1. Preparando el golpe
Durante varios meses las relaciones entre el Ejército, el sindicalismo, medios de prensa y el gobierno fueron cada vez más distantes. El radicalismo veía con preocupación el accionar de esos sectores que trabajaban para minar la credibilidad del ejecutivo. Entre los militares se hicieron fuertes las opiniones de conformar un gobierno que “excluyendo a los partidos políticos, integrara a las FF.AA. con poderosos empresarios y jerarcas sindicalistas”, como Augusto Vandor. A su vez una campaña periodística minó el prestigio del gobierno, acusándolo de lento e ineficiente.
La prédica golpista proveniente de esos sectores dio sus frutos cuando el movimiento encabezado por el gral. Juan C. Onganía destituyó al presidente Arturo Illia.
No llamó la atención la presencia en el acto de asunción de Onganía, la asistencia de empresarios y sindicalistas. Confirmaba el acuerdo entre las FF. AA., el poder económico y la delegación de dirigentes sindicales que estuvo integrada por Vandor, Izzeta, Taccone, Niembro y Coria, por las “62 Vandoristas”; Alonso y Cristófoli lo hicieron por las “62 de pie junto a Perón”, mientras por los llamados sindicatos independientes lo hizo Armando March. Para el evento los jerarcas gremiales vistieron elegantes trajes, para estar acorde con las vestimentas de sus aliados empresarios y militares. Fue todo un símbolo de la unidad de los conspiradores-golpistas, que quedó felizmente retratado para la historia.
Los golpistas, imbuidos de un mesianismo tecnocrático corporizado en el general Onganía, atacaron las instituciones de la democracia con acusaciones que iban desde que nada solucionaban hasta la falta de representatividad de los partidos políticos, pasando por su crítica al Parlamento.
La autotitulada “Revolución Argentina”, desde el inicio proscribió a los partidos políticos, clausuró sus locales e incautó sus bienes, se intervino la Universidad, y se sucedieron la “Noche de los bastones largos”, la renuncia de miles de profesores, que produjo un vacío académico e intelectual, se intervino a numerosos sindicatos, se controló a la oposición, y la represión fue en aumento.
Los golpistas se apoyaron en el desprestigio del sistema parlamentario ante los ojos de la clase obrera y de la pequeña burguesía, y contó inicialmente con el consenso pasivo de las mismas que hicieron suyas las consignas lanzadas desde el gobierno: "Abajo el Parlamento", "Abajo los partidos políticos que nada solucionan", "Adelante con la Revolución".
Sin embargo, a medida que la misma fue avanzando en su gestión esa “revolución esperada y prometida” mostró su verdadero rostro al irse profundizando la crisis, la creciente acción represiva ante la lucha de clases en ascenso, y se fue deteriorando más y más ese ensayo “que no tenía tiempos ni plazos, sino objetivos".
Los ideólogos del golpe del 66 esquematizaron sus metas en los llamados “tiempo económico”, “tiempo social” y “tiempo político”, que pasamos a analizar en los próximos capítulos.
2. Tendencias de la acción social y política
Al producirse el golpe de Estado se generó en la clase obrera y en la mayoría de la población un estado de cierta “expectativa” hacia el nuevo gobierno.
Esa confianza oscilaba hasta alcanzar, en algunos casos, rasgos de esperanzas en que el nuevo gobierno, vestido con ropajes “revolucionarios”, que logrará encausar la deteriorada situación económica, social y política que se venía produciendo en forma progresiva e ininterrumpida desde hacía varios años. En otros sectores de la población que no había “entusiasmo”, tampoco encontró oposición abierta en un primer momento. Lo menos que puede decirse es que la clase obrera y la pequeña burguesía no lamentaron mayormente la caída del gobierno parlamentario surgido de las elecciones condicionadas de 1963.
Esa situación revelaba confianza y desconfianza al mismo tiempo. Quien está expectante no se opone, pero tampoco apoya francamente. Esto se reveló en la propia actitud del proletariado ante el golpe al no salir en defensa del gobierno de Illia y al mismo tiempo no aplaudir al gobierno de Onganía.
