Miles de niños han sido encarcelados en los denominados Centros de Detención que, en realidad, funcionan como cárceles, administradas por empresas privadas. Según las cifras oficiales, hay 12 mil niños en instalaciones del gobierno de Estados Unidos de los cuales 2 mil 342 ingresaron por la frontera entre mayo y junio cuando fueron separados de sus padres. A la fecha, además que se desconoce su paradero exacto, la reunificación de familias ha sido lenta y tortuosa aún a pesar de que Trump, producto de la indignación pública, tuvo que retroceder en la separación de los niños y sus padres.

Según un informe reciente de The Sentencing Project, el número de presos en centros de detención aumentó en un 442 % desde 2002, con un promedio diario de poco más de 26 000 personas en 2017. [1]

Durante la presente administración, el número de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos creció en un 40 %, de mediados del 2017 hasta ahora. Trump solicitó al Congreso $1 200 millones adicionales de presupuesto para añadir 15 000 camas en las cárceles privadas para detención de inmigrantes.

Las empresas carcelarias más grandes del país, Core Civic y GEO Group, son las que más lucran con esta situación. Administran más de la mitad de los contratos con el gobierno federal, por un total combinado de $3 500 millones en 2015, según The Sentencing Project.

El año pasado, el fiscal general, Jeff Sessions, ordenó ampliar el número de camas en las cárceles privadas a 1 600, para inmigrantes condenados por infracciones menores. Las imágenes hablan más que mil palabras: los niños son encerrados en jaulas colocadas en grandes galerones o tiendas, obligados a dormir en el piso con, apenas, una manta térmica y rodeados de concreto. Muchos de ellos empezaron a caminar, escasamente, hace un año.

Se trata de una escalofriante distopía que ocurre en tiempo real. Trump miente sin resquemor alguno. Los que migran son trabajadoras y trabajadores. Gente pobre huyendo de la miseria y la violencia en México y Centroamérica que, al llegar a Estados Unidos, deja su vida en el trabajo ilegal y precario para sostener a sus familias. Estos “delincuentes”, en realidad, lavan baños, pisos, son meseros, albañiles, jornaleros, empleadas domésticas, obreros, obreras. Mueven buena parte de la economía de Estados Unidos y, muchos de ellos, pagan impuestos que ayudan a incrementar las arcas del Estado.

Detrás de la crisis migratoria están las consecuencias que la penetración imperialista generó sobre México y Centroamérica. No hay otro responsable más que el Estado imperialista estadounidense.

La verdad está oscurecida detrás de la retórica racista y xenófoba del actual presidente. En realidad, los grandes ganadores de la subordinación al imperialismo en México y Centroamérica son las clases poseedoras.

Migrar en tiempos de crisis capitalista

La migración masiva de millones de seres humanos a los centros imperialistas se convirtió en uno de los problemas estructurales más apremiantes del sistema capitalista mundial, en particular después de la crisis del 2008.

Por un lado, la movilidad sin restricciones del capital en busca de nuevos nichos de inversión y, por otro, las medidas restrictivas en cuanto al desplazamiento de la fuerza de trabajo que imponen los países imperialistas a las semicolonias devinieron en una situación extrema para amplios sectores de la clase obrera de América Latina, Asia o África.

Si durante la ofensiva neoliberal la migración se convirtió en fuente incesante de mano de obra barata para la reproducción del capital y siempre significó grandes penurias para las masas del mundo semicolonial, la situación se ha vuelto dramática ante la emergencia de nuevos y recargados nacionalismos representados, políticamente, por la nueva derecha a nivel global.

Detrás de fenómenos como el Brexit está el agotamiento del modelo neoliberal. El más rutilante representante de este nuevo nacionalismo de derecha se aloja, ahora mismo, en la Casa Blanca.

Estamos ante un fenómeno inédito en la historia del capitalismo que alcanza dimensiones internacionales. Son millones los trabajadores y trabajadoras que migran a los centros imperialistas, mientras que los sectores de la llamada nuevaderecha se han hecho del poder con programas abiertamente antiinmigrantes y xenófobos amparándose en aquellos sectores de la clase obrera y las clases medias que vieron cómo colapsaban sus condiciones de vida durante las décadas de ascenso neoliberal.

