Sin dudas 2018 es un año clave para la reubicación política de las Fuerzas Armadas Argentinas. La adopción e institucionalización de la hipótesis de conflicto basada en las “nuevas amenazas” del siglo XXI (narcotráfico, ciberataques, y terrorismo internacional) demuestran el alineamiento estratégico y geopolítico de Macri con el Comando Sur estadounidense en el medio de la guerra comercial que el país del norte sostiene con China.
Esta construcción discursiva de “nuevas amenazas” que atentarían contra la seguridad nacional pretende, en la práctica, construir un nuevo enemigo interno a quien es necesario enfrentarse con todo el poder de la ley y de la fuerza.
Pero esto no es ninguna novedad. Desde su surgimiento hasta ahora los estados nacionales se han enfrentado entre sí pero también utilizaron como mecanismo de control social el uso de la fuerza, la “violencia legal”, dentro de su territorio con el fin de repeler todo lo que sea considerado como una amenaza a la estabilidad del régimen imperante. Así se construye discursivamente un supuesto “enemigo Interno”, un sujeto que actúa en el seno de la sociedad y que estaría financiado por intereses extranjeros, a quien debe eliminarse.
Aunque hay varios antecedentes en la historia argentina como podrían ser la persecución a los “salvajes indios mapuches” a fines del siglo XIX, la represión a los trabajadores de la Semana Trágica acusados de “bolcheviques rusos” o incluso los fusilamientos masivos a obreros rurales de la Patagonia en huelga en 1921; lo cierto es que la teoría del “enemigo interno” se institucionalizó a fines de la década de 1950. En esta nota recorremos las bases ideológicas y técnicas que dieron forma a esta nueva doctrina de guerra que permitió justificar y legitimar la avanzada represiva estatal en los 70 y el genocidio de clase.
El padre de la criatura
“Hoy hay que admitir que nuestras leyes actuales no están adaptadas al terrorismo por la simple razón de que esta forma de agresión no había sido nunca considerada”. La frase bien podría ser de la ministra Patricia Bullrich, principal propagandista de combatir las “nuevas amenazas del siglo XXI”, pero en realidad fueron escritas por el general Jacques Massu hace más de 60 años [1] cuando dirigía las operaciones militares del ejército imperialista francés en Argel durante la guerra de liberación nacional desatada en la colonia.
Con la Guerra Fría como trasfondo, las derrotas que Francia estaba cosechando primero en Indochina (1946-1954) y después en Argelia (1954-1962) llevaron a redefinir como enemigo de la civilización occidental y de los valores cristianos al comunismo internacional.
Este fenómeno fue estudiado por el comandante del 3er Regimiento de paracaidistas Roger Trinquier quién escribió en 1961 La Guerra moderna, de lectura obligatoria para la oficialidad militar mundial. Allí planteaba que los “terroristas comunistas” operaban camuflados en la sociedad y utilizaban la lucha por la independencia nacional de las colonias para penetrar ideológicamente en la sociedad y así erosionar las bases del orden capitalista mundial.
Parafraseando a Mao TseTung, consideraba que los militantes comunistas se movían como “pez en el agua” dentro de la población; y por eso los ejércitos convencionales no estaban en condiciones ni instruidos para enfrentarlo.
Los militares franceses no solo describieron y caracterizaron al nuevo enemigo sino que también crearon una serie de técnicas operativas novedosas para combatirlo:
Dividir el “teatro de operaciones” (territorio donde intervenir) entre las fuerzas que intervienen y militarizar los principales centros urbanos para controlar y amedrentar a la población en forma permanente. Sistematizar la persecución y asesinato de militantes políticos y opositores a partir de la utilización de grupo de tareas. Realizar “acciones psicológicas” sobre la población civil como asistencia social o “ayuda humanitaria” para legitimar la presencia militar. Crear centros de detención clandestinos para la “reeducación política” de los prisioneros y desarrollar particularmente el área de Inteligencia, clave para conocer cómo se organizaba el enemigo. Los franceses fueron pioneros en utilizar como método las torturas y vejaciones para obtener toda esa información [2].
