 El plan neoliberal para desmantelar la educación pública y lograr un cambio radical en México, acorde a las necesidades del gran capital nacional y extranjero, se profundizó durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Expresión de ello fue la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) entre el presidente panista y la entonces “presidenta vitalicia” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales.
No es casual que, en esos años, se instaló la militarización en el país, recrudeciendo la violencia e, incluso, superando los 120.000 homicidios durante el sexenio. Esto preparó el terreno para un nuevo ciclo de sumisión al imperialismo estadounidense.
Injerencia empresarial en la educación
En el terreno educativo, se siguieron las directrices de los organismos financieros internacionales. Como antecedentes tenemos que en el 2010 se firma el Acuerdo de Cooperación México – OCDE [1] para “mejorar la calidad de la educación en las escuelas”. Además, desde el 2008 comenzaron las pruebas internacionales como PISA, [2] las cuales, según este organismo internacional, arrojaron que nuestro país tenía “un enorme desafío a superar dado el bajo nivel de rendimiento escolar”.
En su discurso en México, el 19 de octubre del 2010, Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, anticipó los planes para generar una mano de obra profundamente precarizada:
“…si México lograra reducir las disparidades en el desempeño escolar y lograr un mínimo de 400 puntos en la prueba PISA para todos sus alumnos, podría registrar un aumento del PIB del 1200 % en el año 2090. Esto sería un avance enorme.”.
Y concluyó: “Sólo así, México logrará que sus jóvenes desarrollen su pleno potencial, encuentren un buen empleo y ayuden a incrementar la productividad laboral, la competitividad y el crecimiento de la economía mexicana.” [3]
La injerencia de los organismos internacionales respecto de la educación en múltiples países no es algo nuevo. La OCDE, fundada en 1960, tuvo su antecesora en la Organización Europea para la Cooperación Económica. Esta última surgió en 1948, luego de los acuerdos de Bretton Woods, y tuvo a su cargo la gestión del Plan Marshall en el continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial. La OCDE, desde sus inicios, impulsó reformas educativas para mejorar la eficiencia de la industria, en común acuerdo con el Banco Mundial y el FMI.
En la década de los 80, inherente a la ideología neoliberal, este organismo se propuso la búsqueda de la “calidad” al estilo empresarial. Supuso una mayor transformación del ámbito escolar en función del adoctrinamiento capitalista –la cual pretendió sacrificar– de los contenidos educativos, los factores culturales, sociales y humanísticos. La educación debe limitarse a lo básico para leer y comprender los manuales de trabajo, con la intención de generar mano de obra calificada y barata, al mismo tiempo que bloquea el acceso de las grandes mayorías al conocimiento crítico y social.
Como señala el escritor catalán Xavier Diez: “Sin pensamiento crítico, hay dominación y explotación asegurada. La erradicación de las humanidades impide tomar conciencia de la propia condición, toma el pensamiento y el lenguaje a la masa creciente de desposeídos y facilita la tarea de dominación a la minoría beneficiaria del sistema”. [4]
Lo que pretenden la OCDE y Mexicanos Primero
Con el regreso del PRI al gobierno en diciembre de 2012, la continuidad de la ofensiva contra el pueblo trabajador tomó forma en el Pacto por México: un reaccionario acuerdo entre los principales partidos del Congreso (PAN-PRI-PRD) para imponer las llamadas “reformas estructurales”. En primer lugar, figuraba la reforma educativa.
Dictada por la OCDE y los empresarios agrupados en la fundación Mexicanos Primero, la reforma educativa fue promulgada por Enrique Peña Nieto el 25 de febrero de 2013.
Con la modificación a los artículos 3 y 73 de la Constitución, se generaba el marco legal para atacar la educación pública y los derechos de los trabajadores de la educación.
La reforma educativa afecta, directamente, a los maestros de educación básica y media superior –tanto de escuelas públicas como privadas–, aunque la ofensiva contra la educación pública golpea, también, al nivel superior.
Según datos de la SEP, 2 millones 66 mil maestros forman parte del sistema educativo nacional, de los cuales, 1 millón 555 mil 698 corresponderían al nivel básico (75.3%) y 249 mil 986 al medio superior (12.1%).
A pesar de la enorme lucha magisterial que recorrió el país durante ese año exigiendo la abrogación de la reforma, la reglamentación de los cambios constitucionales vendría mediante la imposición –represión incluida– de las leyes secundarias. Se trata de la Ley General de Educación (modificaciones), Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y Ley General del Servicio Profesional Docente, aprobadas por el Congreso con el beneplácito de los grandes empresarios, el imperialismo y con la complicidad de la burocracia sindical del SNTE.
En este periodo se impusieron las medidas contenidas en dichas leyes, así como nuevos planes –tal es el caso de La Escuela al Centro y Escuelas al CIEN– para culminar con el Nuevo Modelo Educativo (NME).
