Desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial de México, múltiples organizaciones sociales se han acercado a él para establecer una serie de demandas, las cuales tienen un carácter democrático y se esperaría que el nuevo presidente electo las escuchara para darles solución. Una de esas demandas es la derogación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual tiene un carácter profundamente reaccionario y represivo.
En una entrevista que concedió Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de Gobernación, ésta aseguró que el gobierno de López Obrador no buscará abrogar esta ley, ya que esperarán a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo haga en sus atribuciones legales.
Por su parte el frente de organizaciones que conforman Seguridad Sin Guerra replicó que la LSI vulnera los derechos humanos y las garantías individuales y que sería mejor que desaparezca.
Por ejemplo, Ixchel Cisneros, directora de Cencos (Centro Nacional de Comunicación Social AC) una de las asociaciones que son parte de Seguridad Sin Guerra, señaló que: “Podría ser que la Corte sólo quitara algunos artículos que son evidentemente inconstitucionales, pero dejarán lo demás. Nos preocupaba mucho”. Además dijo otra cosa que es fundamental, y que tienen que ver con la voluntad popular, ya que:
“Teniendo mayoría en el Congreso, (Morena) tendría la capacidad de sacar una ley distinta y abrogar la de Seguridad Interior, que es una de las solicitudes de las víctimas. Está bien respetar el proceso de la Corte, pero ellos también podrían incidir, haciendo su trabajo aparte. Podrían pensar en otra ley distinta”.
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior
El conjunto del régimen encabezado por el PRI, aprobó esta ley en medio de un clima de rechazo generalizado y de protestas contra ella. Diversas organizaciones civiles de derechos humanos, así como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional se pronunciaron en contra de su entrada en vigor. Ya que consideraron que tenía una serie de preceptos que eran violatorios de los derechos humanos, incluyendo ambigüedades que facultan a la autoridad para que haga una arbitraria interpretación de la ley.
En esta ley se legaliza y coloca como permanente la presencia del ejército en las calles, se contempla la modificación del artículo 29, lo cual permite la suspensión de derechos y garantías, y se determina de forma discrecional los “peligros” para la paz del país. Utilizando conceptos como “seguridad interior”, “acciones de seguridad interior”, “amenazas a la seguridad interior”, “riesgo a la seguridad interior”, reglamentado por otros como: “uso legítimo de la fuerza” los cuales son tan generales que dejan una total discrecionalidad la aplicación de la fuerza en manos de la autoridad.
Al parecer AMLO y su equipo no están interesados en que el ejército sea devuelto a sus cuarteles, dejando que los abusos y crímenes cometidos por soldados y marinos continúen reproduciendo hechos trágicos como la matanza de Tlataya o su complicidad en la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
También hay que recordar que muchos de los opositores a la LSI votaron por AMLO y sus colaboradores pensando que este representaba un cambio, y que éste podría solicitar la abrogación de dicha ley. Sin embargo están mostrando mayor compromisos con otros sectores -esta semana se han visto muy accesibles con los empresarios- y no parecen puestos en cumplirle a sus electores. Misma situación que estamos viendo en su campaña de "amnistía" en la que no parecen escuchar los reclamos que exigen ¡ni perdón ni olvido!
El antecedente de AMLO con las leyes represivas
El primero de diciembre de 2012, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, las fuerzas del orden tanto a nivel federal como de la Ciudad de México realizaron un montaje para perseguir y criminalizar las protestas del movimiento #YoSoy132.
En aquella ocasión la policía de la capital bajo las órdenes de Marcelo Ebrad, quien entonces era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Manuel Mondragón y Kalb, quien pasó aquel día de un mando estatal a uno federal para dejar así un vacío de responsabilidad, encarcelaron a 104 personas con cargos falsos.
La ley usada en aquella ocasión para realizar aquellas arbitrariedades fue el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, “Ataques a la paz pública”, un artículo que fue aprobado en la Asamblea Legislativa en el 2001, propuesto por AMLO cuando era jefe de gobierno. El hoy presidente electo no tuvo necesidad de hacer uso de dicho artículo -gracias a la elección tersa que se dio- sin embargo, cuando éste fue utilizado para atacar a los jóvenes que protestaban por la toma de posesión de EPN, guardó silencio.
Los Foros de “Pacificación y Reconciliación Nacional”
López Obrador en la vía de los hechos se está negando a escuchar a las organizaciones de derechos humanos y a las víctimas, ya que la Ley de Seguridad Interior es una continuidad de la “Guerra contra el narcotráfico” iniciada por Felipe Calderón y seguida por EPN, se han dejado de lado los reclamos de los defensores de derechos humanos así como los afectados. Los Foros para la Pacificación y Reconciliación Nacional han resultado completamente insatisfactorios para los denunciantes, ya que tanto en Ciudad Juárez, en Torreón y Morelia sus participantes han rechazado el “olvido no, perdón si” del gobierno entrante.
Precisamente lo que quieren todos los afectados por la violencia es que termine y se investiguen los hechos de manera objetiva, para señalar y castigar a los responsables de los terribles crímenes cometidos y a las autoridades encubridoras.
Aquí la línea que se puede observar, es que el nuevo gobierno de Morena no va a cambiar significativamente la situación del país en materia de seguridad, ya que mientras se niega a dar marcha atrás a las leyes represivas le solicita a las victimas el perdón, además les pide que otorguen este perdón por anticipado.
Y es que una autentica pacificación necesitaría por un lado una acceso expedito a la justicia y por otro, que todos los instrumentos que han servido para perpetrar la violación de los derechos humanos, sean eliminados. Es por ello que es una exigencia muy importante la abrogación de la LSI, si el gobierno de López Obrador quisiera hacer efectiva uns de las principales promesas de campaña ¡Aquí va a haber justicia! tendría que ser una tarea primaria acabar con todos esos mecanismos. | 
