El fallo del Supremo vuelve a mostrar al rey desnudo: el verdadero poder detrás del poder judicial es la banca más concentrada. Tras 16 horas de deliberación en dos jornadas, y tras dos días de Pleno se da marcha atrás en el fallo que iba a hacer pagar a los bancos el impuesto de las hipotecas. Los 28 magistrados del Pleno del Tribunal Supremo se han inclinado, por una mayoría de 15 contra 13, por avalar la jurisprudencia tradicional: el cliente continuará pagando.
La "casta judicial" exime a la banca el pago de 640 millones al año del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y libera a las comunidades autónomas de desembolsar 2.300 millones.
Son las mismas entidades financieras que durante la crisis se beneficiaron en una estafa descomunal al pueblo de los fondos de rescate de los estados, cuando millones de personas perdían su trabajo y sus casas. Y como si de una verdadera mafia se tratara son los mismos bancos que amenazaban con que “si aceptaban cumplir con esta nueva normativa, trasladarían a los clientes los costes con intereses crediticios más altos”.
La "casta judicial" que sentencia a favor de “la manada”, envía a la cárcel a periodistas, tuiteros, activistas, actores y políticos catalanes, cubre de impunidad a los corruptos y salva a los grandes bancos cuando hay fallos en su contra.
Poco después de conocerse esta noticia, Alberto Garzón anunciaba en Twitter que “ante la situación de desprestigio en la que queda la Justicia de este país, y ante el chantaje inaceptable de la banca privada he hablado con Pablo Iglesias y hemos decidido convocar una concentración el sábado frente al Tribunal Supremo, a las 18:00h”.
Esta es una medida necesaria frente a semejante escándalo, pero no es suficiente. Es necesario denunciar de conjunto a la "casta judicial" y plantear medidas radicales para terminar con ella. Una medida elemental en este sentido sería la elección de todos los jueces por sufragio universal y la generalización de los juicios por jurados populares.
Al mismo tiempo, este fallo de escándalo reafirma la necesidad de apuntar contra los poderes económicos que controlan los hilos del régimen político: la nacionalización de la banca bajo control de trabajadores y usuarios, para ponerla al servicio de la mayoría social, para brindar créditos baratos y poner a disposición de las necesidades sociales las viviendas vacías que acaparan para especular. | 
