Mientras que en todo el mundo se celebra el Día del Refugiado el Parlamento de Hungría aprobó este miércoles una xenófoba ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo.
La mayoría del partido gobernante, el Fidesz, dirigido por el primer ministro nacionalista Viktor Orbán, apoyó la normativa pese a las críticas y las solicitudes, por parte organizaciones humanitarias húngaras y extranjeras, de que retirase el proyecto de ley.
Si bien el primer ministro Orban ya había aprobado todo tipo de medidas para evitar el ingreso de inmigrantes a Hungría en consonancia con los reclamos de las organizaciones de la extrema derecha nacionalista europea, la situación en el mundo muestra que estas políticas xenófobas no son exclusivas de estos gobiernos. Por el contrario son cada vez más los gobiernos de centro, o que se dicen republicanos, que aprueban y ponen en práctica políticas securitarias más duras, que incluyen el cierra de sus fronteras y el control migratorio.
Es así que la aprobación de esta "ley del odio" en Hungría ocurre en el mismo momento en que Alemania y Francia discuten militarizar sus países contra los inmigrantes. Lo hacen siguiendo de forma aggiornada la política brutal de Salvini en Italia que impide que los barcos con refugiados lleguen a sus costas, y discute censar a los gitanos, o a Trump en Estados Unidos que con su política de "tolerancia cero" separa familias y envía a centros de detención a más de 2000 niños.
La ley del odio
La ley que afecta a varias ONG que ayudan a inmigrantes en el país, se aprobó junto con una enmienda constitucional contra el sistema europeo de reubicación de refugiados entre los países de la Unión Europea (UE).
Para aprobar ambos proyectos de ley se requería la mayoría absoluta de dos tercios con la que cuenta el Fidesz, pero la extrema derecha del Jobbik también respaldó las medidas, mientras que la oposición centroizquierdista y ecologista se opuso o no participó en la votación.
La ley que penaliza la ayuda a los inmigrantes irregulares ha sido criticada severamente por diferentes organizaciones húngaras e internacionales.
La Comisión de Venecia pidió el lunes que se pospusiera la aprobación de la ley hasta que pudiera redactar sus observaciones, pero la mayoría gubernamental rechazó la solicitud de este órgano consultivo del Consejo de Europa.
Las enmiendas constitucionales aprobadas hoy prohíben el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría -a excepción de los europeos-, y también declara que la composición de la población del país no puede ser modificado "mediante una voluntad externa".
Otras reformas constitucionales también aprobadas en el paquete declaran que el Estado debe defender los valores y cultura cristianos del país y crea una nuevo sistema judicial que hasta ahora no existía en Hungría, el de los tribunales administrativos.
El director para Europa de la ONG Amnistía Internacional, Gauri van Gulik, criticó la medida como un paso más en "los intentos de estigmatizar, intimidar y atemorizar a las organizaciones de la sociedad civil húngara".
"Criminalizar el trabajo esencial y legítimo sobre derechos humanos es un ataque descarado contra las personas que buscan refugio seguro contra la persecución", afirmó.
"Es una amarga ironía que mientras el mundo celebra el Día Mundial de los Refugiados, el Parlamento húngaro votó hoy para introducir una ley que castiga a las organizaciones y personas que apoyan a los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes", concluyó. | 
