La empresa despidió a todo el personal hasta al hombre que custodia la garita de entrada, argumentando una supuesta "reestructuración productiva" sin haber hecho previamente el procedimiento preventivo de crisis establecido en la Ley Nacional de Empleo (24.013) por lo que los despidos son nulos.
Por otro lado, la empresa se comprometió ante la Dirección de Inspección Laboral del Ministerio de Gobierno, como consta en el acta del día 11 de Octubre, a no despedir a nadie, incluso llega al cinismo de declarar en la DIL que “conforme a las instrucciones de la patronal la única manera de afrontar la crisis actual es la continuidad laboral”.
Sin embargo, el día 12 de Noviembre, un mes después, la patronal manda un telegrama a todo el personal comunicando el “cierre del establecimiento y el cese de actividades”.
Es decir que, no solo los despidos y el cierre de la Planta son ilegales sino también fraudulentos.
El Gobierno debe garantizar la continuidad laboral, el cobro de salarios y todos los derechos de las trabajadoras, apelando a todos los medios a su alcance, incluyendo la expropiación de la fábrica y su puesta en funcionamiento bajo gestión obrera y-o cooperativa.
Por todo esto, el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Inspección Laboral, deben dictar de manera inmediata la conciliación obligatoria con todas las obreras en sus puestos de trabajo. | 
