El 29 de cctubre pasado más de 300 familias ocuparon un predio donde se hallaba la obra sin terminar de 552 viviendas del Programa Federal en el barrio Saavedra Lamas, del municipio de José C. Paz. La respuesta por parte del Gobierno que mantiene inconclusa las obras fue enviarles un operativo de cientos de efectivos de las fuerzas de seguridad.
Numerosas familias que padecen en sus cuerpos, en su salud, en su cotidianeidad, los efectos de no poder acceder al derecho a una vivienda y un hábitat digno, se dispusieron a tomar de forma pacífica el barrio y ocupar esas viviendas que permanecieron vacías y sin terminar por ocho años.
Muchas de ellas son niñas y niños que se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad por las carencias urbano habitacionales del lugar y la inseguridad ante la posibilidad de un nuevo intento de desalojo.
Si bien se puede observar que la mayor parte de las viviendas tienen muros perimetrales, los techos de teja no están en buen estado; incluso muchas viviendas no tienen cubiertas. Es decir, no están funcionando como cobijo. Además, algunas familias lotearon espacios vacantes y con carpas y otros materiales improvisaron un espacio para poder resguardarse.
No hay red eléctrica, por lo que las familias hicieron tendidos precarios, muchos de ellos a nivel del suelo; algo que resulta altamente peligroso para los numerosos niños y niñas que forman parte de las familias. Finalmente, si bien se puede observar cámaras de registro cloacal en las esquinas, no hay indicios de que funcione la red. Esto redunda en familias enteras expuestas a malos olores y peligros de infecciones por falta de lavabos y sanitarios.
Frente a esta situación, el lunes 5 de noviembre más de 300 efectivos de fuerzas de seguridad se acercaron a desalojar y a través de la intervención de los vecinos se logró presentar un recurso de amparo que detuvo momentáneamente el desalojo.
Hoy reina una tensa situación de incertidumbre y de miedo originada en el incumplimiento y la desidia del Estado que no terminó de construir las viviendas generando un conflicto entre familias pobres que tienen derechos vulnerados: las ocupantes y las que esperaban sus casas.
El Área de Urbanismo del Instituto del Conurbano en un comunicado denunció esta situación de desamparo y violencia exigiendo:
La respuesta a la ocupación no puede ser nunca la represión. Las fuerzas de seguridad no pueden ser la manera de intervenir del estado. Se trata de un tema de Derechos Humanos que requiere una respuesta integral y humanitaria. Por tanto, nos pronunciamos en contra del desalojo forzoso como modo de resolución del conflicto.
Cumplimiento inmediato de la Ley de Acceso Justo al Hábitat que establece entre sus principios rectores el derecho de todas y todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires al uso y goce de la ciudad y la vivienda. El ajuste estatal no puede ser la respuesta a las necesidades y los derechos de las familias más pobres.
Constitución urgente de una mesa de diálogo y gestión en la que participen los diversos actores del conflicto pero donde el Estado, en sus diferentes niveles, debe hacerse responsable de las soluciones. | 
