Un asesinato por la espalda
El proceso de recuperación territorial emergió en los debates nacionales 15 días antes del crimen de Rafael Nahuel, cuando el Lof recuperó parte del territorio en Villa Mascardi. Habían levantado las primeras casas para atravesar la noche y el sueño pesado de los primeros tiempos y comenzado a sembrar. Rafa de 22 años, soñaba con criar conejos y tener un caballo que le anduviera por caminos donde reinventar y torcer los márgenes grises que este sistema tiene como propuesta para las grandes mayorías. Soñaba con poder vivir con los suyos, en sus tierras y poder ejercer su cultura con libertad.
Pocos meses habían pasado de la detención de Facundo Jones Huala, la represión en Cushamen y la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. El gobierno, en su afán de criminalizar al pueblo mapuche y crear un enemigo a medida de los terratenientes, montó un operativo de fuerzas federales con el grupo Albatros de la prefectura, gendarmería y con apoyo de la policía provincial para desalojar la ocupación. Los medios amigos, tergiversando los hechos, informaron que el territorio estaba ocupado por unos “cien miembros de la RAM”.
Fueron 114 disparos efectuados por 6 prefectos. Bastó uno para herir de muerte a Rafa. La autopsia confirmó que la 9 mm lo alcanzó por la espalda mientras huía de la represión cerro arriba, más precisamente, ingresó por el glúteo y se alojó en el tórax. Sin embargo, desde el día uno, la cartera de seguridad se refirió a la represión como un enfrentamiento, instalando y sosteniendo esta “teoría” aun cuando este elemento y las investigaciones posteriores señalaron lo contrario.
Con Rafael agonizando en la montaña, Fausto Jones Huala y Lautaro González improvisaron con sus manos y la ropa disponible una precaria camilla. Las mismas manos que levantaron ranchos en el Lof y prepararon la tierra para la siembra se vieron llenas de los últimos suspiros del Rafa. Luego de escuchar el silbido incierto de la balacera que el grupo Albatros lanzó por centenas sobre ellos, hiriendo a muchos y truncando la vida a Rafael, no hubo forma de arrebatárselo a la muerte estatal que ya le iba deshilachando los signos vitales montaña abajo. Tras entregar el cuerpo de Rafa junto a las últimas esperanzas de vida, fueron detenidos e incomunicados durante cuatro días. Las autoridades prohibieron el ingreso de ambulancias al lugar y el cuerpo inerte de Rafa fue arrastrado por el pedregal por la policía, rompiéndole la cabeza. Mientras otros integrantes de la comunidad yacían heridos en la montaña, Fausto y Lautaro fueron imputados en la causa caratulada como “muerte por causa dudosa” iniciando así una persecución judicial sobre los miembros del Lof.
Días después del asesinato de Rafael Nahuel se convocó a una mesa de diálogo con diversos garantes de organismos de DD.HH, observadores de distintas organizaciones sociales y partidos políticos para propiciar las conversaciones entre las autoridades del Lof Lafken Winkul Mapu, representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y Parques Nacionales.
Estos últimos se negaron sistemáticamente a participar de la mesa mientras la comunidad mantuviera en pie la recuperación. La presencia del INAI, con su amplio abanico de recursos para negociar migajas después de imponer por la fuerza las condiciones generales del despojo, ofició como un eco de las exigencias de Parques: fue el propio INAI el que impuso como condición para el sostenimiento de la mesa que el Lof abandonara el territorio, decretando así el fin del diálogo.
Por su parte, el Juez subrogante Gustavo Villanueva a la cabeza del Juzgado Federal de Bariloche y como apéndice oficialista de la política nacional se movió al compás del Ejecutivo, contribuyendo a los cometidos de éste. Días antes de que Villanueva ordenara el desalojo y la cacería a pedido de Parques Nacionales, el propio juez había permanecido reunido junto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña para dar forma al operativo represivo. A horas de emitida la orden de desalojo, las fuerzas represivas desplegaron su brutalidad, deteniendo a mujeres y niños que, con dientes de leche, masticaron la bronca y el dolor de las muñecas precintadas.
