La invitación al juez Sergio Moro para que sea parte del gobierno de Jair Bolsonaro “ya fue hace tiempo, durante la campaña [electoral] se hizo el contacto”. La frase que confirma que el juez Moro ya sabía que iba a ser elegido para ocupar el ministerio de Justicia del nuevo gobierno brasileño no corresponde a un opositor, la dijo el vicepresidente electo general Hamilton Mourão en declaraciones al diario Valor Económico.
Los dichos de Mourão no son un detalle menor si se tiene en cuenta que el juez del Lava Jato, Moro, intervino en medio de la campaña electoral, a pocos días de la primera vuelta, revelando las declaraciones que hizo, como parte de una delación premiada, Antonio Palocci ex ministro de Lula. En las mismas se asegura que el expresidente le había pedido “que emplee recursos ilícitos” en las campañas de Dilma.
La propuesta de Bolsonaro para que Moro sea ministro de Justicia y el sí dado por el juez para tomar ese puesto en el gobierno, que se conoció este jueves, confirman lo que denuncia el líder del PT en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta, al asegurar que "es de una gravedad espantosa la revelación de Mourão. Es prueba testimonial de la relación criminal y perversa entre la Lava Jato y Bolsonaro. Cuando Moro filtró la delación de Palocci, ya sabía que si Jair Bolsonaro era elegido, él sería ministro".
Ante estos hechos se vuelve a poner en primer plano que las acciones del juez encargado de la causa Lava Jato, y que buena parte de la derecha continental catalogaba como “ícono” de “la lucha contra la corrupción”, estuvieron lejos de buscar “justicia” y que en verdad buscaban beneficiar el avance de la ultraderechista y el bonapartismo judicial que se inició con el golpe institucional de 2016.
Una asociación ilícita para digitar las elecciones
El reconocimiento de general Mourão no hace más que confirmar, como señalamos en este diario durante la campaña electoral, que el poder judicial actuó para digitar las elecciones de forma tal que Bolsonaro, una vez que otros candidatos preferidos por el establishment perdieron fuerza, saliera beneficiado.
La decisión de Moro de quitar el secreto de sumario sobre la delación premiada de Palocci fue uno de los movimientos de piezas que buscaba jaquear el derecho de millones a poder elegir al candidato que quisieran.
Esta violación del elemental derecho democrático de millones de brasileños comenzó con el encarcelamiento arbitrario (sin respetar la instancias de apelación), dictado por el juez Moro, del expresidente Lula que en ese momento era el gran favorito a ganar la elección presidencial en todas las encuestas.
Ese fallo abrió la puerta a la proscripción de la candidatura de Lula da Silva. La justicia también prohibió al expresidente dar entrevistas y limitó su participación en los spots televisivos, lo que dificultó al máximo la tarea del PT de convencer a los electores de Lula de darle su voto a Haddad.
Además de todas estas maniobras, la justicia inhabilitó a 3,4 millones de electores por no haber realizado el registro biométrico. Esta decisión de la Corte Suprema brasileña afectó principalmente a la población del norte y nordeste del país (54% de los afectados), donde el PT cuenta con el mayor apoyo.
Al tiempo que la operación judicial Lava Jato reaparecía con la filtración del testimonio del exministro de Lula, Antonio Palloci, la esposa del juez Sergio Moro, declaró abiertamente su apoyo a Bolsonaro desde las redes sociales.
Por su parte, la fiscalía general pidió una nueva condena sobre Lula, en otra causa de sobornos que involucra a Odebrecht, esta vez relacionada con el Instituto Lula. También en la cúpula del ejército hubo movimientos favorables al Bolsonaro.
Para completar las medidas judiciales arbitrarias el juez Luiz Fux prohibió a Lula dar una entrevista al diario Folha de Sao Paulo desde la cárcel. Además, determinó la censura previa al periódico (o cualquier otro que quisiera entrevistar a Lula), algo no visto desde la dictadura militar. Fux censuró arbitrariamente la prensa y silenció al dirigente político más apoyado de Brasil violando la propia Constitución brasileña que garantiza la libre expresión.
Y por si el accionar del poder judicial no fuera suficiente, el Ejército jugo sus fichas. El comandante de las Fuerzas Armadas, Eduardo Villas Boas, declaró en varias ocasiones en contra de la posibilidad de que Lula se pudiera presentar como candidato e incluso amenazó con una intervención militar.
Este tendencioso accionar judicial quedó muy claro cuando el Tribunal Superior Electoral decidió no tomar cartas inmediatamente para abrir una investigación sobre la denuncia que implicaba a Bolsonaro con la difusión masiva de Fake News (noticias falsas) a millones de usuarios mediante mensajes de WhatsApp. El diario Folha mostró cómo empresarios financiaron la compra de paquetes de mensajes con noticias falsas para atacar al candidato del PT, Fernando Haddad, y beneficiar al ahora electo presidente Bolsonaro.
Como un "tiro en el pie propio"
Un articulo de Daniela Lima en el diario Folha do Sao Paulo asegura que esa fue la expresión usada por algunos jueces, incluso miembros de la Corte Suprema, para definir el impacto que tendrá la confirmación de Sergio Moro como futuro ministro de Justicia.
En ese articulo se muestra, además de la interna en el poder judicial con sectores que miran con recelo a Moro, la preocupación de que quede al descubierto el papel decisivo que jugaron los jueces desde el golpe institucional que tiró a Dilma Rousseff.
Por otro lado, la decisión de Moro, abrió la puerta al justo reclamo de la defensa de Lula que advirtió este jueves que tomará medidas que garanticen un "juicio justo" contra el exmandatario brasileño una vez Moro renuncie a su cargo como juez 13 federal de Curitiba para poder asumir como ministro. Para los abogados del ex presidente, el ingreso en la política del juez del Lava Jato demuestra que el exmandatario fue "procesado, condenado y encarcelado sin que haya cometido un delito, con el claro objetivo de impedirle actuar políticamente".
“Hizo muy bien su trabajo. En función del combate a la corrupción, de la Operación Lava Jato, las cuestiones del mensalao, entre otros, me ayudó a crecer políticamente”, aseguró Jair Bolsonaro este jueves al referirse a Sergio Moro. A confesión de parte relevo de pruebas, señor juez.
Documentos filtrados por wikileaks mostraron los planes orquestados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por medio de los tribunales y bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción, con el objetivo de lograr una injerencia directa en la política de los países del subcontinente y beneficiar a los sectores proclives a los planes imperiales.
En esos mismos documentos aparece nombrado el juez Sergio Moro, el “ícono” que bajo el pretexto de la lucha contra los entramados de corrupción, inherentes a los Estados capitalistas, fue parte de la avanzada del bonapartismo judicial. Un pretexto completamente falso que incluso llegó a ser saludado por sectores que se reivindican de izquierda ilusionados con la idea de un “Lava Jato hasta el final” para erosionar al régimen político y enfrentar la corrupción capitalista. En realidad, se trata de una avanzada de la clase dominante sobre derechos democráticos básicos como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el derecho a expresión y manifestación o a elegir y ser elegido, entre otros, que más temprano que tarde serán usados contra los trabajadores y el pueblo.
Finalmente, la asociación de la extrema derecha y el Poder Judicial en Brasil, corporizada en la relación de Bolsonaro y el juez Moro, muestra cómo cada acción arbitraria contra uno de los postulantes a la presidencia y favorito a ganar, buscó beneficiar el triunfo de un candidato que garantizara las reformas y ataques que Temer no pudo poner en práctica, la privatización de las empresas estatales y, sobre todo, la reforma previsional. | 
