“Con este fallo el Estado de Honduras no silenciará la demanda para una justicia integral a la compañera Berta Cáceres. No están juzgados los máximos responsables de este vil hecho”. Con estas palabras Berta Zúñiga –hija de la fundadora y dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)– reiteraba la postura de la organización y la familia ante el resultado del proceso sobre la muerte de su madre.
La declaración de culpabilidad pronunciada en la Sala I del Tribunal de Sentencia de Honduras que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) no significa que se ha alcanzado justicia en el caso del crimen contra la dirigente indígena Berta Cáceres, asesinada en su domicilio el 3 de marzo de 2016.
El fallo incluye a Sergio Rodríguez Orellana, el gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de la empresa DESA, y Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado del ejército que fue el director de seguridad de DESA hasta el 2015.
También fueron declarados culpables Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército), Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Duarte y Óscar Arnaldo Torres.
De acuerdo al fallo son coautores del asesinato en perjuicio de Berta Cáceres: Douglas Bustillo, Mariano Díaz y Sergio Rodríguez. Henry Hernández y Óscar Torres, coautores del asesinato de la ambientalista y tentativa de asesinato en perjuicio del testigo protegido.
En un comunicado la familia de Berta y el COPINH manifestaba su indignación ante un veredicto. “Preguntamos al Estado y sus instituciones ¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad?”, señala el documento.
En concreto el COPINH viene señalando a la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, a quienes acusan de estar “detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”.
Las comunidades y pueblos indígenas –principalmente el pueblo lenca– han enfrentado durante años los planes del el régimen hondureño y la empresa para defender su territorio y su río. Tras el golpe de estado de junio del 2009, bajo el gobierno de Porfirio Lobo, se multiplicaron las concesiones para explotar el territorio hondureño. La violencia contra activistas y poblaciones que defienden sus territorios y la creciente pobreza están en el origen de movimientos migratorios como el de la Caravana Migrante que partió el 13 de octubre del país para cruzar México con destino a Estados Unidos.
La exigencia de justicia para quienes defienden sus territorios y los bienes comunes debe seguir extendiéndose no solo en Honduras, sino en el conjunto de la región donde el imperialismo estadounidense y el capital de origen chino tiene jugosos negocios y planea extenderlos a costa del despojo y la represión de los sectores más vulnerables de la población. | 