Crónica de una criminalización anunciada
Rafael Nahuel no tenía pólvora en las manos. La teoría del enfrentamiento instalada por el Ejecutivo y la Justicia, y abonada por los medios de comunicación, se cae por su propio peso. El gobierno nacional, con Patricia Bullrich a la cabeza, eligió al pueblo mapuche como enemigo interno para montar una campaña nacional de demonización que legitime el uso de las fuerzas represivas en los futuros embates contra el conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares.
Las pericias determinaron con exactitud que la bala que alcanzó a Rafael salió del arma del Cabo Primero Francisco Javier Pintos. Sin embargo, el Cabo Primero negó haber disparado el arma, aunque no haya podido explicar el faltante de proyectiles en el cargador. Las declaraciones de los restantes integrantes del grupo Albatros que testimoniaron ante el juez Villanueva hicieron nuevamente alusión a un supuesto enfrentamiento, sembrando contradicciones en relación al armamento con el que subieron a la montaña en la incursión a la comunidad. Insisten en que Pintos no subió con su subfusil MP5 del cual salió el disparo que mató a Rafael, sino que quien portaba esa arma era el Cabo Segundo Obregón, cuyos proyectiles no son compatibles con la bala que mató al joven mapuche. Así la estrategia propiciada por Bullrich es seguir sosteniendo la teoría del enfrentamiento, aunque no pueda acreditarse la presencia de armas en manos de ningún miembro de la comunidad. El juez Villanueva continúa este mismo camino y sigue buscando restos de pólvora en la ropa de Fausto Jones Huala, Lautaro González y del propio Rafael Nahuel, aunque las pericias ya desecharon dichas teorías.
El gobierno provincial de Río Negro, al mando de Alberto Weretilneck, aportó su granito de arena con la cooperación de la policía rionegrina, en sintonía con el ejecutivo nacional y la justicia. Días antes del crimen de Rafael, el mandatario ya había preparado el terreno, creando un clima represivo con montajes y allanamientos buscando a supuestos militantes de la RAM en distintas zonas de la provincia.
Desde el inicio la carátula de la causa fue “Jones Huala, Fausto Horacio s/ Muerte dudosa”. Si bien la causa no para de acumular pruebas contra el grupo Albatros y el Cabo Primero Pintos, la justicia se empeña en criminalizar al pueblo mapuche. Los responsables políticos y materiales del asesinato de Rafa siguen impunes. Mientras que Fausto Jones Huala y Lautaro González continúan imputados y con pedido de captura. Tras la excarcelación de ambos, la fiscalía pidió que se dé marcha atrás con la medida aduciendo vínculos con la gente de Lof en Resistencia Cushamen como si la vinculación entre comunidades o el poseer el apellido Jones Huala configurara algún tipo de delito o peligro per se, estigmatizando la pertenencia al pueblo mapuche y la portación de apellido. Desde entonces la Fiscal, Silva Little, reclama no solo la detención de Fausto y Lautaro, sino que también allanamientos al territorio recuperado donde las más de 70 personas que sostienen la recuperación permanecen resistiendo al hostigamiento.
Construyendo al enemigo
Si no es posible pensar a la nación mapuche fragmentada por la cordillera de los Andes, sino como un todo que trasciende dichas fronteras, también hay que pensar como un todo las estrategias represivas trazadas por los Estados nacionales chileno y argentino. Para muestra, alcanza lo sucedido recientemente con Camilo Catrillanca, antes con Matías Catrileo, Alex Lemun, Collio en Ngulumapu (Chile) como así también de este lado de la cordillera con Rafa, Luciano González en 2009, Santiago Maldonado, desaparecido y asesinado por solidarizarse con el pueblo mapuche y tantos otros activistas, comuneros muertos, perseguidos y criminalizados por el Estado y sus sucesivos gobiernos.
