Foto: Emmanuel Macron junto a Gérard Collomb
El Parlamento francés aprobó este miércoles por la noche el proyecto de ley sobre inmigración que busca acelerar la expulsión del país de los inmigrantes y refugiados, aunque cínicamente la ley incluya mejorar las condiciones de acogida e inserción de quienes estén en situación regular. La nueva ley sustituye a la ley de inmigración aprobada por el gobierno de Francois Hollande en 2016, ya caracterizada por sus aspectos represivos, en el contexto de los ataques terroristas en París que desataron una verdadera caería de brujas sobre la población inmigrante.
El texto fue adoptado por 100 votos a favor, 25 en contra y once abstenciones en su lectura definitiva en la Asamblea Nacional, dominada por el partido del presidente, Emmanuel Macron, La República en Marcha. En abril ya había logrado la aprobación en primera lectura.
La nueva ley reduce de cuatro meses a tres el plazo para presentar una demanda de asilo, de once a seis meses el margen para tramitar las peticiones y de un mes a dos semanas el previsto para presentar un recurso.
Además, aumenta de 45 a 90 días el periodo de retención para aquellos en proceso de expulsión. El mayor control a los inmigrantes incrementa también de 16 a 24 horas el tiempo en el que una persona puede estar retenida hasta que se verifica su documentación.
Además exige a los niños nacidos en la isla de ultramar de Mayotte, antes de concederles la nacionalidad, que uno de los padres haya estado en situación regular en el territorio nacional al menos tres meses en el momento de nacimiento, limitando los más elementales derechos de los niños y niñas.
El ministro del Interior, Gérard Collomb, en un intento poco fructuoso de maquillar la política persecutoria contra los inmigrantes, afirmó hoy que esta norma "permitirá superar el desafío migratorio sin renunciar a los grandes ideales de la República, preservando el derecho al asilo y acordando nuevas protecciones a los más vulnerables". E indicó en un comunicado que sus disposiciones entrarán en vigor entre los próximos 1 de enero y 1 de marzo.
Una de sus novedades más destacadas es que la ayuda al transporte y a la estancia de los extranjeros en situación irregular, que constituían el llamado "delito de solidaridad", ya no estará penada si se demuestra que es desinteresada.
Para algunas como la organización humanitaria Cimade, a pesar de las modificaciones efectuadas desde la presentación en Consejo de Ministros el pasado febrero, la filosofía del texto no ha cambiado y es "peligrosa" porque "consagra una verdadera caída de los derechos para los extranjeros".
En febrero, el gobierno había presentado el proyecto de ley llamado “Circular Collomb”, que generó manifestaciones y huelgas convocadas por el personal de la Corte Nacional de Derecho de Asilo en Francia, y la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas, ambas responsables de la tramitación de solicitudes.
En 2017, más de 100.000 personas solicitaron asilo en Francia, un 17 % más que 2016, y otras 85.000 fueron rechazadas en la frontera del país. Además, el gobierno de Macron expulsó a un 14,6 % más de extranjeros que en 2016, para situarse en un total de 14.859, frente a los 12.961 precedentes, según informó el propio Ministerio del Interior.
Francia, junto con el resto de las potencias imperialistas europeas, viene fortaleciendo la cruzada antinmigratoria, exacerbando la xenofobia y la islamofobia. Esta nueva ley no es más que el “broche de oro” de la política del macronismo que tomó la agenda de la extrema derecha del Frente Nacional para perseguir a los inmigrantes y refugiados que llegan al país, escapando de las guerras y la miseria a las que son sometidos por esas mismas potencias en sus países de origen. | 