Era una clase obrera que no tenía en claro sus objetivos políticos propios y por ende fue instrumento de su dirección burguesa, pero no ya un instrumento tan dócil. Su dirección si bien pudo aprovechar al proletariado para gestar un golpe perfectamente planeado, hubiese deseado además que los trabajadores salieran a aplaudir a Onganía, al gobierno de las FF.AA., como ellos lo hicieron en la casa Rosada.
Ningún sector social actuó en defensa del gobierno de Illia. Solo los núcleos políticos más avanzados en aquel momento, denunciaron inmediatamente el golpe y plantearon su carácter reaccionario, pero no pudieron movilizar masas contra el golpismo debido a dos factores fundamentales.
¿Qué significado tenía ese estado de ánimo oscilante entre la simple expectativa y la franca esperanza que existió en las masas proletarias y pequeño burguesas ante el golpe del 28 de junio? Para responder a ese interrogante es necesario ver someramente las principales experiencias que había recorrido la clase obrera desde el 55 al 66.
Por un lado el proceso abierto con el inicio de la crisis económica de 1952, fue determinando un progresivo deterioro en el nivel de vida de los asalariados. Éste se fue dando inexorablemente al margen de los deseos o posibilidades de la burguesía y de las maldades o bondades de los distintos gobiernos. Su resultado fue una participación decreciente del salario en el total de la renta nacional, represión a las luchas obreras que consecuentemente se desataban, etc.
La caída de Perón en 1955, cuando este proceso comenzaba a insinuarse (como lo revelan los datos sobre huelgas obreras en los últimos 3 años del gobierno peronista, en comparación con los anteriores) dejó un sello duradero en la conciencia obrera.
Efectivamente, una situación económica particular en el capitalismo de bajo desarrollo permitió que durante el gobierno de Perón, el proletariado obtuviera una serie de mejoras económicas objetivas. Pero la caída de ese gobierno que se produjo antes que el deterioro de la economía, comenzado en 1952, se pudiera poner totalmente de manifiesto, impidió que el proletariado lograra vivir con su propia experiencia esa situación que desnudaría el carácter del gobierno de Perón.
Esto se refuerza más aún frente a la política que ejecutaron los gobiernos posteriores al peronismo que realizan sus períodos gubernamentales ya en una nueva situación económica.
Se reforzó así en la política argentina la contradicción peronismo-antiperonismo, a nivel de la conciencia de las masas. Este hecho determinó la necesidad por parte de sectores de la clase dominante de proscribir al peronismo.
A partir de 1955 se vivió en la Argentina una profunda crisis política ininterrumpida que reflejó la agudeza de las contradicciones alcanzadas por el capitalismo. Esa crisis política se manifestó esencialmente en el deterioro creciente ante los ojos de las masas de la democracia burguesa parlamentaria y tuvo sus expresiones en hechos como los de seis gobiernos en sólo once años, elecciones con proscripciones, votos en blanco, y especialmente la necesidad que se le impuso al proletariado de tener que optar entre las opciones menos malas o el voto en blanco, ya que los candidatos peronistas eran proscriptos por el mecanismo citado.
En un marco caracterizado por el deterioro creciente de la situación económica y política, la clase obrera y las masas explotadas en general vivieron hasta el 66 un proceso en el cual los sucesivos gobiernos aparecieron netamente como antiobreros, antipopulares, desnudados por los mismos hechos que protagonizaban desde las esferas gubernamentales.
Así fue como el proletariado luchó en la resistencia y la clandestinidad ante el gobierno de Aramburu, votó luego por Frondizi y ese gobierno supuestamente “progresista” a los pocos meses encarcelaba, reprimía, decretaba el Plan Conintes, mandaba a las prisiones militares a ferroviarios y bancarios, etc..
Al caer el gobierno de Frondizi nada cambia, con Guido, después del golpe, ni con Illia, después de las elecciones con proscripciones se suma el hecho de que cuando un candidato peronista gana una elección, las provincias son intervenidas, como en el caso de Framini en Buenos Aires.
Vandor a la izquierda, Framini con anteojos a la derecha
El gobierno de Illia no escapó a esta visualización por parte de las masas como un gobierno antiobrero y antipopular. Producto de todos esos factores, del deterioro de la democracia ante los ojos del proletariado, de la poca experiencia de lucha democrática en los últimos años, del predominio en la conciencia obrera de la línea política nacional-burguesa del peronismo, y persistiendo la idea de una posible unidad pueblo-ejército por no visualizar a las FF.AA. como un destacamento de represión organizado, y cansado de las mil y una frustraciones, se comprende que ningún sector de la población saliera en defensa del sistema parlamentario cuando éste había sido vivido en forma repetida como un sistema disfrazado de democracia.