La reforma educativa significa un avance privatizador contra la educación pública y el desmantelamiento parcial de ésta, la degradación de los contenidos educativos, la liquidación de los derechos del magisterio, precarización laboral y aumento de carga de trabajo.
Privatiza la educación, precariza al maestro
Mientras la autonomía de gestión escolar apunta al desentendimiento del Estado de sus obligaciones de financiamiento en materia educativa, los Consejos Escolares de Participación Social abren las puertas de las escuelas a la injerencia de la iniciativa privada. Las empresas ofrecen sus servicios para la impartición de los clubes impuestos con la autonomía curricular del NME. Por otra parte, el programa Escuelas al CIEN representa endeudamiento público en beneficio de los particulares que inviertan en infraestructura escolar e hipotecarán, así, el futuro de los planteles.
Las escuelas de tiempo completo y de jornada ampliada implican la desaparición de los turnos vespertinos y, con ello, privan a muchas familias trabajadoras de esta opción, desplazan a los maestros con la consecuente saturación de grupos en los turnos matutinos. En un sentido similar, el programa de La Escuela al Centro pretende concentrar a más alumnos en menos planteles, con el riesgo de la desaparición de miles de escuelas.
Lo que iniciaba con la “educación por competencias” introducida por la ACE, pega un salto con el NME y sus “aprendizajes clave”, el recorte de horas en materias como Geografía y Educación Cívica y Ética, la desaparición de talleres y su sustitución por clubes de tres meses que desarticulan –arbitrariamente– la formación de los alumnos y significan más trabajo para los maestros. Además, existe el componente de la “educación socioemocional” con el que se pretende educar a los futuros trabajadores para ser “felices” bajo condiciones de superexplotación.
De esta manera, los maestros, además del aumento de la carga laboral, la principal afectación que tienen es la liquidación de la estabilidad en el empleo mediante la evaluación del desempeño docente vinculada a la permanencia en el servicio, con una prueba estandarizada y deficiente que no puede reflejar las capacidades frente a grupo. La evaluación para la promoción cancela, también, los derechos escalafonarios, inclusive, la evaluación para el ingreso terminó con el derecho de los egresados de las normales a una plaza automática y basificable. Las evaluaciones y el NME implican, para los maestros, la obligación de tomar cursos por fuera del horario laboral y sin remuneración.
Según datos de la SEP, el 54.3% de los docentes en el país trabaja entre 15 y 34 horas semanales, mientras que el 38.1% labora de 35 a 48 horas, sin tomar en cuenta las horas de trabajo no remuneradas que aumentan con la reforma; por ejemplo, aquellas que se dedican a la planificación, la revisión de trabajos y exámenes, asesorías, atención a padres de familia y actividades extracurriculares.
Ante esto, el magisterio salió a las calles durante el sexenio de Peña Nieto, particularmente en 2013 y 2016, luchando por la abrogación de la reforma educativa en procesos encabezados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
¿Qué propone el próximo gobierno?
El 1 de julio, 30 millones de personas votaron por López Obrador. Con sus promesas de cambio, el tabasqueño supo capitalizar el enorme descontento social acumulado contra los partidos integrantes del Pacto por México. Entre esas promesas, una en particular captó la atención de maestras y maestros: la cancelación de la reforma educativa. Se calcula que el 70 % del magisterio votó a favor del MORENA.
Con el correr de los días, a medida que AMLO negocia con los grandes empresarios, dicha promesa de cancelación se fue desdibujando.
Las malas noticias comenzaron con el nombramiento del próximo secretario de educación pública, Esteban Moctezuma Barragán, un expriísta que fungió como secretario de gobernación durante el sexenio de Ernesto Zedillo y que fue presidente de la organización denominada Fundación Azteca del millonario Ricardo Salinas Pliego.
Moctezuma Barragán ya no habla de la prometida cancelación, sino de derogar la reforma educativa; lo que significa, en términos jurídicos, concluir la vigencia de sólo algunos de sus preceptos. Cada vez más, el discurso se encamina a modificar, únicamente, la Ley General del Servicio Profesional Docente. Ya con mayoría en el Congreso, el Morena se limitó a exhortar a la suspensión de la evaluación docente, y al cierre de esta nota, la SEP anunció en su comunicado 255 que “por mandato constitucional” continuarán los procesos de evaluación.
Se plantea la creación de un sustento jurídico que sustituya lo derogado a través de foros de consulta, pero en este proceso, aparentemente democrático, no todo estará sujeto a discusión. De antemano, han establecido lo que se preservará de la reforma: la evaluación docente que, por más que se presente desvinculada de la permanencia en el servicio y regionalizada, no deja de ser un mecanismo de control burocrático, vertical, sobre los maestros y no pierde su carácter estandarizado. Además, la evaluación para el ingreso, que niega el derecho de los normalistas egresados a una plaza automática y basificable; así como las escuelas de tiempo completo, con las consecuencias expuestas arriba. Además, queda en pie el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Los discursos de AMLO en los que ha planteado que cancelará la reforma no dan respuesta a estos aspectos cruciales que enunciamos.
