablemente Gendarmería y el Gobierno nacional sí las conocieron).
Durante ocho meses el juez Lleral tuvo en su poder esas escuchas, a las que él mismo declaró inconstitucionales e ilegales, y recién el pasado 11 de mayo ordenó darlas por “nulas” y destruirlas. Esa orden fue rechazada y apelada por la fiscal de Esquel, obligando a que se expida la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Leé también Sergio Maldonado: “Quisieron quebrarnos de mil formas, pero seguimos luchando por Santiago”
Verónica Heredia, la abogada que patrocina a la familia Maldonado, confirmó a la Izquierda Diario que, “si bien lo debería haber hecho ayer”, la Cámara decidió demorarse cinco días más para tomar una resolución sobre la apelación de Ávila, amparándose en un plazo legal que tienen frente a casos muy complejos.
Sin embargo, para que esas escuchas no sigan difundiéndose mientras los jueces se toman esos días para decidir, ordenaron que se investigue cómo fue que esas escuchas (o parte de ellas) terminaron difundiéndose a través de algunas empresas periodísticas.
En la resolución, a la que tuvo acceso este diario, la Cámara pidió que se “dé intervención a la fiscalía que corresponda a los efectos de investigar la posible comisión de un delito de acción pública, respecto de la divulgación de audios telefónicos”.
La abogada Heredia advirtió al respecto que “obviamente quien investigue no puede ser la misma Silvina Ávila ya que, como denunció la querella, ella misma es una de las sospechosas de haber roto la cadena de custodia esas escuchas”. En ese sentido deberá ser otro fiscal quien investigue qué pasó.
Como explica la abogada de los Maldonado, esa “cadena de custodia” de las escuchas ordenadas ilegalmente por Otranto en algún lado se rompió y se terminaron utilizando para ofensivas notas periodísticas. Y las sospechas recaen sobre un puñado determinado de actores en la causa.
“Esa cadena comienza con quien hizo la captación de las comunicaciones, que es la Dirección de Captación Telefónica”, explica Heredia. Y agrega que “esa dirección es el único órgano del Estado autorizado para hacer escuchas y uno de los directores de ese órgano es precisamente el juez Javier Leal de Ibarra, presidente de esta Cámara de Apelaciones de Comodoro”.
Los otros sospechosos son “el juez Guido Otranto (quien las ordenó a quien fueron enviadas las escuchas), la fiscal Ávila (a quien Otranto se las remitió) y el juez Gustavo Lleral a partir de que asumió la investigación”, sentenció Heredia.
Al menos desde una de esas personas (y desde los lugares que representan) se filtró, total o parcialmente, el contenido de las escuchas. “Por eso ahora la Cámara ordenó que se investigue en qué momento se rompió la cadena de custodia”, dijo Heredia.
La resolución de hoy de la Cámara de Comodoro Rivadavia es doblemente importante, aunque aún no se haya expedido sobre la cuestión de fondo (si se destruyen o no las escuchas). Por un lado, pone el foco sobre importantes funcionarios judiciales como probables delincuentes de acción pública. Por el otro puede dejar al descubierto la obscena relación entre esos funcionarios y algunas espadas mediáticas aliadas al gobierno nacional.
En las últimas semanas algunos periodistas de La Nación, Infobae y Clarín utilizaron para fogonear su campaña contra los Maldonado y las comunidades mapuches nada menos que el contenido de esas escuchas ilegales, lo que demuestra claramente su acceso impune a las mismas.
Y tal como lo denuncia la querella de la familia de Santiago, no solamente accedieron a transcripciones de esas escuchas, sino que tienen en sus manos, todas o en parte, las propias grabaciones sonoras.
“Eso es así, ya que por los diarios nos terminamos enterando el tono en que supuestamente Sergio habló con una de las testigos del caso. Eso quiere decir que no solo leyeron las transcripciones sino que escucharon las conversaciones, porque el tono de una conversación no figura en la transcripción”, afirmó la abogada Heredia. | 
