Myriam Bregman y Matías Aufieri, abogados y miembros del CeProDH, representan legalmente al diputado Leonardo Grosso. La causa se inició luego que una movilización fuera reprimida. La querella solicitó que el gobierno responda cómo fue el operativo ordenado en las jornadas del 13 y 14 de diciembre. El secretario del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, tardó meses en responder el pedido de informes que los abogados del CeProDH presentaron ante el juez Torres. Por primera vez admiten que los rige la resolución 210/2011, que prohíbe que utilicen armas de fuego en manifestaciones.
Hace casi un año el aparato represivo del Estado cargaba sus armas contra diputados y manifestantes que rechazaban la aprobación de una ley regresiva para los jubilados.
El Gobierno ordenó blindar el Congreso Nacional con un ejército de gendarmes y prefectos provistos de armas con cartuchos de gomas, gases lacrimógenos y perros entrenados para atacar. Esos gases, balas y perros los tiraron contra manifestantes y legisladores, entre ellos se encontraba Leonardo Grosso. Un perro lanzado al ataque por Gendarmería mordió al diputado, provocándole heridas considerables. Así terminaba la jornada del 13 de diciembre de 2017.
La causa por esta represión llegó a manos del juez Sergio Torres, que ha pedido de la querella, a cargo de Bregman y Aufieri, solicitó al Ministerio de Seguridad un informe sobre el operativo represivo. Tardaron meses en responder, por lo cual debió reiterar el pedido de informes.
Días atrás el Ministerio de Seguridad, a través de Gerardo Otero, director nacional de Gendarmería, respondió por escrito. Allí sostiene que el operativo que realizaron en las jornadas del 13 y 14 de diciembre “se realizó por disposición verbal”, de acuerdo a la resolución 210/2011. Además agregan que no portaban armas letales, y que no había miembros de seguridad de civil, y que todos portaban uniforme.
Sin embargo en el 14 de diciembre varios manifestantes debieron ser internados con heridas graves, algunos habían perdido un ojo. Las heridas que sufrieron demostraron que los uniformados disparaban al rostro balas de goma. Además que el director de Gendarmería sostenga que se rigen por la resolución 210, que dispone que los agentes no deban portar armas de fuego, es una mentira.
El día que reprimieron la manifestación en la que se encontraba Santiago Maldonado, dispararon balas de plomo. Lo que obligó a quienes se encontraban reclamando por las tierras para la comunidad mapuche, debieran huir de las balas. Por eso la muerte del joven es un crimen de Estado.
Desde que asumió Patricia Bullrich la conducción de la cartera de Seguridad, por primera vez responden que las fuerzas de seguridad actúan bajo una resolución del año 2011. En el 2016 el Ministerio de Seguridad respondía al Cels que las fuerzas de seguridad no utilizaban ningún protocolo, y que en caso de desalojos, actuaban como auxiliar de la Justicia.
La diputada Myriam Bregman, junto a Matías Aufieri, luego de exigir la respuesta por parte de las autoridades que ordenaron el operativo represivo de las jornadas de diciembre, obtuvieron una respuesta donde admiten que las fuerzas de seguridad actúan bajo la resolución 210/2011.
El 16 de febrero de 2016 el Gobierno nacional difundió un documento para regular la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. El reglamento, sin embargo, nunca se oficializó ni se publicó, ni tampoco se dispuso la derogación del protocolo anterior, aprobado durante la gestión de Nilda Garré, ministra de Seguridad durante el kirchnerismo.
Doctrina Chocobar
Una resolución de hace poco días del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, autoriza el uso de armas de fuego cuando la persona está huyendo. Es un intento de reglamentar la doctrina Chocobar. Luego que hasta la Corte Suprema de Justicia fallará contra el agente Luis Chocobar y ratificará la calificación “de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento de un deber”.
Las evidencias contra Luis Chocobar lograron que hasta el oficialista presidente de la Corte Suprema votara a favor. Es que las cámaras registraron cuando en diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, el policía Luis Chocobar disparó por la espalda a un joven que huía luego de cometer un robo. Pablo Kukoc de 18 años murió horas más tarde en el Hospital Argerich.
Las cámaras no solo registraron que el policía disparó contra el joven por la espalda, sino que además estaba en el piso. A pesar de estas pruebas Mauricio Macri lo recibió en la Casa Rosada y junto a la ministra Patricia Bullrich se fotografiaron con el asesino del joven Kukoc.
La nueva resolución del Ministerio de Seguridad es un intento de legitimar la muerte sumaria y responder a los simpatizantes de la mano dura y la tolerancia cero.
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