Esa situación expectante e incluso esperanzada que se produce ante el golpe del 28 de junio, es consecuencia además de una hábil maniobra gestada por parte de los sectores golpistas que aprovecharon esa visualización espontánea que las masas tenían del gobierno de Illia, de la inoperancia de los partidos políticos y del parlamento, para desprestigiarlos del todo en el curso de la lucha obrera que se montó en una serie de necesidades económicas y que se proyectó en la línea del “reencuentro de la FF.AA. con el pueblo”.
En ese sentido es interesante no solo recordar los hechos sucedidos en aquel entonces, sino también tener en cuenta otros como las denuncias que se hicieron entre distintos sectores en función de sus intereses políticos; en Clarín del 7-12-70, apareció una noticia en la que se dice que Balbín habló en un acto del Radicalismo del Pueblo, denunciando entre otras cosas que el “Plan de Lucha que derribó al radicalismo en 1966 fue gestado por Levingston y Alonso”.
El radical Zavala saluda al almirante Rojas
3. El plan económico de Krieger Vasena
Después de la caída de Illia se llevó adelante un plan que en su esencia respondía a un heterogéneo conjunto de fuerzas que en su polo dominante representaban a la burguesía monopolista industrial, la gran burguesía exportadora e importadora y la gran burguesía nacional industrial. Ese golpe agrupaba fundamentalmente a sectores de la burguesía industrial y dentro de ella a aquellos con suficiente capacidad financiera y tecnológica para salir indemnes y/o apropiarse de mercados en el proceso de acumulación intensiva de capital de origen predominantemente interno que el golpe de 66 tenía planificado ejecutar.
El plan de Krieger Vasena, se proponía una transición hacia el desarrollo de la industria pesada y la infraestructura necesaria. El proyecto recibió el apoyo del FMI (stand by por 125 millones de dólares en marzo de 1967) y del gobierno de Estados Unidos.
La crisis comenzó cuando no se pudo mantener la estabilidad de los precios internos de los productos agropecuarios, que fueron en progresivo aumento. Los signos fueron inflación creciente, recesión y las economías regionales en crisis y estado termina.
Ese proceso afectó especialmente a la clase obrera y a los asalariados en general, a la pequeña burguesía, a la burguesía media industrial especialmente del interior, y a la burguesía agropecuaria no ligada al gran capital de posiciones monopolistas en el comercio y la industria exportadora.
Pero además, el particular estado de la situación, desarrollo una restricción al mercado interno y también un desarrollo de las fuerzas productivas con acumulación de capitales en la infraestructura (puentes, caminos, energía, etc.) y en algunos sectores de la industria pesada.
Esa restricción del mercado interno y la disminución de la capacidad de la compra de bienes de uso por la población afectaron a sectores de la pequeña burguesía comercial y de la burguesía industrial media y menor que sufrieron fácilmente la absorción de los grandes capitales. Así se desarrolló un proceso de concentración y centralización en una forma más aguda de lo que es habitual como ley general del capitalismo, las cifras de las quiebras fueron un índice muy elocuente de esto.
El gobierno de Onganía venía a terminar de imponer, en forma más planificada un proceso económico que se estaba produciendo en forma espontánea, al margen del carácter de clase de los distintos gobiernos del 52 en adelante.
A los ideólogos de la “Revolución Argentina” no se les escapaba que ese era un proceso largo que requeriría el cumplimiento de ciertos requisitos económicos y que además, necesariamente, las medidas que el capitalismo debía adoptar agudizarían aún más, las ya tensas relaciones entre las clases especialmente entre la burguesía y el proletariado.
Prueba de ello fueron las primeras medidas que tomó el gobierno de Onganía como la sanción de un conjunto de leyes represivas que preparaba el dispositivo jurídico del Estado para enfrentar el proceso que se vivió y del cual se tenía plena conciencia. En los hechos prepararon el aparato estatal tanto en el aspecto legal como en el policíaco-militar, para situaciones como amotinamientos, levantamientos populares, protestas masivas.
