Historia de un despojo que atravesó todos los gobiernos, el papel del racismo y las muertes silenciadas.
Silverio
El cuerpo de Silverio Enriquez fue hallado sin vida el 19 de septiembre en la extensión territorial del lote 42 de en la localidad de Miraflores, Chaco. El lote 42 se encuentra al momento ocupado por el ex vicegobernador de la provincia, Juan Carlos Bacileff Ivanoff y forma parte de un territorio de diez mil hectáreas reivindicado como propio por el pueblo wichí. El conflicto hunde sus raíces en un intrincado proceso histórico que mixtura el genocidio, el coloniaje, el despojo, la explotación en condiciones de semi esclavitud y los intereses empresariales vinculados al latifundio. El reclamo por las diez mil hectáreas devino en recuperaciones territoriales por parte de las Comisiones de Recuperación Territorial (CRT) conformadas por los propios habitantes wichís y qom, nucleadas dentro del Consejo de Tierras.
Semanas atrás septiembre comenzaba a asomar y Silverio Enriquez deambulaba su pena de monte en silencio recorriendo algunos de los lotes recuperados. Los que lo conocieron recuerdan su andar silencioso y el guardado celoso de su palabra.
Cuando el día iba entrando en su roja agonía, caminaba los senderos cavilosos del monte mientras adentro se le amontonaba un cansancio milenario. El canto a destiempo de las charatas se le enredaba con lo indecible. Tal vez las amenazas, las presiones del día a día de un conflicto que cruza los años y los gobiernos, le espantaran el sueño y lo amigaran con las sombras flácidas de la noche.
El 12 de septiembre su hija lo despidió con la superficialidad de quien no intuye el susurro frío de la muerte. Tras cinco días de búsqueda lo hallarían ya sin vida, ya vacío de lo que alguna vez fue, ya muerto, ya andando los caminos de los ancestros y lejos de donde había sido visto por última vez. La primera autopsia se hizo, a contrapelo de lo exigido por su familia y la CRT, en Castelli, sin los instrumentos necesarios para ser rápidamente devuelto a su familia ya sin respuestas a las preguntas que se amontonaban al borde de los labios y que morirían antes de poder ver la luz.
La Tierra
La zona del Chaco austral fue durante principios del siglo XX escenario del caudaloso ascenso de la clase obrera y de la resistencia indígena a la vez que de cruentas masacres sobre las que se fueron erigiendo el Estado Nacional y Provincial. Las luchas y el ascenso obrero en La Forestal, en el Ingenio Las Palmas, la resistencia a la esclavitud en Napalpí y la posterior masacre moldean aún hoy la memoria y la subjetividad de los trabajadores y de los pueblos originarios de la región.
En los comienzos de la década del ‘30 el territorio de la actual provincia de Chaco formaba parte de los llamados Territorios Nacionales. Pasarían más de veinte años para que se provincializara. Asimismo los Territorios Nacionales habían sido delimitados a fuerza del sometimiento de los pueblos originarios que habitaban la región; los cuales fueron masacrados y esclavizados en la zafra azucarera no sin dar luchas heroicas contra los ejércitos nacionales.
En los inicios de la década del ‘30 parte del pueblo wichí firmó un acuerdo con el entonces gobernador de facto Juan Samuel Mac Lean, en el que se “pactaba” el corrimiento de los habitantes originarios hacia el noroeste, hacia lo que muchos años después sería Miraflores; con el objetivo de crear la ciudad de Juan José Castelli y “otorgándoles” a cambio diez mil hectáreas. Dicho acuerdo, aunque por vías políticas, fue expresión de un proceso de continuidad de las prácticas coloniales de despojo y adquirirá posteriormente, con los algodonales, rasgos de esclavitud.
El despojo
Al corrimiento y expulsión inicial de los años ‘30 surgidos del acuerdo con Mac Lean, le siguió, en los ‘60, la usurpación y robo para la conformación de distintos segmentos de terratenientes locales que será, luego, en los años ‘70 y ‘80, institucionalizado. Es por medio de esta institucionalización, impulsada sobre todo por el entonces Gobernador Florencio Tenev, que se termina de darle al robo y al genocidio el marco de legalidad necesario para estructurar un discurso que sostenga, avale y reproduzca el despojo. En ese entonces surge el registro de propiedad de la tierra que bajo órbita provincial comienza a emitir títulos de propiedad y decretos provinciales que van vulnerando y achicando los territorios indígenas de la región, direccionándolos hacia el latifundio.
El avance del proceso de colonización de las tierras y la conformación del latifundio criollo de principio de siglo creció al ritmo de los precios internacionales del algodón. La producción algodonera que quebraba espaldas encontró en los habitantes wichí y qom la mano de obra ultra precarizada que aseguró las ganancias de los empresarios del llamado oro blanco. En pocos años, el territorio nacional del Chaco se posicionó como el principal productor nacional de algodón. La especulación sobre los territorios adquirió distintas formas a lo largo de los años; hoy gran parte de los intereses empresariales sobre los territorios originarios se visten de proyectos turísticos a la vez que se despoja a las comunidades indígenas, se las convierte en atracciones folclóricas para los turistas.
