La “estabilización” y el “déficit fiscal cero”: otra de las vías de hacernos pagar la crisis
Lo que está en juego es si la profunda crisis nacional la vamos a seguir pagando los trabajadores y sectores populares, o si podemos resistir, ponerle límites a esos planes, y pelear con toda la fuerza de la clase obrera las demandas y medidas que representen nuestros intereses. Ya llevamos años pagando un desastre del que no somos responsables, mientras el gobierno y los capitalistas privados se pelotean la responsabilidad de la crisis, pero invariablemente siguen haciéndosela pagar al pueblo.
Todos estos años hemos estado pagando la crisis por la “vía inflacionaria”, condenados a una pulverización del salario, con severa escasez y hasta hiperinflación, producto de la combinación de las políticas del gobierno y el interés de lucro empresarial: la reducción drástica de los recursos para importaciones (de alimentos, medicinas, bienes para la producción) a cambio de destinar millones de dólares al pago de la deuda externa; el gran saqueo de la renta petrolera, con entre 350 y 500 mil millones de US$ fugados al exterior por el conjunto de la clase capitalista criolla (tanto chavistas como opositores, y altos jerarcas del gobierno), mientras aquí faltan esos recursos; el interés de ganancia empresarial que se impone por sobre cualquier otra consideración, en los precios y en las decisiones sobre la producción. Todo eso sumó para el cuadro de escasez e hiperinflación descontrolada.
Ahora, el gobierno promete ir a una supuesta “recuperación y estabilización” que incluye una política de “déficit cero” (que el Estado deje de gastar más de lo que le ingresa), dentro de la cual se incluye toda esta “reorganización salarial”. Pero la verdad es que los ingresos obreros y populares siguen sometidos a una inflación implacable, y esta política actual implicará mayores sacrificios para los trabajadores y el pueblo, y no será sino otra de las vías de seguir descargando la crisis (o la supuesta “recuperación”) sobre nuestras condiciones de vida.
"Mejorar los ingresos del Estado"… golpeando (¡más!) los derechos de los trabajadores
El gobierno ha decretado la exoneración de impuestos a amplios sectores del capital, tanto trasnacional como nacional: a los del área petrolera, a los exportadores, a los que importen bienes relacionados con la producción, a los que traigan a invertir algo de todo lo que fugaron, y a los de las “Zonas Económicas Especiales”. Al tiempo que se propone seguir pagando religiosamente la deuda externa.
Adivinemos entonces, ¿cómo es que alcanzará el “déficit cero”?: aumentó el IVA (que es un impuesto indirecto al salario), aumentó a precios internacionales la gasolina, oficializó una megadevaluación del bolívar (con lo que consigue obtener más bolívares por cada dólar), tiene pendiente el aumento de los servicios públicos (luz, agua, telefonía, gas), y ahora pretende avanzar en cercenar derechos de las contrataciones colectivas del sector público, para “ahorrar gastos”. ¿Quién seguirá pagando el costo de estas políticas? La clase trabajadora y el conjunto del pueblo pobre.
El gobierno venía desde hace años frenando la discusión de los nuevos contratos colectivos, con varios años de vencimiento, o maniobrando para discutirlos solo con burocracias sindicales subordinadas al gobierno que pactaban contratos por debajo de las necesidades reales. Ahora sale con esta.
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La mentira del “se van a respetar todos los derechos de las contrataciones colectivas”
Días después de anunciar el aumento del salario mínimo el gobierno circuló un “instructivo” para la aplicación de las tablas de la administración pública y señalaba que los derechos de los contratos colectivos eran “sagrados”. Lo mismo siguen diciendo aún sus voceros, muchos de los cuales son “constituyentes obreros”. Sin embargo, la realidad que vivimos los trabajadores del sector público, tanto en la administración pública como en las industrias y los servicios (educación, salud, etc.), es que los pagos se están haciendo sin cumplir cabalmente con los derechos adquiridos en los contratos, convenciones o actas convenio.
Por lo visto hasta ahora, el gobierno maneja las opciones de eliminar escalas salariales, bonos y otros derechos, o “cumplir” solo formalmente, es decir, mantener la tablas o bonos pero imponiendo montos y condiciones diferentes a los establecidos (por supuesto, a la baja), lo que en los hechos es violentar su contenido.