La puesta en marcha de la política del gobierno, llegó en poco tiempo a expresar en una serie de hechos su verdadero carácter, disipando rápidamente el estado de expectativa generado en un primer momento. La intervención a las universidades, la ofensiva contra los portuarios, azucareros, petroleros, y la pequeña burguesía, especialmente en la centralización del crédito y las restricciones para esos sectores (ley de cooperativas de créditos, etc.).
La situación generada globalmente tuvo rápida expresión, en el plano económico, en las luchas sindicales que se fueron desencadenando y en el plano político donde se produjo la radicalización espontánea y progresiva en la conciencia de las masas.
4. El sindicalismo desde el golpe del 66 al Congreso normalizador de la CGT
Como hemos comentado, gremialistas como Vandor, Coria y Alonso conspiraron activamente para el derrocamiento de Illia. Luego, su presencia en la asunción del gobierno dictatorial, y posteriormente a los pocos días, la firma del convenio de los metalúrgicos en la Casa de Gobierno, fue otro símbolo, de la relación de Vandor con los militares golpistas.
Entre las primeras medidas tomadas por la dictadura que afectaron a la clase obrera estuvo la suspensión por cuatro meses del decreto 969/66, dictada por el gobierno de Illia, devolviendo la personería gremial a varios sindicatos que habían sido sancionados durante el gobierno radical. Posteriormente, se promulgó la ley 16.936 de “arbitraje obligatorio”, medida duramente criticada por los sindicalistas, ya que la misma limitaba el derecho de huelga. Además, Onganía ordenó que fuesen intervenidos varios gremios como el Sindicato de Prensa y Canillitas, Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Trabajadores del Pescado de Mar del Plata, Municipales de Córdoba, Empleados del Tabaco.
La política antipopular que llevó a cabo el gabinete económico, más la represión que se ejerció a los reclamos obreros, hicieron añicos el galanteo entre los sindicatos y el gobierno. En distintas provincias del país, se iniciaron protestas obreras que de a poco inauguraron un tiempo de sangre y plomo.
La policía, siguió reprimiendo varias manifestaciones de trabajadores: como la de Luz y Fuerza de Buenos Aires, o la de los gremios del riel: La Unión Ferroviaria y La Fraternidad. Los desocupados comenzaron a pulular como resultado del despido de miles de trabajadores. La FOTIA (Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera) en Tucumán, por tal motivo, decidió convocar a una huelga. Córdoba no se quedó atrás, y a fines de enero de 1967 los obreros de la fábrica de automóviles IKA (Industrias Káiser Argentinas), dieron inicio a los paros al conocer que 950 operarios habían quedado sin trabajo.
En febrero, la CGT presionó al gobierno anunciando un plan de lucha. Pero los militares contraatacaron con rapidez: se denunció la existencia de un plan terrorista, se interrumpió el diálogo con la central obrera y se suspendió la personería gremial de varios gremios (FOTIA, Unión Ferroviaria, UOM, FOETRA y otros). El plan de lucha planteado naufrago.
Cuando a escasos días de su asunción el gobierno, registraba entre sus medidas la disolución de los partidos políticos y de intervención a las universidades nacionales, muchos se preguntaron con los matices lógicos ¿por qué no la CGT? La “revolución” estaba cumpliendo un compromiso, y en virtud de ello, la central obrera se negaba a tomar partido en el problema universitario y apoyaba sin reservas la disolución de las agrupaciones políticas.
Mientras tanto, la Universidad que durante años había sobresalido por la excelencia académica y los niveles de las investigaciones fue acusada desde la derecha política por la politización de los claustros de profesores y estudiantes, un excesivo presupuesto, y fue bautizada como “la cueva bolchevique”. Se produjo la intervención y la famosa “noche de los bastones largos” con la represión abierta para docentes y estudiantes en la Universidad de Buenos Aires.
