Durante la semana hemos visto el debate en redes sociales sobre los polémicos diez decretos presidenciales firmados por Enrique Peña Nieto, que levantan la veda en el 55% de las cuencas hidrológicas del país. Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.

Sin embargo, organizaciones civiles, activistas y académicos coinciden que el decreto del presidente en lugar de crear reservas de agua con fines ecológicos, abrirán la puerta legalmente para que los gobiernos estatales puedan concesionar el agua a empresas trasnacionales.

Ante estas críticas, salieron a dar opiniones favorables a esta medida diversos personajes. Académicos de la UNAM, como la investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, María del Carmen Carmona Lara, en una conferencia de prensa advirtió que el objeto de estos decretos "es el manejo de una nueva visión para el caso de la restauración y preservación del equilibrio ecológico”.

Por su parte en la misma conferencia, el investigador del Instituto de Geografía, también de la UNAM, Joel Carrillo Rivera, advirtió que el rumor de la privatización del agua “es una simple cortina de humo" y destacó que existen deficiencias para medir la cantidad de agua que se quiere proteger o que se quiere extraer.

El mismo director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), también salió a declarar que “No es una privatización, pero sí se va a habilitar el uso de agua para usos privados. Técnicamente sólo es un cambio de régimen."

A su vez, La Secretaría del Medio Ambiente explicó en un comunicado de prensa, que el agua no se privatizará, y que los decretos firmados por el presidente Peña Nieto, “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”.

Ante estas declaraciones: ¿Es correcto pensar que en una administración en la que se destinaron a la iniciativa privada los recursos petroleros, de telecomunicaciones, la educación, etc., podemos confiar en que nuestro derecho al agua no será vendido al mejor postor? ¿Es correcto sospechar de la intención del Gobierno Federal ante la premura y el hermetismo detrás de estos decretos presidenciales?

De acuerdo con la organización Agua para Tod@s, que reúne a académicos y organizaciones sociales preocupadas por el manejo del agua en México, el decreto de Peña Nieto representa un nuevo intento por otorgar el control de las aguas nacionales a empresas privadas en detrimento de comunidades y poblaciones que han sido despojadas del vital líquido.

El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pedro Moctezuma Barragán y experto en temas hídricos señaló que "Estos decretos se presentan con la intención de crear reservas de agua, pero en realidad mezclan el agua con el aceite, porque justo con las reservas, levantan una veda de protección y abren el agua al sistema de concesiones para uso público-urbano y otros usos como la generación de energía eléctrica (…) y permite a los gobernadores de los estados realizar asociaciones público-privadas que ya se han empezado a dar con resultados muy negativos en Puebla, Torreón, Veracruz, Coahuila o Baja California".

Según Barragán, un claro ejemplo es Puebla, donde, la privatización del servicio de agua potable y saneamiento ha desatado una serie de protestas de distintos sectores sociales debido a la falta de acceso y encarecimiento del servicio. Una situación que provocó que municipios de la entidad interpusieran más de 16 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la privatización impulsada por el exgobernador poblano, Rafael Moreno Valle.

"En el mundo, 235 ciudades que habían privatizado el agua ya abandonaron ese esquema y se re municipalizaron. Por eso llegaron a México estas compañías que incluso fueron expulsadas de lugares como París", señala el experto de la UAM en torno a las empresas Veolia y Suez.

Claramente el fenómeno de la privatización del agua también está vinculado a un modelo de desarrollo capitalista. Una problemática que, en buena medida, ha sido propiciado por la especulación inmobiliaria, como la que ha ocurrido en los últimos años en sitios como la Ciudad de México, lugar donde la escasez de agua genera tensiones año con año y en especial este 2018 hemos visto como se convierte en botín electoral.

Según Gian Carlo Delgado, experto en economía ambiental por la UNAM, y académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), En la Ciudad de México hemos tenido un proceso de especulación inmobiliaria nunca antes visto, al menos en varias décadas, por un lado, se está viendo un gran negocio que genera rentas para algunos, pero necesitamos llevar ahora más agua a ciertos puntos. Están tirando casas donde vivían 4 personas para construir torres donde ahora viven 200, es decir, se privatizan ganancias y se socializan costos”.

En otras regiones como la ciudad de Mexicali, ubicada al norte del país, la población incluso ha librado varias batallas contra la instalación de una empresa cervecera propiedad de Constellation Brands que, apoyada por el gobierno, busca apropiarse de la poca agua disponible en una zona desértica, mientras muchas comunidades de la región tienen problemas para acceder al vital líquido.

La actual administración federal ha descartado el debate público para una Ley General de Aguas, la cual no se ha podido aprobar debido a los intentos de "mercantilizar" y privatizar el agua, tal como ocurrió con la llamada Ley Korenfeld que fue detenida en el Congreso en 2015, a mediados del gobierno de Peña Nieto, debido a la fuerte presión de organizaciones sociales contra dicha iniciativa y que es un tema de gran importancia que no ha merecido la atención de los candidatos que se disputan actualmente la presidencia de México.

Ante el discurso institucionalista que sostiene no se trata claramente de una “privatización”, sino de un reordenamiento de los recursos hídricos que subordinan el manejo del agua a tres procesos: urbanización, industrialización y creación de reservas naturales.

En este sentido, esta acción de Peña Nieto afecta los otros usos posibles del agua, como los derechos originarios y comunitarios. Se privilegia la figura de la concesión, por encima de la propiedad pública del agua.

Se trata de una medida política, de última hora, para garantizar la viabilidad del último gran negocio de este sexenio que hacía falta concretar: el agua. En especial, para favorecer concesiones en el sistema Cutzamala (el que alimenta de agua proveniente del Estado de México a la Ciudad de México y a toda la zona metropolitana); el sistema Monterrey VI (es el transvase del Río Pánuco a la zona industrial de la capital regiomontana), y el sistema El Zapotillo (transvase del Río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de El Bajío, en Guanajuato).