Las burguesías imperialistas recrudecieron las leyes antiinmigrantes, desplegando un discurso, profundamente, racista orientado a responsabilizar a los trabajadores ilegales (o sin papeles) de los efectos de la crisis económica y el desempleo que padece la clase obrera de sus propios países; alientan la xenofobia entre los explotados y oprimidos como nunca en la historia reciente.

Detrás de la política de los gobiernos imperialistas está: 1) la necesidad de regular la entrada de trabajadores sin papeles de acuerdo con las condiciones del mercado laboral, 2) la división burguesa existente entre los defensores de la globalización y los nuevos proteccionismos, y 3) el ya mencionado descontento de sectores de la clase obrera nativa y sectores capitalistas que quedaron postergados al calor de la ofensiva neoliberal.

Los trabajadores inmigrantes, tanto en Europa como en Estados Unidos, representan un recurso fundamental para las economías imperialistas por el tipo de trabajos que desempeñan y las ramas productivas en las que están insertos. Es decir, la regulación migratoria está sujeta a los intereses capitalistas que, en ciertos sectores, se dan el lujo de contratar trabajadores sin las restricciones laborales que requiere la contratación nativa con salarios por debajo de los estándares de cada nación, sin prestaciones y sin ningún tipo de seguridad social.

La generalización del fenómeno migratorio es una característica estructural del capitalismo contemporáneo, como parte de la nueva división internacional del trabajo que se configuró en los últimos treinta años. Esta nueva división significó el crecimiento exponencial del trabajo asalariado, la feminización de la clase obrera –ya que las mujeres constituyen, actualmente, la mitad del proletariado mundial– y la profundización de la brecha entre países imperialistas y países semicoloniales.

Por qué migran los que migran La ofensiva neoliberal creó condiciones muy onerosas para los explotados y oprimidos de México y Centroamérica. La apertura a la inversión extranjera con el TLCAN significó la creación de enclaves exportadores en manos de las trasnacionales (particularmente estadounidenses) que aprovecharon los recursos naturales y la baratísima mano de obra para mantener su tasa de ganancia en ascenso. En toda la industria, particularmente la manufacturera, la aplicación del TLCAN redundó en un incremento de la productividad del trabajo con su correlato en la creciente depreciación del salario.

En los países imperialistas, las grandes concentraciones industriales fueron vaciadas, con la llamada relocalización, dejando a sectores de la clase obrera nativa en el desempleo. Las, otrora, grandes concentraciones industriales fueron abandonadas por las empresas estadounidenses que optaron por abaratar in extremis los costos de producción y se desplazaron al mundo semicolonial con el aval de los gobiernos locales.

En síntesis: “El TLCAN ha sido un instrumento de la estrategia de los grandes capitalistas para en el plano de la inversión, la instalación y operación en nuestro país (sic. México) de empresas exportadoras y plantas maquiladoras sacar provecho de las ventajas comparativas que ofrecen los bajos costos de la mano de obra, la existencia de controles políticos y sociales en el entorno laboral (sindicatos corporativos e instancias gubernamentales) y de los espacios de flexibilidad para las administraciones de las empresas”. [2]

A partir del 2000, el ascenso de China como “taller del mundo” desplazó a México y otros países en su rol de paraísos de mano de obra barata, lo cual mostró la baja competitividad de estas ramas industriales vinculadas a la exportación; exacerbando, enormemente, los efectos perniciosos del ciclo económico de conjunto. Como respuesta, se generalizó aún más el trabajo precario, la subcontratación y la tercerización que afectó a sectores cada vez más grandes de trabajadores; en su mayoría jóvenes y mujeres, los más vulnerables de la clase obrera.

Para las masas rurales, el TLCAN significó la quiebra de los campesinos pobres y medianos propietarios; muchos campesinos fueron incorporados, violentamente, al trabajo asalariado. La producción agrícola quedó devastada, incapaz de competir
con los productos estadounidenses y las capas más bajas del campesinado, incluyendo los medianos productores, se fue a la quiebra.