En Córdoba uno de los principales centros universitarios del país la lucha se inició desde el mismo día de la asonada militar. A los pocos meses, luego de una asamblea y movilización que fue reprimida, cayó herido el estudiante-obrero Santiago Pampillón que luego de varias jornadas de agonía falleció el 7 de septiembre de 1966. Inmediatamente, el secretario de Prensa del gobierno nacional declaró que “El gobierno dispone de instrumentos legales y de fuerza para proceder. Y comienza a hacerlo con toda decisión. De lo que no dispone más es de paciencia”. Y finalizó subrayando “la resolución del gobierno de obrar con la energía que requiere el deber de contener el desorden que se ha provocado. Lamenta las víctimas en la policía (que no las había) y las víctimas de los provocadores. Y lamenta las víctimas que vendrán, porque a partir de ahora no se admitirá ese desorden”. Todo un pronunciamiento de lo que sucedería en el país en los años venideros.
Mientras que en el mundo de los trabajadores, la designación de Rubens San Sebastián para la Secretaría de Trabajo, a mediados de octubre 1966, constituyó un rudo golpe para los sectores “rupturistas”, y a partir de ese instante se ratificó y robusteció el compromiso de “conciliación”. Dentro de la CGT el compromiso fue piloteado por Vandor, que estaba al frente de las 62 Organizaciones, y de esa manera lograba consenso entre los gremios “no alineados” e “independientes”. El gobierno buscaba un “pacto social”, pero cuando se promulgó la ley de arbitraje obligatorio, muchos creyeron ver un acto de fuerza, pero la CGT lo recibió con serenidad.
Los anunciados reordenamientos portuarios y ferroviarios, para modificar la infraestructura de los puertos (reequipamiento) y de los ferrocarriles (transformación del sistema de transporte) provocaron sendos conflictos. Se agregaron a los conflictos los azucareros tucumanos.
A pesar de las expectativas y del apoyo de los jerarcas sindicales hacia el nuevo gobierno, producto de las disposiciones tomadas en materia de legislación laboral y del plan económico, sectores del sindicalismo respondieron con paros como en General Motors, empleados de farmacia, lecheros, papeleros, textiles, metalúrgicos, transporte, portuarios, maestros, construcción.
En Tucumán los enfrentamientos de los obreros de los Ingenios azucareros, con las patronales y la política impulsada desde el gobierno llevaron a la ocupación de diferentes empresas, manifestaciones, asambleas, hasta choques armados, lo que originó una fuerte represión, con la trágica muerte de Hilda Guerrero de Molinas.
Desde mediados de octubre se llevó adelante durante más de dos meses una huelga portuaria, contra la racionalización del personal, nuevas reglamentaciones del trabajo. Los dirigentes de la CGT no los apoyaron ni se solidarizaron con los huelguistas. Durante el conflicto se realizaron manifestaciones, actos y se instalaron dos comedores para portuarios funcionaron en Dock Sur y La Plata. Con el gremio intervenido, muchos trabajadores fueron despedidos, y la CGT reaccionó demasiado tarde y convocó a un paro general para el 14 de diciembre.
En medio del clima creado por la huelga portuaria se convocó al Comité Central Confederal de la CGT para el 30 de noviembre. Allí se vio que dirigentes de importantes federaciones ya no adherían a lo que se llamaba la “expectativa esperanzada” en el gobierno de Onganía.
El propio Vandor tuvo que confesar que “después del discurso del presidente hemos visto claramente la pata de la sota, y no tenemos ningún tipo de esperanzas”. Lorenzo Pepe, de los ferroviarios, agregó “Ante la política de libre empresa del gobierno, los trabajadores debemos plantearnos nuestros propios objetivos y salir a la lucha”.
De esa manera se llegó al primer paro general a nivel nacional durante el gobierno de Onganía, el 14 de diciembre de 1966. La medida se acató en las fábricas industriales, el comercio, los bancos, los ferrocarriles. La CGT no propagandizó la huelga, y algunos de sus dirigentes, como Vandor, Prado y Cardoso, tergiversaron sus objetivos, haciendo creer que era para apoyar a los “hombres buenos” del gobierno y repudiar a los “malos”.
La CGT decidió a principios del 67, dos medidas que terminaron en un rotundo fracaso como fueron el Plan de Lucha del 22 de febrero y el paro general del 1º de marzo. La dictadura contestó con dos medidas: la intervención de más gremios, entre otros la UOM, Unión Ferroviaria, Sindicato Único Petroleros del Estado y reflotó el decreto 969/66 de Illia.