En la construcción del enemigo interno por parte del Estado se ve la certeza de apuntar a aquellos que ponen en jaque sus intereses de clase y cuestionan la propiedad. En este punto el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich como punta de lanza, no escatimó recursos para moldear en el imaginario al pueblo mapuche como enemigo interno, comenzando con la avanzada de criminalización a “la RAM” y la intervención en Cushamen, seguido de la detención arbitraria del Longko Facundo Jones Huala, luego de la reunión entre Mauricio Macri y Michelle Bachelet donde la extradición del Longko fue parte central de la agenda. La propia Patricia Bullrich se reunió con el encargado de la seguridad en Chile, Mahmud Aleuy para accionar en conjunto sobre los conflictos en el marco de la payasesca Operación Huracán llevada adelante por el gobierno chileno.
En este contexto y en torno a los reclamos llevados adelante por parte de Pu Lof en Resistencia de Cushamen tuvo lugar la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado sobre la que luego se montaron una serie de operaciones, montajes, irrupciones ilegales y detenciones a una gran cantidad de comunidades mapuches en Chubut y Neuquén. En septiembre las autoridades nacionales y provinciales dieron rienda suelta a allanamientos ilegales con un marcado hostigamiento a dirigentes de la Confederación Mapuche de Neuquén y comunidades como Campo Maripe. Fueron allanadas las comunidades Raquithue, Lafkenche y Paynefilu en el sur de Neuquén; también la comunidad de Vuelta del Río en Chubut sufrió esta avanzada con la quema de sus casas. La comunidad Fvta Xayen de la zona de Vaca Muerta, fue brutal e ilegalmente desalojada, reprimida y varios de sus miembros fueron detenidos.
Las represiones a los pueblos indígenas no son nuevas ni patrimonio exclusivo del macrismo. Los gobiernos anteriores, de cualquier signo y color han mantenido una política constante de represión, negación e invisibilización para acallar a aquellos que se oponían o podían ser un impedimento al avance de los mega-proyectos extractivistas que proliferaban. El kirchnerismo no fue la excepción, con un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales y el avance de las fronteras hidrocarburífera y agropecuaria, (turismo, soja, mega minería a cielo abierto, petróleo) avanzó sobre los territorios ancestrales de las comunidades. A dondequiera que el modelo extractivo se expandía, encontraba la resistencia de los pueblos originarios que a cambio recibían represión y desalojos. Vulnerando sus derechos, contaminando sus tierras, persiguiendo y judicializándolos.
La brutal represión en la comunidad qom La Primavera en 2010, con el asesinato de Roberto López, fue el ejemplo más resonante, pero fueron decenas de originarios y campesinos los asesinados por fuerzas policiales o guardias blancas por tratar de poner un freno al saqueo de sus territorios. Las promesas de soberanía con las que el kirchnerismo maquillaba la entrega de recursos chocaban contra los acuerdos secretos a la medida de Chevron (promovido por el MPN y el FPV y que fue votado en medio de una salvaje represión contra manifestantes encabezada por comunidades mapuches en Neuquén en 2013) a la vez que con las indemnizaciones millonarias con las que el gobierno de Cristina Fernández premió a Repsol que se marchó del país dejando un pasivo socio-ambiental sin precedentes.
Estas medidas encontraron su andamiaje normativo para disciplinar y reprimir a las grandes muestras de repudio y resistencia en las leyes anti terroristas. Es en este sentido que el macrismo presenta rasgos de continuidad respecto al kirchnerismo a la vez que profundiza fuertemente los rasgos represivos, eligiendo al pueblo mapuche en particular como enemigo, y haciendo una construcción del “mapuche violento” que justifique el uso de las fuerzas represivas.
