A medida que se acerca la fecha de la discusión presupuestaria en el Senado, avanza el intento de criminalizar la protesta social. En particular, un movimiento intenta avanzar en la persecución de los diputados de bloques opositores que reclamaron contra la represión policial que tuvo lugar el pasado 24/10.
Ese día, como se recordará, se trató en la Cámara Baja el proyecto de Presupuesto 2019 acordado entre el gobierno de Macri y los gobernadores peronistas bajo el mandato del FMI. En las afueras del Congreso se desató una feroz represión mientras, dentro del recinto, el oficialismo y el Bloque Justicialista pretendían continuar con la sesión.
Desde el gobierno nacional, con apoyo de la gran corporación mediático, se lanzó entonces una fuerte campaña contra los diputados de la oposición (FpV, PPV y Frente de Izquierda) que intentaban frenar la represión.
Pocos días después, desde el Colegio de Abogados de la Ciudad se realizó una denuncia en la Justicia contra los y las legisladoras que exigieron, como resulta lógico, que la sesión no siguiera adelante.
Este lunes, desde esa misma institución, insistieron en el mismo sentido, ratificando y ampliando la denuncia penal. En la ampliación aportaron fotos y notas periodísticas. El objetivo sería “documentar” lo que todo el país vio: a los legisladores opositores intentando frenar una represión violenta.
En ese marco, el fiscal Guillermo Marijuan también avanza en un intento de criminalizar a la oposición. Dado que la denuncia quedó en sus manos, el funcionario ya libró oficios a los canales de TV, solicitando imágenes correspondientes a esa jornada.
Sin embargo, con el correr de los días, fue quedado en evidencia que la misma represión –y posterior cacería policial- contó con claros elementos de provocación por parte de las mismas fuerzas policiales.
El pasado 1° de noviembre este medio difundió un video en el que se ve como un efectivo de la Policía de la Ciudad destroza un vidrio de un piedrazo.
No fue este el único hecho completamente irregular protagonizado por las fuerzas policiales. Como denunció la diputada porteña Myriam Bregman, a los integrantes del colectivo La Garganta Poderosa “directamente les plantaron pruebas para tratar de incriminarlos, y los detuvieron a decenas de cuadras de los hechos cuando se retiraban tranquilamente”.
El intento de criminalizar la protesta social avanza de la mano del ajuste. El próximo 14/11 el Senado nacional tratará el Presupuesto 2019. Desde el peronismo ya adelantaron que darán los votos necesarios para hacer posible.
Desde el sindicalismo de base y la izquierda siguen exigiendo a las conducciones sindicales el llamado a un paro nacional activo y a movilizaciones masivas que puedan derrotar ese ataque. La criminalización de la protesta tiene el objetivo de amedrentar para limitar la movilización. Hay que impedir que eso ocurra. | 
