El 2 y 3 de noviembre se realizará en la ciudad de Malargüe el VII Congreso Nacional de Discapacidad. Entre los invitados “estelares” se encuentra el reaccionario médico Abel Albino, que viene de protagonizar quizás las más escandalosas y acientíficas declaraciones en el plenario de comisiones del Senado, en ocasión del debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el programa Teletón de Chile.
La presencia de Albino no es casual y resulta profundamente política. Se da en un momento en el que es reciente la discusión por el aborto legal y en el que la separación de la Iglesia y el Estado es uno de los ejes de profundas discusiones sociales. Paralelamente, es un mensaje confirmatorio de que tanto la Universidad Nacional de Cuyo, de la mano de su rector Daniel Pizzi, como la Municipalidad de Malargüe, están firmemente alineados con los sectores más reaccionarios de la iglesia, como es en el sur el Instituto del Verbo Encarnado.
El evento se da en momentos en los que resuena la exigencia de la implementación de la educación sexual integral en los colegios y universidades, la aplicación del Protocolo del Aborto no Punible y la separación de la Iglesia y el Estado. En este contexto, los argumentos clericales y oscurantistas de Albino, como los que escuchamos por todos los medios no son un error, ni una expresión afiebrada, sino que reflejan la postura de sectores profundamente reaccionarios.
Es pertinente recordar que Albino pretendió llegar al Ministerio de Salud de la mano de Macri y tras la firme oposición de la comunidad científica tuvo como premio consuelo un vendaval de subsidios para su fundación CONIN, gracias al Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley. Sabemos que, según consta en el Informe 108 brindado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña ante la Cámara de Diputados, la fundación Conin recibió hasta marzo de este año la friolera de 77 millones de pesos, cifra que ascendería a 183 millones cuando finalice el 2018.
Pero no solo por subsidios es famoso Albino, sino por su catarata de disparates en sus alocuciones o bibliografía. Sin ruborizarse ha opinado públicamente que es más grave la falta de cloacas que las muertes de mujeres por abortos clandestinos o que “el 80 % de los grandes criminales de Mendoza han sido desnutridos de segundo y tercer grado” (ligando la desnutrición a la “delincuencia”, lo que habla a las claras de criminalización de la pobreza). Asimismo, en su libro Gobernar es poblar: ¿Paternidad responsable o fornicación asistida?, asegura sin sonrojarse que uno de los problemas argentinos es la falta de población, ligándolo a su lucha contra el derecho al aborto.
En esa obra propone como método para eliminar la desnutrición "combatir la promiscuidad, la pornografía, el autoerotismo, la anticoncepción, la infidelidad y el concubinato" y la idea que "para erradicar la desnutrición hay que capacitar a los ciudadanos marginados para que, si no quieren ser padres, se abstengan de mantener relaciones sexuales". Como si eso no fuera poco, suma al cóctel misógino la sugerencia que “la mujer debe esmerarse por ofrecer a su marido una virginidad tanto física como moral” (pág. 82).
Además del reaccionario pediatra, el congreso traerá como expositores a representantes de la fundación y programa televisivo Teletón Chile, que naciera en plena época de la dictadura pinochetista y tiene entre sus prácticas televisivas exponer niños y niñas en la búsqueda de aportes de televidentes y empresas. Lejos de reconocer la responsabilidad innegable del estado en garantizar los derechos de las personas con discapacidad, la Fundación Teletón, que recibe cuantiosos fondos del estado, representa la privatización de la asistencia de la mano de la caridad y el aporte de empresas que, mostrando su “responsabilidad social” que le permiten descontar el pago de impuestos, generan cada año enormes movidas publicitarias.
El ejemplo de Albino y Fundación Teleton (que también fuera invitada en Malargüe en tiempos del Frente para la Victoria), reflejan sin dudas la mirada privatista, antiestatal y caritativa sobre las políticas públicas. Por ello, que se utilicen recursos del estado para que se difunda esa posición es un hecho inadmisible