Esta metodología se puso en práctica por primera vez en la “batalla de Argel” de 1962, donde se institucionalizó la práctica de la desaparición forzada de personas.
Aunque la experiencia militar de Francia en Argelia fue derrotada políticamente ya que consiguieron finalmente su independencia política en 1962, el accionar militar alcanzó conocimiento y prestigio internacional. La doctrina de guerra antisubversiva se difundió en todo el mundo occidental. Profesores franceses instruyeron a militares extranjeros organizando misiones militares. Así como en Estados Unidos dieron clases en la Escuela de las Américas y otras sedes de mayor prestigio dentro del territorio norteamericano, también en Brasil y Argentina tuvieron un papel central en la formación interna de sus fuerzas. Más allá de las particularidades que se den en cada Estado, la “guerra revolucionaria” era mundial y por lo tanto la respuesta debía ser global.
La importación del enemigo interno
Cuando dentro de las Fuerzas Armadas Argentinas el sector castrense liberal se volvió mayoritario a fines de la década del 50 luego del golpe a Perón en el 55, se abandonó la hipótesis bélica basada en la Defensa Nacional que suponía una “guerra clásica” entre dos o más Estados (particularmente se veía como potenciales enemigos a Brasil y Chile) y fue reemplazada por la hipótesis de guerra francesa [3]. Entre 1957 y 1962 cuatro tenientes coroneles llegaron desde París a la Escuela Superior de Guerra e impartieron cursos y conferencias en técnicas antisubversivas que permitieron a los militares argentinos adaptar la teoría del enemigo interno al revulsivo contexto local. Todas las fuerzas, sean militares o de Seguridad, se formaron bajo estos preceptos.
La doctrina del enemigo interno se ajustaba mejor a los planes del capital norteamericano, del FMI y del gobierno argentino de imponer un nuevo reordenamiento en la acumulación del capital. En diciembre de 1959 el gobierno de Frondizi diseñó el plan llamado de “Estabilidad Económica” basado en un fuerte ajuste fiscal, liberación de los precios, congelamiento de los salarios, privatizaciones y racionalización de la producción. Esto generó duros enfrentamientos con los combativos trabajadores de la Resistencia, quiénes a través de métodos radicales de lucha dentro de las fábricas y debido a su posición estratégica en el sistema productivo, se estaba convirtiendo en una verdadera amenaza para las ganancias capitalistas y por lo tanto para los intereses del Estado. Se identificaba a los militantes peronistas o comunistas como “terroristas infiltrados en el movimiento obrero”; discurso legitimado por la prensa liberal y por los sermones en la misa los domingos.
A diferencia del caso argelino donde las fuerzas militares actuaban por fuera de la legislación vigente, en Argentina con los años se fue incorporando un paquete de leyes y decretos que habilitaron progresivamente la injerencia militar en operaciones de seguridad interna en clave antisubversiva.
Finalmente la respuesta de la burguesía para terminar con la conflictividad obrera extendida sobre todo en las bases obreras fue el plan de Conmoción Interna (CONINTES). Si bien era un artilugio legal que el Estado tenía a su disposición desde 1948 (e incluso Perón lo había utilizado en 1951 para sofocar una huelga ferroviaria), el plan CONINTES se aplicó por decreto presidencial secreto en noviembre de 1958 con el fin de reprimir blancos puntuales en el punto más álgido de la Resistencia: la huelga de los petroleros mendocinos (12/1958) y la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en enero del 59. También se utilizó para enfrentar a huelgas de bancarios, metalúrgicos y textiles.
El territorio fue dividido en zonas operativas y miles de dirigentes sindicales opositores fueron perseguidos, encarcelados y juzgados por la Justicia Militar. Sin dudas el Ejército argentino había tomado nota de las enseñanzas francesas.
