“En el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental, es evitar los del porvenir (...) Pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo”, sostuvo el nuevo presidente desde el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Ante esto desde las bancadas del PT y del Morena, hoy partido oficialista y mayoría en ambas cámaras, emergió el pase de lista por los 43 estudiantes desaparecidos, seguido de la exigencia de justicia, lo que obligó a López Obrador a guardar silencio y salirse de la lectura de su discurso para atajar el reclamo señalando que se constituirá una comisión de la verdad para "castigar los abusos de autoridad y para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa". Esto después del fracaso de los Foros de Pacificación llevados a cabo en el período de transición.

Esa postura de borrón y cuenta nueva es indignante, pues dista mucho del reclamo de justicia de los cientos de familiares de desaparecidos y víctimas de violencia del país, mismos que han depositado su confianza en el gobierno entrante.

Es una maniobra para recomponer las instituciones de la democracia de los ricos que quedaron profundamente cuestionadas luego de que ante la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, se evidenciaran los intrincados lazos de altos funcionarios con el crimen organizado.

El Punto Final anunciado por el presidente López Obrador, de la mano del sostenimiento de la militarización a través de la creación de la Guardia Nacional, no augura nada bueno en el terreno de los derechos democráticos de las grandes mayorías.