La agresión hacia las conquistas históricas de la clase obrera continuó en los años venideros. Agustín Tosco las sintetizó en estas líneas “retiro de personería a sindicatos, desconocimiento de las representaciones laborales en organismos del estado, imposición del arbitraje obligatorio, anulación del salario mínimo, vital y móvil, legislación contra el derecho de huelga, anulación de la ley 1884 de indemnización reduciendo sus montos a la mitad, cesantías, suspensiones, rebajas, de categorías, pérdidas de salario, suspensión de la estabilidad en varias convenciones colectivas de trabajo: aumento de la edad para jubilarse y régimen de alquileres de libre contratación”.
Luego, del fracaso de las iniciativas de la central obrera a comienzos del 67, creció la relación de los sindicatos colaboracionistas con el gobierno. Por su parte, Vandor decidió dar batalla por la conducción del peronismo, y lanzó su célebre frase: “para salvar a Perón, hay que estar contra Perón”.
La CGT debió efectuar una suerte de modificación para delinear una nueva estrategia. Así es como las dos alas de las 62 Organizaciones se unificaron bajo la hegemonía de Vandor, pero surgió un sector llamado “Nueva Corriente de Opinión”, liderado por José Alonso (del Sindicato del Vestido), Rogelio Coria (de la Construcción) y Juan José Taccone (de Luz y Fuerza), que planteaban dejar de lado los métodos de presión y colaborar abiertamente con el régimen militar.
Citado el Congreso Normalizador de la CGT, “Amado Olmos”, para los días 28, 29 y 30 de marzo de 1968, las distintas corrientes del movimiento obrero chocaron entre sí. El lugar elegido fue la sede de la Unión Tranviarios, al que asistieron 290 delegados sobre 447 en condiciones de participar, de 39 federaciones.
La gran mayoría de los delegados, presionadas por las bases, concurrieron con un espíritu de legítima hostilidad hacia los jerarcas colaboracionistas y participacionistas. Éstos comprendieron que serían repudiados, y no se presentaron. Los congresales de Luz y Fuerza, construcción, metalúrgicos, comercio, vitivinícolas, petroleros y otros recibieron orden de no concurrir con el fin de frustrar el quórum e imponer la postergación del Congreso.
La Comisión de Poderes, desafiando las pretensiones del gobierno, aceptó las credenciales de los delegados de los gremios intervenidos: Unión Ferroviaria, químicos, prensa, portuarios, telefónicos y azucareros.
La Comisión de Delegados sostuvo que el congreso no era lo bastante representativo para sesionar, pero la protesta generalizada de la sala obligó a presidir el congreso. Posteriormente se retiraron nueve miembros de esa comisión, lo mismo que los delegados del vestido, aguas gaseosas, SOEME y madera.
El Congreso Normalizador de la CGT se transformó en una verdadera batalla contra la dictadura, contra el participacionismo y el colaboracionismo de los burócratas. En él tuvieron cabida las aspiraciones de lucha de los trabajadores, y su voluntad de impulsar la lucha antidictatorial.
Tanto vandoristas como participacionistas se valieron de una “chicana” política (según éstos, sólo podían concurrir los sindicatos en condiciones estatutarias) y la CGT quedó definitivamente quebrada en dos partes. Se retiraron del congreso tanto vandoristas como colaboracionistas, constituyendo la “CGT de Azopardo”, que paso a ser la “CGT oficialista y colaboracionista”, mientras que el resto de los gremios conformaron la CGT de los Argentinos (CGTA) o de Paseo Colón.
Los participacionistas levantaron la consigna “Primero la unión, después la lucha”, mientras que la CGTA comandada por Ongaro, les respondieron planteando “Primero la lucha, después la unión”.
La dirección de la CGTA quedó integrada entre otros por: secretario General, Raimundo Ongaro (Gráfico); secretario Adjunto, Amancio Pafundi (UPCN); secretario de Hacienda, Patricio Datarmine (Municipal); Prosecretario de Hacienda, Enrique Coronel (La Fraternidad); secretario Gremial e Interior, Julio Guillán (Telefónico); sec. de Prensa, Cultura, Propaganda y Actas. Ricardo De Luca (Navales); secretario de Previsión Social, Antonio Scipione (Ferroviario); Vocales: Pedro Avellaneda (ATE), Honorio Gutiérrez (UTA), Salvador Mangare (gas del Estado), Enrique Bellido (Ceramista).
