"Pido perdón a la sociedad y a las personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas". Así, como si se tratara del estribillo de una canción, Rodrigo Rato entonaba sus disculpas públicas este jueves, instantes antes de entrar en prisión.
El que fuera vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, director gerente del FMI y director de Caja Madrid y Bankia más adelante, ingresaba este jueves en la cárcel de Soto del Real donde deberá cumplir condena por el caso de las "tarjetas black".
El Tribunal Supremo confirmaba hace tres semanas la condena de cuatro años y medio de prisión por delito de apropiación indebida, emitida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El caso de las "black" es una de las mayores tramas descubiertas durante los años que llevamos de crisis. En total 86 consejeros y directivos de Bankia hicieron uso de las tarjetas “negras”, entre los que destacan consejeros del PP, PSOE, IU y dirigentes sindicales de CCOO. Grandes cantidades de dinero gastadas durante años con tarjetas fantasma sin declarar impuestos. Se calcula que el total ascendía a un valor de más de 15 millones de euros.
Sin embargo, pese a que la fase de instrucción del caso se inició en 2015 y la sentencia del juicio se conoció en marzo de 2017, Rodrigo Rato y los demás directivos de la entidad bancaria han gozado durante todo el proceso judicial de un trato favorable por parte de la justicia.
Sin ir más lejos, la Audiencia Nacional rechazó el decreto de medidas cautelares tanto para Rato como para el ya difunto Miguel Blesa, ex director también de Caja Madrid, considerando que el comportamiento “intachable y cabal” de ambos durante el proceso las hacía innecesarias.
Pero este trato de favor o las sentencias de escándalo por parte del poder judicial hacia los políticos corruptos, los ricos o miembros de la Familia Real, ya no sorprende a nadie. Solo muestran el verdadero rostro de la casta judicial.
La última muestra de ello la hemos visto con las sentencias a la carta de Supremo sobre los costos hipotecarios. Como escribía nuestra compañera Josefina Martínez: estas son mi sentencias, si no le gustan (a la banca) tengo otras.
Mientras cientos de artistas, tuiteros, periodistas y activistas son perseguidos y condenados por delitos de opinión o por participar en movilizaciones; los corruptos gozan de guante de seda, son absueltos o condenados a penas ínfimas y pueden elegir a la carta que cárcel prefieren, como es el caso del propio Rodrigo Rato.
Un trato que choca frontalmente, y de que manera, con la persecución del sistema judicial hacia los lideres políticos del proceso soberanista catalán, en prisión preventiva desde hace casi un año, algo más si hablamos de los Jordis, persiguiendo el descabezamiento del movimiento independentista.
Casualidades de la vida, ya ni en esto se cuidan. Justo el mismo día en que finalizaba el periodo de ingreso en prisión para Rodrigo Rato, el Tribunal Supremo cerraba la fase de instrucción y anunciaba la apertura de juicio oral por delitos de rebelión, malversación y desobediencia contra 18 de los encausados por el "procés".
En concreto, el ex vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, junto a los ex consellers Rull, Turull, Romeva, Forn y Bassa, la ex presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se enfrentan a peticiones de penas de prisión de entre 15 y 25 años por delito de rebelión. Algo que hay que sumar a las medidas preventivas que vienen sufriendo durante los últimos 12 meses.
Con la persecución al proceso independentista catalán, el poder judicial ha mostrado sin ambages su verdadero carácter reaccionario. El Régimen del ’78 lo situó al frente de la “resolución” de la crisis catalana. Había que aplastar y vencer al independentismo, y quien mejor que una institución que no tiene más contrapeso que sí misma, es decir ninguno.
A partir de aquí, la "casta" judicial ha demostrado ser la campeona en cuanto a garantizar la supervivencia del Régimen, supurando por todos sus poros su carácter de clase, machista y reaccionario; dejando claro que no existe la tan cacareada independencia judicial -ni del gobierno, ni del Rey, ni de la banca-, y diseñada para proteger los intereses de los ricos y castigar a los pobres, los que protestan o son críticos del régimen.
Contra todo ello urge poner en pie en todo el Estado un gran movimiento democrático que, a la vez que exige la libertad y desprocesamiento de todos los presos políticos y perseguidos, plantee medidas fundamentales como el fin de la elitista carrera judicial, que la elección de jueces sea por sufragio universal, que ninguno pueda cobrar más que el salario medio de un trabajador y que todos los juicios sean por medio de jurados populares.
Un programa democrático radical que cuestione la justicia para ricos, y que debe plantearse en el marco de retomar la lucha por la apertura de procesos constituyentes en todo el Estado por medio de grandes movilizaciones. Esa es la única vía para garantizar que se puedan discutir absolutamente todas las cuestiones: la reaccionaria “casta” judicial, acabar con la inmunidad de corruptos y torturadores, el fin de la Corona, o resolver los graves problemas sociales de paro, vivienda y precariedad. Y de la misma forma, que la sociedad catalana y el resto de naciones puedan impulsar su propio proceso constituyente para decidir libremente su relación con el resto del Estado y conformar su propia república si así lo deciden. | 