Morir en la frontera

México es el principal exportador de mano de obra barata de América Latina; a nivel mundial, ocupa el segundo lugar después de la India. Actualmente, hay aproximadamente 12 millones de trabajadores sin papeles en Estados Unidos de los cuales un 70 % provienen de México o Centroamérica. La frontera norte tiene una extensión de más de 3 000 km y es un corredor económico, prácticamente, integrado a Estados Unidos donde el comercio, los servicios y las relaciones laborales están regidas por la relación metrópoli-semicolonia con importantes consecuencias sociales y culturales que diferencian a esa región del resto del territorio mexicano. Sobre todo, la frontera norte es la región de mayor flujo migratorio en todo el
continente americano.

Con Donald Trump en el poder, los migrantes “cada vez más nutridos por mujeres y niños” están sometidos a la persecución de las policías fronterizas, la Guardia Nacional, el crimen organizado y las bandas racistas paramilitares que, según estimaciones, organizan alrededor de 60 mil milicianos en los estados de la frontera sur. Las mujeres, en muchos casos, padecen abuso sexual y son extorsionadas triplemente por “polleros”, policías y autoridades.

El otro México

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) de México, en la actualidad, en Estados Unidos residen alrededor de 9 millones de mexicanos sin papeles. La población de origen mexicano por nacimiento o descendencia llega a los 25 millones
de los, aproximadamente, 50 millones de hispanoparlantes.

La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras migrantes viven en las llamadas ciudades santuario como Los Ángeles, San Francisco, Filadelfia o Nueva York. Se calcula que, en los años previos a la crisis del 2008, estos trabajadores enviaban remesas a su país de origen por un valor que oscilaba entre 6 000 y 10 000 millones de dólares, siendo, en el caso mexicano, el tercer ingreso de divisas después del petróleo y el turismo.

La mayor parte del trabajo que realizan en Estados Unidos se paga a muy bajo costo, sin prestaciones ni seguridad social. Los mercados laborales de la construcción y de la agricultura son, mayoritariamente, ocupados por inmigrantes; de los cuales, 85 % son mexicanos y, el resto, centroamericanos. Están empleados en los trabajos más riesgosos y agotadores: desde los garroteros de los restaurantes de Nueva York hasta los trabajadores de los centros productores de cangrejo en Maryland donde contratan mujeres de la costa de Veracruz. De estos mexicanos, 250 mil son indígenas de Puebla, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca quienes sufren, doblemente, el racismo y la xenofobia.

Las mujeres que constituyen una parte cada vez mayor de esta clase obrera “sin papeles” están ocupadas en la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico.

Las leyes antiinmigrantes en la era Obama

Si bien Donald Trump radicalizó las medidas contra los migrantes, las pasadas administraciones demócratas le allanaron este camino.

Aunque Obama puso en pie el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA por sus siglas en inglés) que legalizó, temporalmente, a 1 millón de niños y jóvenes migrantes habilitándolos para trabajar y estudiar, nunca avanzó en la legalización permanente y, hoy, pende la amenaza trumpista sobre este millón de personas “sin papeles”. De hecho, el demócrata fue conocido como “deportador en jefe”, ya que durante su mandato alrededor de 3 millones de personas fueron deportadas, la cifra más alta para un presidente de los Estados Unidos, desde 1890.

La operación Operation Gatekeeper fue impulsada por Bill Clinton, paralelamente a la entrada en vigor del NAFTA. También llamada “operación muerte” por diversos organismos de derechos humanos, su principal objetivo era la construcción de un muro fronterizo, una barda triple con alta tecnología que, primero, fue erigida en la línea divisoria entre Tijuana y San Diego. El muro construido por los demócratas cuenta con sensores de movimiento, equipos de visión nocturna, detectores de movimiento y está monitoreada por la policía fronteriza.

Durante 2005 y 2006, el Congreso aprobó una ampliación de 1 123 y 595 km, respectivamente. Según diversos organismos de derechos humanos, desde su colocación, 3 000 inmigrantes fallecieron en el intento de traspasarla.