Todo el conglomerado de fuerzas políticas, sindicales y estudiantiles que se expresaron en la CGTA lo hicieron tras un programa antiimperialista, antimonopolista y antioligárquico.
Rodolfo Walsh y Ongaro en la CGTA
Sus principios económicos, sociales y políticos quedaron de manifiesto cuando dieron a conocer su “Mensaje a los trabajadores y el pueblo. Programa del 1º de Mayo de 1968”, que siguió el camino de otros documentos del sindicalismo como el de La Falda (1957) y el de Huerta Grande (1962). El que pasaría a ser un documento histórico de la clase obrera, fue ampliamente divulgado entre los sindicatos, activistas gremiales y políticos, fue redactado por Rodolfo Walsh, mientras que Ongaro le dio los últimos retoques.
El 1º de mayo de 1968, la CGTA, presentó el programa en un acto encabezado por Raimundo Ongaro y Agustín Tosco, en el Córdoba Sport Club. Una de las sorpresas del acto fue la presencia del ex-presidente Arturo Illia, que se abrazó con Ongaro y Tosco ante los aplausos de los concurrentes.
La CGTA aglutinó a distintos sectores que reflejaban el pensamiento de distintos agrupamientos y de la base social obrera. Entre las distintas posiciones se destacaron:
*.-Direcciones sindicales, que eran expresión consciente de sectores de raíz ideológica nacionalista, que se enrolaban en el “peronismo duro” como telefónicos, sanidad, etc.
*.-Direcciones sindicales influenciadas por la burguesía liberal, como el radicalismo y la pequeña burguesía reformista liberal como los socialistas democráticos, expresados en ferroviarios (Scipioni), viajantes (Arrausi), etc.
*.-Sectores sindicales que respondían a la política del Partido Comunista
*.-Grupos políticos que reflejaban la conciencia de la pequeña burguesía radicalizada, que pese a las mejores intenciones, no escapaban a la influencia del Partido Comunista Revolucionario (PCR), Partido Revolucionario de los Trabajadores, ex Movimiento de Liberación Nacional, etc.
*.-Direcciones sindicales ideológicamente socialcristianos, políticamente vinculados a sectores del peronismo como el ongarismo en el movimiento obrero, la UNE en el movimiento estudiantil, sacerdotes del Tercer Mundo, etc.
“Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra” y “Unirse desde abajo y organizarse combatiendo”, fueron las consignas que encarnaron el espíritu que dio origen a dicha central. En sus años de existencia efectiva, intentó ser un lugar de confluencia de distintas expresiones sindicales, políticas y culturales.
La huelga portuaria que había empezado algo antes del nacimiento de la CGTA, la de los petroleros de Ensenada en septiembre y octubre de 1968, las luchas de los trabajadores de los ingenios de Tucumán y las movilizaciones sociales en Tucumán y Rosario tuvieron a la central como instrumento de apoyo activo.
El 30 de junio de 1969, un comando ingresó en el local central de la Unión Obrera Metalúrgica y dio muerte al “Lobo” Vandor. Horas después, el gobierno ocupó militarmente la Federación Gráfica Bonaerense y designando un interventor a su frente, haciendo lo mismo con la mayor parte de los sindicatos integrantes de la CGTA. Sus principales dirigentes, con Ongaro a la cabeza, compartieron la cárcel con Agustín Tosco y Elpidio Torres, los dos líderes del Cordobazo.
De allí en más, la CGTA ingresó en una etapa de luchas constantes, así como en un proceso de lento desgaste de su poder organizativo. Se trataba de un desgaste que era a la vez de transformación. Sus cuadros de dirigentes, sus activistas, van integrándose en otras formas de lucha, en organizaciones políticas y en organizaciones armadas. El propio Ongaro, Di Pasquale y algunos otros dirigentes aparecerán, cuatro años después, integrando la conducción nacional del Peronismo de Base.
En las calles comenzó a vocearse “Ni Golpe, Ni Elección, Revolución”, el odio antidictatorial creció y llegarían los “Azos del 69” estallando por todo el país, teniendo a la clase obrera y al pueblo, como protagonistas. La lucha de clase creció y creció, y la sociedad argentina ya no volvería a ser igual. Eso será tema de otra nota.
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