La trampa del falso “igualitarismo”
Hay un intento de aplanamiento de los salarios hacia abajo. La diferencia del salario básico entre el menor y el mayor de las tablas pasaría a ser de 1 a 1,5 (de un salario mínimo de menos de 30 dólares al mes, es decir, menos de un dólar diario). Así mismo, el ticket de alimentación se redujo drásticamente a un 10% de ese mínimo (es decir, alcanza apenas para comprar un cartón y medio de huevos al mes, ¡por ahora!). Los complementos establecidos en las contrataciones (bonos y primas) están “en revisión”.
La maniobra discursiva es que esto buscaría superar diferencias indeseables entre los salarios, en alusión a un supuesto “igualitarismo”, que por eso son tablas salariales “justas”. Es la misma idea tras la cual pretenden justificar la mutilación de las otras conquistas de las contrataciones colectivas, conquistas que son la manera en que sectores de la clase obrera hemos logrado complementar el salario o aspectos de nuestras necesidades personales y familiares. Así, lo que no es sino un intento de suprimir conquistas y “aplanar a la baja” los salarios –como parte de un paquetazo capitalista, antiobrero y de entreguismo al capital trasnacional–, lo pretenden justificar con ese contrabando ideológico de falso “igualitarismo”… ¡como si en el país los empresarios, banqueros, comerciantes, políticos de la oposición y burócratas del gobierno fueran también a depender de este tipo de salarios!
Una importancia no solo en el plano económico
La gran importancia que tiene hoy para el conjunto de la clase obrera la defensa de estas conquistas no es solo la evidente lucha por evitar mayores desmejoras económicas, sino que además está en juego si se va a imponer con mayor brutalidad esa lógica de que es el gobierno/patrón quien decide por su propia cuenta cuáles deben ser y cuáles no los derechos de los trabajadores, sin que los propios trabajadores tengan derecho a opinión alguna.
La respuesta oficial es que los derechos de las contrataciones están en “etapa de revisión y reajuste”… ¿pero quién los está “revisando” y “reajustando”? ¡El gobierno! Dicen que este esquema salarial es “superior a cualquier beneficio establecido en la mejor contratación colectiva”… ¿de quién es esa opinión, de los trabajadores? ¡No, eso es lo que opina el gobierno con su total arbitrariedad y autoritarismo!
Si esto se logra imponer sería un fuerte retroceso histórico del movimiento obrero venezolano. Las contrataciones colectivas son una conquista de décadas de luchas del movimiento obrero organizado, que han costado múltiples procesos de organización, de luchas, de resistir persecuciones, despidos, represiones, cárceles y hasta muertos.
Mediante arduas luchas, sectores de la clase obrera han conquistado el derecho a sentarse con los patronos a discutir las condiciones salariales y las reivindicaciones, en lugar de que el patrono por su propia cuenta decida según le venga en gana. El gobierno pretende un retroceso en eso, quiere que lo que conquistaron los trabajadores mediante sus luchas se entregue para que el gobierno lo modifique a su gusto.
Eso sería retroceder décadas, y no afectaría solo a los trabajadores del sector público, ni solo a los sectores organizados y con contratos colectivos. Por un lado, porque si el patrón público (que en nuestro país aglutina a los principales contingentes del proletariado nacional: petroleros, hierro, aluminio y acero, hidrológicas, eléctricos, educación y salud, administración pública, parte de la banca, etc.) logra avanzar en este sentido, por supuesto alentará al sector privado a pisotear también estos instrumentos de negociación colectiva. Y por el otro, será más cuesta arriba aún conquistar contratos colectivos o derechos similares para aquellos sectores del movimiento obrero que no cuentan con los mismos, pues se estaría instalando la legalidad que los patronos tienen derecho a imponer sus condiciones, aún pasando por encima de aquellos sectores más organizados y con mejores conquistas.
Implicaría un nuevo cambio regresivo en la correlación de fuerzas entre el conjunto de la clase obrera frente a todos los patronos y al capitalismo como sistema de explotación del trabajo asalariado.
