La movilización, convocada por la Asamblea Interfacultades de la UNC, es parte del plan de lucha contra las imputaciones a los y las estudiantes que participaron de las tomas universitarias en defensa de la universidad y la educación pública.
Estudiantes, trabajadores y trabajadoras, organizaciones de izquierda y corrientes universitarias se movilizaron hoy por el centro de la ciudad contra las imputaciones a los y las estudiantes que participaron de la toma del Pabellón Argentina y contra la persecución y la criminalización a la protesta. Estuvieron presentes trabajadores y trabajadoras de Minetti, de EPEC, y la Asamblea de Ciencia y Técnica.
Las imputaciones realizadas por el juez Vaca Narvaja y la fiscal Graciela López de Filoñuk son bajo las figuras penales de daño y usurpación, e incluyen insólitamente a la abogada Leticia Celli, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), quien fue a la toma a ejercer el derecho de la legítima defensa de los y las estudiantes.
Este grave hecho ocurre luego de una enorme huelga universitaria a nivel nacional, siendo Córdoba el punto más álgido. El conflicto fue uno de los más importantes de las últimas décadas por su extensión y grado de organización democrática en asambleas de base, con 7 semanas de paro docente, 57 facultades tomadas en todo el país (6 de ellas en la UNC) y la toma del Pabellón Argentina durante un mes, sin contar las movilizaciones de centenares de miles que llenaron las calles en defensa de la universidad y la educación pública, gratuita y laica.
La movilización partió a las 18 horas de Colón y General Paz para llegar frente al Patio Olmos donde se leyó un documento común.
En el comunicado se hizo referencia al contexto político y social, “signado por un segundo acuerdo celebrado por parte del gobierno nacional con el FMI que va a tener su expresión en el presupuesto 2019 que buscan aprobar junto a los gobernadores provinciales. Se trata de un verdadero saqueo al poder adquisitivo y a las conquistas de los sectores populares: a la reducción de ministerios se suman el recorte presupuestario en las áreas de salud, educación y vivienda”.
Al calor de la lucha, los y las estudiantes fueron reconociendo quiénes son los enemigos y quiénes los aliados: los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres y las disidencias sexuales. “Luz y Fuerza, Molinos Minetti, Astilleros Río Santiago en la ciudad de La Plata son ejemplos de la fuerza que tiene la organización obrera; para nosotres es central la unidad con estos sectores de los cuales aprendemos y compartimos la experiencia de lucha, lo que demuestra que la solidaridad de clase es un eslabón fundamental para lo que tenemos que enfrentar con este gobierno”.
Para finalizar, eligieron una frase del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria. “Por último, decimos claramente que no vamos a permitir que se avance sobre nuestro derecho a protestar; es este derecho el que nos permite defender las conquistas actuales y conquistar nuevas. Hacemos nuestras las siguientes palabras: “Se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de un orden que no discutimos, pero que nada tiene que hacer con nosotros. Si ello es así, si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. Entonces la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud”.
Candela Guzmán, consejera estudiantil de la Facultad de Filosofía y Humanidades y militante de la Juventud del PTS, es una de las jóvenes imputadas. Ella calificó a las imputaciones como “un intento de amedrentar a quienes luchamos, atacando a los compañeros y compañeras que aparecimos públicamente en nombre de los miles que participamos de las asambleas para defender la educación pública. El rectorado tenía en sus manos la resolución rápida del conflicto y sin embargo demoró semanas en abrir una instancia de diálogo mínima para que presentáramos nuestras demandas. Rechazamos estas acusaciones y seguiremos movilizados porque no van a intimidarnos”.
La legisladora del PTS-FIT, Laura Vilches, agregó que “estas imputaciones sientan un grave precedente para quienes salgan a luchar en el marco de una situación social de ajuste como la que vemos a diario y quieren profundizar con la votación del presupuesto a medida del FMI. Lo que está haciendo la justicia federal cordobesa es escandaloso”.