Socialismo o coloniaje
El avance de esta política represiva después del 2015 fue creando las condiciones para legitimar la “guerra” contra el pueblo mapuche y quienes se opongan a la política de entrega, ajuste y represión de Cambiemos en complicidad con el peronismo. Esta demonización, que empezó con el pueblo mapuche, ahora continúa con la doctrina Pichetto contra los inmigrantes pobres, las organizaciones anarquistas, musulmanes, y trabajadores que enfrentan los planes de ajuste como los del Astillero Río Santiago. Como se demostró en la votación de la reforma jubilatoria en diciembre pasado y del presupuesto 2019, la política de ajuste de Cambiemos y el peronismo no pasa sin represión. Para llevar adelante el saqueo que implica el pacto con el FMI, la entrega los recursos del país a las transnacionales, y dar muestras de sumisión al imperialismo, como en el G20, necesitan fortalecer el aparato represivo.
A la luz de estos elementos y de los intereses irreconciliables es que se diluyen las ilusiones respecto a las soluciones provenientes de un Estado que a la vez que planifica con certeza el disciplinamiento que garantice las ganancias empresarias, erige mesas que dialogan sobre los cuerpos que asesina. Un estado que con cinismo “dialoga” mientras dispara por la espalda, usurpa y reprime recuperaciones a un tiempo; legisla y criminaliza como con las prórrogas de la ley 26.160 que no duda en convertir en papel mojado.
Es en el umbral del carácter de clase del Estado donde mueren prematuras las esperanzas de toda solución. Sólo al calor de la lucha por las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios, de las recuperaciones territoriales y de la expulsión de los mega-proyectos extractivistas se conseguirá avanzar hacia una perspectiva que permita el ejercicio pleno de sus derechos como nación y ponga fin a la opresión a la vez que erradique la explotación a la que son sometidas las amplias mayorías que, despojadas de sus territorios y medios de vida, venden su fuerza de trabajo en las ciudades, en las tierras robadas como peonaje del patrón e incluso en las mismas petroleras que contaminan los territorios. Es en alianza con los trabajadores y con sus organizaciones que estas conquistas pueden alcanzarse.
Construir una fuerza imparable para conquistar los plenos derechos de los pueblos originarios
Nada de lo que sucedió hace un año en Mascardi puede comprenderse si no es la luz de los intereses de los especuladores de la tierra, las petroleras, los CEO que se escudan tras Parques Nacionales y las burguesías agrarias amparadas y montadas sobre el Estado Nacional. La opresión al pueblo mapuche es estructural en Argentina desde la consolidación del estado. Así como aquel genocidio cumplió la función de preparar el terreno para los primeros terratenientes y el pleno dominio del capital en la zona, hoy la persecución tiene la función de conservar el dominio estatal argentino con el fin de garantizar un espacio para los negocios turísticos, la explotación de los recursos en manos de las multinacionales y la anacrónica propiedad latifundista.
El capitalismo y el pleno ejercicio de los derechos mapuche son incompatibles. La fuerza de la complicidad estructural entre el estado y el empresariado sólo puede ser enfrentado con una fuerza social poderosa antagónica a estos intereses. Como demostró el pequeño, pero enormemente potencial ejemplo de la alianza tejida entre los y las obreras de Zanon y el pueblo mapuche en la provincia de Neuquén, quienes mueven las palancas de la economía, junto a los pueblos originarios, pueden desatar una fuerza imparable para conquistar el derecho de estos a su territorio ancestral y a definir sus propias formas de organización. Levantar un programa anticapitalista, que no se detenga en la barrera de la propiedad privada, es parte fundamental de esta tarea de construir una alianza entre mapuche rurales y urbanos con la clase trabajadora. Una alianza que debemos construir desde ahora, rodeando de solidaridad al pueblo mapuche ante cada ataque, exigiendo la libertad de los presos políticos y justicia por los hermanos asesinados, así como batallando el sentido común racista impuesto desde el Estado, para que la clase obrera tome como propias sus reivindicaciones. |