Junto a la construcción del muro, en Estados Unidos operan 50 legislaciones estatales que establecen multas de hasta 1 000 dólares a quienes empleen inmigrantes o medidas punitivas contra el arrendamiento de vivienda como la que opera, actualmente, en Hazleton, Pensilvania. En 1994 se aprobó la Ley 187 en California que negaba el acceso a la salud, la educación y otros servicios sociales a los migrantes indocumentados. En septiembre de 1996, apareció la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo central fue frenar la migración indocumentada a partir de un férreo control de las fronteras mediante la utilización de más patrulleros, así como la adquisición de tecnología militar para detectar y detener a los inmigrantes indocumentados.

El 23 de abril de 2010, la gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB1070, mejor conocida como Ley de Arizona. La misma tipifica la migración como delito y deja en la indefensión a los más de 450 000 indocumentados que laboran en el estado. Habilita a la policía para detener a cualquier persona por su aspecto físico y su origen étnico, dando paso a la caza de indocumentados.

Es fundamental considerar que, lejos de inhibir la contratación de trabajadores inmigrantes, estas leyes que los criminalizan también posibilitan que los empresarios impongan peores condiciones de explotación a sus trabajadores, constantemente, chantajeados con entregarlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

La derecha recargada

La política xenófoba de Trump cuenta con el aval del Partido Republicano cuya cúpula está consciente que una de las cosas que catapultó a Trump a la Casa Blanca fue su discurso antiinmigrante y las promesas de que acabaría con la migración ilegal que, según él, es la causa del desempleo y la pobreza.

La agenda republicana en materia migratoria, sintetizada en el proyecto de ley Securing America’s Future Act of 2018, H. R. 4760 (Asegurando el Futuro de América), aprovecha la situación, altamente, vulnerable en la cual la administración de Obama dejó a los migrantes.

El plan Goodlatte-Labrador, como se conoce al proyecto de ley republicano, propone un adverso camino para el millón de dreamers protegidos por el programa DACA, ya que les concede una ampliación de tres años para luego dejarlos a su suerte en la petición y trámite de la green card. El proyecto también propone
un presupuesto de 30 mil millones de dólares para construir el muro con México, elevar a delito federal el cruce de la frontera sin documentos, eliminar la lotería de visas y bloquear la entrada de migrantes por la llamada “reunificación de familias”.

El proyecto Goodlatte-Labrador postula aumentar la seguridad en los puertos de entrada, contratar 10 000 nuevos agentes para ICE y la Patrulla Fronteriza, autorizar a la Guardia Nacional para brindar apoyo aéreo y de inteligencia en la frontera e instalar un nuevo sistema biométrico en los puertos de entrada aéreo, marítimo y terrestre.

También autoriza al Departamento de Justicia para que suspenda la entrega de fondos a las ciudades santuario, permite demandar a las víctimas de crímenes cometidos por extranjeros y facilita la cooperación de las policías locales con el gobierno federal. Finalmente, establece nuevos estándares de causa probable para que ICE pueda detener a individuos.

Que cunda la solidaridad

La juventud, las organizaciones obreras, de derechos humanos y de izquierda se han movilizado en todo el país ante el feroz ataque contra los migrantes de Donald Trump. En muchas ciudades se han registrado movilizaciones ante las instalaciones
de la policía migratoria al grito de “Abolish ICE!” (abolir ICE); mientras, el mes pasado, millones se movilizaron en las grandes capitales estadounidenses para repudiar la separación de familias y el encarcelamiento de niños.

El éxodo de millones de trabajadores mexicanos, centroamericanos, caribeños, asiáticos y africanos al corazón del imperialismo, le da bases más firmes a la necesaria unidad entre la revolución en las semicolonias y los países imperialistas. El futuro de los explotados en Estados Unidos y de los pueblos oprimidos del mundo depende de esta unidad. La burguesía imperialista, en su sed de ganancias, creó a su sepulturero: una masa de trabajadores más extendida y robusta que nunca que, además, en los países imperialistas representa la diversidad multiétnica del nuevo proletariado internacional.