Este viernes culminó la 116° edición de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que congregó a un centenar de obispos toda la semana en la exclusiva “Casa de ejercicios El Cenáculo La Montonera” de la localidad de Pilar (norte del Gran Buenos Aires).
Curiosamente, este año no habrá “documento final”, como suelen hacer luego de las deliberaciones y la habitual “rosca” entre las alas más conservadoras y las más “progresistas” dentro de la Curia argentina.
Según informaron fuentes del clero, el lugar de ese tradicional documento este año lo ocuparía el discurso inaugural del lunes, a cargo del obispo de San Isidro y presidente de la CEA, monseñor Oscar Ojea. Como informó este diario, en esa homilía Ojea no hizo más que demostrar que los obispos están nerviosos: “Nos atacan, tenemos que unirnos y cuidarnos entre nosotros”.
La mayor novedad que arrojó el final de la Asamblea Plenaria de la CEA es una declaración del Episcopado relacionada con el histórico pago de sueldos de parte del Estado para obispos, arzobispos y curas de “frontera”, así como de becas para seminaristas (futuros curas).
El Equipo de Prensa y Comunicación de la CEA anunció mediante un comunicado que los obispos “han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado” por otras fuentes de financiamiento “basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común”.
Además, el Episcopado anunció que la Comisión Episcopal para el Sostenimiento de la Misión Evangelizadora de la Iglesia (una especie de ministerio de finanzas de la Curia) “trabajará en la creación de un fondo solidario y en la continuidad del diálogo con el Gobierno Nacional, consensuando diversas alternativas que facilitarán este reemplazo”.
Como se recordará, en medio de la sesión informativa de marzo en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete Marcos Peña dejó en evidencia al Episcopado al responder que, por año, el Estado destina al pago de esos sueldos unos $ 130 millones.
El “pase de factura” de Peña se correspondía con las pujas entre el Gobierno y la Iglesia alrededor de la habilitación del debate sobre la legalización del aborto. Aunque en verdad esa puja tiene de fondo el distanciamiento entre Mauricio Macri y Jorge Bergoglio al tiempo que el jefe del Vaticano realiza gestos constantes a la oposición peronista.
Según reveló Peña en aquella oportunidad, un obispo diocesano cobra $ 46.800 mensuales, al igual que un administrador apostólico y diocesano, mientras que un obispo auxiliar percibe $ 40.950.
La exposición de esos números generó gran rechazo popular, en un contexto en el que la clase trabajadora y el pueblo pobre recibe sueldos que en promedio rondan un tercio o menos de esas cifras y donde la inflación, los tarifazos y el desempleo deterioran constantemente el poder adquisitivo.
De allí que el Episcopado haya tomado ese “escrache” oficial como una afrenta a la que había que responder de alguna manera. Ocho meses después, anuncian que aceptan ir resignando “gradualmente” esos sueldos y reemplazarlos por aportes de la feligresía.
Sin embargo, ni el Gobierno nacional ni mucho menos el Episcopado están dispuestos a debatir públicamente qué hacer con los miles de millones de pesos que año a año el Estado le da a la Iglesia católica en conceptos tan variados que van desde las siderales exenciones impositivas sobre inmuebles, terrenos y campos hasta el financiamiento de la educación privada confesional.
Según datos aproximados (no hay números oficiales totales) relevados por organizaciones que motorizan la campaña nacional por la separación efectiva de la Iglesia del Estado, los $ 130 millones de sueldos denunciados por Peña y que los obispos estarían dispuestos a resignar, representan una ínfima parte del dinero que entrega el Estado a la Iglesia católica.
La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), conformada por diversas organizaciones de todo el país, calculó en no menos de $ 20 mil millones anuales los aportes estatales al sostenimiento de la institución religiosa. Por caso, se calcula que solo en subsidios a colegios confesionales se pagan $ 18 mil millones por año.
Tampoco está en la mesa de “discusión” entre el Gobierno y los empleados de Francisco el andamiaje legal que, en definitiva, permite que se financie a la Iglesia como si fuera parte de la misma estructura estatal.
Esa normativa incluye artículos de la Constitución Nacional, leyes y decretos que están vigentes desde hace décadas, muchos de los cuales fueron promulgados en dictaduras militares como las de Onganía y Videla.
Como en El Gatopardo de Tomas di Lampedusa, los obispos apuestan a “cambiar algo para que nada cambie”. En este caso, aceptan resignar sus sueldos a cambio de que no se insista en la idea de que Iglesia y Estado deben ser asuntos separados.
Pero no la tienen tan fácil. Los obispos, están nerviosos.
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