Para dichos foros propuestos por el equipo de López Obrador, se habla de la participación de maestros y padres de familia; sin embargo, también estarán abiertos a la intervención de empresarios –mediante los Consejos Escolares de Participación Social– y dirigentes burocráticos del Sindicato. Son los mismos que impulsaron y avalaron la reforma educativa y que, en el caso de los primeros, azuzaron la represión al magisterio, como en 2016, cuando la COPARMEX pidió al gobierno mano dura contra los maestros en lucha, mientras que los segundos fueron cómplices por omisión.
Para la nueva evaluación docente, planea dársele un lugar central a la evaluación a los alumnos, pero sin contemplar la multiplicidad de factores que inciden en el proceso de enseñanza, como las condiciones de vida de los niños y jóvenes, de las escuelas, de las aulas, la saturación de grupos o la degradación de los contenidos educativos a partir del Nuevo Modelo impuesto para que lo impartan los docentes, pero como si el aprendizaje dependiera sólo de ellos.
Estas medidas concuerdan con otros proyectos. Uno de los más graves es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de corte francamente neoliberal, mediante el cual se planea la contratación de 2.6 millones de jóvenes de educación media superior y superior bajo la figura de aprendices; es decir, sin derechos laborales, guiados por tutores asignados por las empresas, pero cuyos salarios serán cubiertos con el erario. Para este programa proyecta destinarse 110 mil millones de pesos anuales, que significa pura ganancia para los empresarios a costa del sudor de la juventud.
Mientras tanto, no se ha hecho un solo cuestionamiento a los planes del imperialismo para la educación ni hay respuesta a las preguntas de periodistas sobre las medidas privatizadoras que vinieron con la reforma o sobre el destino del Nuevo Modelo Educativo que parece hecho a la medida del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Como puede verse, lejos están los planes de AMLO de las expectativas de los cientos de miles de maestros y padres de familia que lo votaron.
Transformar la escuela y la sociedad
Más allá de que amplios sectores puedan considerar progresivas las medidas prometidas por AMLO –como la construcción de 100 universidades, el acceso universal a la educación media superior y superior, las becas o el fortalecimiento de las normales– la situación en que se encuentra la educación, luego de décadas de neoliberalismo, no solo requiere la cancelación de la reforma sino un programa que la transforme radicalmente.
Para que exista una transformación profunda de la educación pública se necesita, por ejemplo, grupos reducidos (actualmente los hay de 50 alumnos o más) y, consecuentemente, más salones, más escuelas y más maestros; además de una infraestructura escolar segura frente a los fenómenos naturales, con lo mejor para el desarrollo integral de niños y jóvenes.
Se requiere, también, que quienes se formaron para ser maestros ingresen al servicio público docente sin trabas –puesto que ya fueron evaluados en cada año escolar de la carrera y en cada materia, así como con la aprobación de su examen de titulación y entrega de cédula profesional–, horas no lectivas de trabajo dentro de la jornada laboral y remuneradas, estabilidad laboral, salarios dignos y jornadas laborales de seis horas y cinco días a la semana para maestros y padres de familia.
Todo esto supone, desde luego, un aumento sustancial del presupuesto educativo, más de lo que puede dar la simple austeridad republicana y el combate a la corrupción que propone López Obrador.
En 2017, el pago de los intereses resultado de la deuda pública fue de 25 mil millones de dólares, casi duplicando el presupuesto para educación pública de ese año, de 267 mil 655 millones de pesos. Los recursos para financiar una verdadera transformación educativa deberían salir de no pagar la deuda externa y de impuestos progresivos a las grandes fortunas, pero eso es algo que el futuro presidente no está dispuesto a hacer.
Frenar la implementación del NME, las evaluaciones, reinstalar a los maestros cesados, lograr la cancelación efectiva de la reforma educativa y conquistar la educación que merecen los hijos del pueblo trabajador, no está en la agenda de los grandes empresarios ni de la burocracia sindical. De tal manera que la organización de maestros y padres de familia, con una política independiente del próximo gobierno, y en alianza con otros sectores obreros y populares, se vuelve una condición indispensable para lograrlo.
Junto a ello, la crisis en el aparato sindical y el fortalecimiento de Elba Esther Gordillo como resultado de las elecciones ponen al día la discusión sobre la democratización del SNTE. Es una perspectiva de primer orden si se piensa en términos de recuperación del sindicato, como instrumento de lucha de los trabajadores de la educación. No vendrá de la mano del próximo gobierno, sino que sólo puede resultar de un proceso de autoorganización independiente desde las bases. | 
