La agencia de noticias del Poder Judicial de la Nación difundió un informe del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Claudio Bonadio, sobre el estado en el que se encuentra la causa abierta por corrupción a raíz de los cuadernos de Oscar Centeno.
Allí se indica que "la información aportada (...) da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".
La elección de las fechas no es casual. Según las declaraciones de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, este sistema delictivo habría empezado a funcionar a partir del 2004 y una de las empresas que habría formado parte del "club de la obra pública" era Iecsa que hasta el 2007 fue propiedad de Franco Macri y sus hijos, incluido el presidente Marucio Macri, y que luego vendió a su sobrino Ángelo Calcaterra.
El informe indica que "se obtuvieron indicios que ’prima facie’ permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho (8) años –cuanto menos–, Roberto Baratta (Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (Secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de la firma “Energía Argentina S.A. –“ENARSA”–), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".
Una arbitrariedad más que queda al descubierto en esta causa llevada adelante por el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, ambos de estrecha relación con el oficialismo.
Del “club de la obra pública”, cuyos orígenes hay que buscarlos a mediados de los ’70 con el surgimiento de la famosa“patria contratista”, se enriquecieron por igual tanto oficialistas como opositores.
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