En este marco, el rol del Estado Nacional y provincial se muestra cristalino enseñando su verdadera condición de garante y partícipe de las ganancias obtenidas por la burguesía local y los terratenientes alrededor del proceso de expulsión. Sobre parte de las 10 mil hectáreas usurpadas se creará en los años ‘90 la localidad de Miraflores constituyéndose así un nuevo despojo.
Es el propio ex vicegobernador de la provincia y futuro candidato a Gobernador en 2019, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien posee a su nombre más de 600 de las diez mil hectáreas en conflicto. Ivanoff carga en sus espaldas también una represión brutal en 2014 durante su interinato en la gobernación. Es en las orillas de las 600 hectáreas titularizadas en condiciones irregulares ocupadas por Ivanoff donde apareció el cuerpo sin vida de Silverio Enriquez.
La recuperación
Mayo de 2018. Los jóvenes criados al calor de la palabra anciana se ponen de pie. Una y otra vez habían escuchado las voces de los antiguos perderse en los recovecos de una noche honda que danzaba sobre los recuerdos de un fuego. Habían crecido escuchando y viviendo a un tiempo la historia del despojo, el maltrato, las usurpaciones y el robo de animales y tierras. Habían visto el llanto contenido de abuelas sometidas al capricho de un patrón.
Organizados en comisiones comenzaron a avanzar en las recuperaciones. A pie de barro, casi invisibles se hicieron silencio y le fueron ganando metros a la noche. Tras las recuperación de las primeras hectáreas cuando las balas estatales se apresuraban por salir, comenzaron a aparecer otras recuperaciones; el ejemplo comenzó a multiplicarse haciendo imposible la previsión y retrasando la represión. Las comisiones de recuperación territorial ya suman 36 y representan a alrededor de 500 familias. En poco tiempo de existencia se organizaron alrededor del Consejo de Recuperación Territorial - que reúne a representantes de cada comisión (Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y ancianas en igual proporción) - y en casi cinco meses se han logrado recuperar alrededor de cuatro mil hectáreas de las diez mil.
Como sucede en la mayoría de los territorios recuperados o en proceso de recuperación por comunidades originarias en el país, el hostigamiento y las amenazas son constantes. Por el momento, la organización y el marco de la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra (26.160) vienen obturando los desalojos. Dicha ley ordena frenar los procesos judiciales de desalojos y realizar un relevamiento de los territorios indígenas. No es ningún secreto que el bajo cumplimiento de la ley, no aplica solamente al relevamiento, sino a que los desalojos no han sido suspendidos y que el cumplimiento o no de la ley depende, en gran medida, de la relación de fuerzas y del robustecimiento que puedan alcanzar las organizaciones como así también de la posibilidad de articularse con otros sectores que levanten, con manos ajenas al latifundio y lucro empresarial, las banderas de los pueblos originarios y de la recuperación de los territorios de manos del Estado y patrones.
Muertos y desaparecidos en la lucha por la tierra: racismo y muertes silenciadas
Según un informe de Amnistía Internacional (territorioindigena.com.ar) hay en la actualidad más de 260 conflictos que involucran a comunidades originarias. La falta de títulos, el incumplimiento o irregularidades en el relevamiento territorial y la usurpación de territorios comunitarios por parte de privados, empresas o incluso el propio Estado son las principales causas de conflicto. La gran mayoría de las comunidades han sufrido intentos de desalojo, ataques a miembros de la comunidad, judicialización o lisa y llanamente represión y balas estatales.
Aún no sabemos qué sucedió con Silverio Enriquez, los resultados de la autopsia aún no están y la información es poca y confusa. La experiencia de sus compañeros y compañeras indica que estas muertes suelen quedar impunes, doliendo en el cinismo de un certificado de defunción a medida del poder. Saben que la “justicia” siempre tiene patrón. Así, se suma una nueva muerte a la larga lista de hermanos y hermanas, que en condiciones dudosas y en el marco de un conflicto territorial ven languidecer sus vidas entre los dedos del latifundio. Esto no es otra cosa que la continuación del genocidio que persiste desde la conquista en adelante.
La desaparición de Santiago Maldonado, también seguida de muerte y también en el marco de una recuperación territorial, visibilizó la situación que muchas comunidades indígenas vienen denunciando desde hace años. La masividad que alcanzó el reclamo puso el tema en escena nacional. Lamentablemente estos ataques son moneda corriente pero rara vez trascienden las fronteras de los alambres cortados. El silencio de los medios y el manto de impunidad no solo encubren e invisibilizan sino que también maquillan el racismo sistemático que subyace contra las comunidades indígenas y que se mantiene con poderosa vigencia. Racismo e impunidad se entreveran para invisibilizar a las víctimas del avance del extractivismo, el imperialismo, los empresarios y el mismo Estado.
Gran parte de las comunidades siguen en pie de lucha, los procesos de recuperación tanto territoriales como identitarios siguen creciendo día a día como así también los cuestionamientos a la explotación y opresión que sufren los pueblos indígenas. Por eso y porque no hay vida sin territorio, los pueblos originarios siguen luchando y poniendo el cuerpo, aunque muchas veces paguen con sus vidas. Es responsabilidad del gobierno nacional y provincial esclarecer la muerte de Silverio Enriquez, garantizar que se respeten los derechos de las comunidades originarias y que cese el hostigamiento que sufren cotidianamente. | 