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Coordinemos y unifiquemos las luchas de los trabajadores por los objetivos comunes
Si hasta antes de los anuncios económicos y salariales del gobierno, la demanda de un salario igual a la canasta básica ajustado periódicamente a la inflación, venía siendo tomada cada vez por más sectores y tenía la potencialidad de cumplir el papel aglutinante de las diversas luchas, hoy a esta demanda, que mantiene plena vigencia, se incorpora esta cuestión central de la defensa de la contrataciones colectivas. Alrededor de la misma se puede comenzar a tejer en concreto la muy necesaria unidad de acción en la lucha.
Son varios los sectores que se alistan en pie de lucha para esta pelea, los de las empresas básicas del hierro, el acero y el aluminio en Guayana, los de la salud y la educación, incluyendo el sector universitario, hasta algunos sectores de la administración pública. Asambleas, declaraciones y reuniones preparativas de cada sector se vienen dando, y hay tendencias a coordinarse. En las empresas básicas se han expresado en declaraciones comunes de dirigentes de varias empresas, en las universidades, el Comando Interfederativo (conformado por varias federaciones y sindicatos) hizo un llamado a los diferentes sectores de trabajadores a plantearse una marcha común por la defensa de los contratos, y en una manifestación los trabajadores de la Cancillería llamaron a los del sector público a unirse tras esta misma demanda.
Están dadas las condiciones para que se concreten en el corto plazo reuniones de coordinación entre los diversos sectores, que preparen medidas de lucha comunes y Encuentros de Trabajadores, con representación tanto los dirigentes sindicales como los trabajadores y trabajadoras en lucha, electos como delegados para estos espacios por la base en cada lugar de trabajo.
Si damos pasos concretos en esta perspectiva es posible pararle la mano al intento de imponer este retroceso histórico, y posicionarnos mejor para ir por más.
Separar la paja del trigo
No podemos dejar de señalar aquí, así sea breve, la necesidad de delimitar claramente las luchas y demandas de los trabajadores, de la política de aquellos sectores de la oposición de derecha que son tan patronales como el gobierno, el PSUV y la burocracia sindical chavista de la CBST, pero que pretenden aprovechar el hecho de que esta lucha de los trabajadores por los contratos enfrenta fundamentalmente al gobierno, para sus propios objetivos contra el gobierno.
Nos referimos sobre todo el llamado “Frente Amplio” (conformado por opositores de derecha –AD, PJ, Lilian Tintori, etc.– y chavistas disidentes), que es quien más viene haciendo política hacia estas luchas, incluso ha definido una jornada nacional de acciones “por los derechos laborales”. Pero su postura es demagógica, porque su propuesta de “unidad nacional” es la de un gobierno capitalista que “respete los derechos democráticos de todos” y le “brinde condiciones a los empresarios” para “producir” (es decir, más dólares, cero control de precios, menos derechos laborales), que sea reconocido por “la comunidad internacional” (es decir, las potencias imperialistas occidentales) para endeudar más el país con el capital financiero tradicional y el FMI, y profundizar la presencia del capital trasnacional mediante más inversiones en empresas y áreas de la economía nacional. Es decir, su programa no está pensado desde los intereses de los trabajadores sino empresariales y del capital trasnacional.
De hecho, basta el botón de muestra que ante el aumento del salario mínimo a 1.800 Bs.S. argumentaron, tal cual como los empresarios, que eso “llevaría a la quiebra a las empresas”, pero decían estar a favor de la demanda de las enfermeras (y otros sectores) de salario igual a la canasta básica familiar, que obviamente es mucho más que 1.800, entonces, ¿solo apoyaban la demanda porque era un sector de trabajadores públicos que se enfrenta al gobierno, pero si las demandas obreras afectan a la empresa privada están en contra?
Para defender las libertades democráticas ante el profundo autoritarismo del gobierno (cada vez más sostenido en la represión, el fraude y las FFAA), no hay que irse a espacios dirigidos por gente que solo es “demócrata” porque no son ellos los que están en el poder, no hay que mezclar las demandas de los trabajadores con las de quienes solo hacen oportunismo con estas.
Esto no hace sino reafirmar la urgente necesidad de avanzar en espacios propios de coordinación y unidad en la acción de los trabajadores, con total independencia de clase ante cualquier variante patronal (sea del gobierno o de la oposición), para tomar iniciativas de lucha que unan las filas de los trabajadores tras nuestros propios métodos y demandas. |