El plan funcionó oficialmente hasta el 1 de agosto de 1961. El mismo año en que Argentina fue pionera en materia antisubversiva en todo el continente, cuando organizó en Buenos Aires el I Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria donde participaron oficiales de catorce países de América, entre ellos EE. UU..
El decreto de Onganía y la materialización del enemigo
El golpe de Estado de 1966 expresó no sólo una nueva ofensiva de los sectores ligados al capital concentrado sino también la adhesión explícita de la burguesía y el Partido Militar a la política represiva estadounidense conocida como Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), destinada a impulsar y financiar dictaduras militares en todo el continente y que justamente también basaban su corpus ideológico en las enseñanzas antisubversivas francesas.
El objetivo del país del norte era combatir cualquier avance del comunismo en el continente. Ya no representaban una amenaza etérea sino que se había materializado a partir del triunfo de la Revolución cubana y su declaración como socialista en 1961. El desarrollo de la Guerra Fría había determinado un giro de la política norteamericana hacia su “patio trasero” aunque con una táctica distinta a la que usaron en Vietnam. No necesitarían desplegar y ocupar con sus propias fuerzas militares sino que podían intervenir estableciendo alianzas políticas con los cuadros militares medios de los países latinoamericanos, los mismos que impulsarían los golpes de Estado y que dirigirían la aplicación del aparato represivo local. Argentina fue un claro ejemplo de esta relación de dependencia.
Siguiendo los preceptos de la DSN, el presidente de facto Juan Carlos Onganía firmó por decreto la Ley de Defensa Nacional (16.970) el 6 de octubre de 1966, permitiendo que las Fuerzas Armadas actúen en Seguridad Interna ya no sólo en casos de “conmoción interna” sino también ante “las perturbaciones internas producidas por actos humanos”; una acepción más que amplia en la que se englobó a cualquier levantamiento o protesta contra el régimen. El decreto además adquiría una función preventiva si se tiene en cuenta que a los meses de firmarse el gobierno devaluó la moneda un 40 %, congeló salarios y liberó los precios, entre otras medidas, como parte de un plan de ajuste diseñado por el FMI y su aliado Krieger Vasena, nombrado ministro de Economía a pedido del organismo internacional.
La nueva legislación resolvía la reubicación territorial de las fuerzas, el surgimiento del servicio militar obligatorio, la creación de una comunidad informativa formada por todos los órganos de Inteligencia y la creación de un Consejo Nacional de Seguridad cuyo secretario era el General Osiris Villegas, el intelectual castrense que combinó la influencia francesa con la DSN para adaptar la teoría del enemigo interno al ámbito local en su famoso libro Guerra Revolucionara Comunista de 1962.
También se debían proteger los “puntos u objetivos estratégicos”, una definición que volvimos a escuchar hace poco en la reforma militar de Macri. La falta de especificación sobre estos espacios “estratégicos” permitió adaptar el accionar militar a las necesidades de la lucha de clases. Entonces cuando la policía era superada se movilizaba el personal militar para sofocar huelgas de ferroviarios, portuarios y petroleros en 1968 por su ubicación clave en la producción y distribución internacional. Es importante destacar que las Fuerzas Seguridad, al igual que las Armadas, también fueron formadas bajo estos ideales y técnicas contrarrevolucionarias. Incluso en sedes de Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía los agregados militares franceses brindaron conferencias y cursos.
¿Quiénes eran los “subversivos”?
El año 1969 marcó un momento bisagra en la configuración militar del enemigo interno en nuestro país porque fue cuando éste demostró su verdadera potencialidad. El doctor en Historia Esteban Portantiero afirma que “las numerosas insurrecciones populares que se desataron en las principales ciudades del país, con epicentro en las ciudades de Córdoba y Rosario, aceleraron los plazos para la intervención represiva de las FF.AA” [4]. Efectivamente dos meses después del Cordobazo el Ejército publicó en forma reservada un “Reglamento de Operaciones contra la Subversión Urbana” (29/07/1969) que identificaba diferentes niveles de intervención según sean disturbios civiles, insurrecciones urbanas, muchedumbres, manifestaciones o turbas. A partir de entonces el término “subversivo” vendría a reemplazar al de “fuerzas irregulares” y “terroristas comunistas”; y llegaría para quedarse.
Aunque las acciones de las organizaciones guerrilleras crecieron en los años siguientes en forma escalonada en el país, tendiendo a que el discurso reaccionario castrense asimile el término “subversivo” casi exclusivamente al de “guerrillero”, lo cierto es que como observamos hasta ahora la definición es mucho más compleja.
Con el Cordobazo la clase trabajadora cordobesa, aliada a los estudiantes, fue la única que a través de una acción política independiente había logrado iniciar un ciclo de ascenso revolucionario erosionando las bases de poder de una dictadura autoritaria y oscurantista. También había despertado una mayor predisposición y moral para luchar contra ésta, empezando a dar cuenta de su poder de fuego real. La burguesía tenía mucha razón con temerle a la rebeldía cordobesa, sobre todo cuando se extendieron los “azos” a todo el país y la influencia combativa llegó a los polos industriales bonaerenses.
A partir de 1973, la vuelta del peronismo al gobierno con el fin de contener semejante proceso debilitó al sector liberal del Ejército dándole mayor peso al nacionalista. Esto no significó que la noción de enemigo haya cambiado demasiado estructuralmente. Para enfrentar la insurgencia obrera, en vez de utilizar a las fuerzas oficiales, el gobierno creó al “somatén argentino” al decir de Perón. La Triple A, organizada y financiada clandestinamente por el Estado contra “el enemigo apátrida”, llegó a asesinar a más de 2.000 opositores políticos, militantes de izquierda y del peronismo combativo. “Agentes foráneos”, “organizaciones financiadas por el comunismo internacional”, “zurdos que nada tienen que ver con los intereses nacionales” eran algunas de las justificaciones comunes que cruzaron la década del 70 para estigmatizar a quiénes eran opositores. Los medios burgueses colaboraron siempre en la construcción de ese enemigo “subversivo y antinacional”.
Con la muerte de Péron, las FF. AA. recobraron protagonismo y poder con Isabel Perón en la presidencia. Primero con la implementación del “Estado de sitio” a fines del año 1974 y segundo con la firma del decreto secreto que habilitaba el aniquilamiento de la subversión en Tucumán en febrero de 1975, extendiéndose en octubre a todo el país. La destrucción debía ser física y organizativa, aislando a la vanguardia de las masas. Por eso podemos decir que cuando los militares volvieron a imponerse usando la vía golpista en 1976 ya tenían desplegado en todo el país el aparato represivo que permitió llevar adelante el plan sistemático de exterminio y el disciplinamiento de gran parte de la sociedad.
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En los dos últimos años la avanzada represiva cobró mayor magnitud. En el revulsivo 2017 se produjeron los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, cerrando el año con la represión y los enfrentamientos en las movilizaciones del 14 y 18D. El 2018 estuvo atravesado por las grandes movilizaciones de mujeres en junio y agosto, la lucha estudiantil, luchas emblemáticas del movimiento obrero como la de los trabajadores del Astillero Rio Santiago, entre otras. Y ahora están avanzando en el presupuesto 2019 para profundizar el saqueo, cuyo aprobación en el Senado planean para el 14 de noviembre. A esto hay que sumarle la generalización de la crisis económica que todavía no mostró su techo y los preparativos de la Cumbre del G20 en Buenos Aires a fines de noviembre donde vendrán desde Trump, Macron, Putin a Xi Jinping. Sin duda un escenario complejo donde el gobierno va a querer justificar el uso de sus fuerzas. Justamente si hay algo que nos permite conocer la historia es demostrar que la aplicación de la doctrina del “enemigo interno” hay que leerla como una estrategia a largo plazo del Estado y los intereses que defiende. | 
