El gatillo fácil es una pena de muerte de hecho. Un mecanismo de control social extremo que se aplica fundamentalmente contra la juventud de las barriadas del pueblo trabajador.
Desde 1983 hasta hoy el gatillo fácil se desarrolló en todos los gobiernos, aún en los que discursivamente defendían los derechos humanos. Para diciembre de 2017 el número de víctimas de esa práctica de las fuerzas represivas del Estado llegó a 5.462.
Desde este diario muchas veces hemos denunciado el incremento de esta práctica criminal de las fuerzas estatales, particularmente en momentos de crisis económica y social.
La llamada “doctrina Chocobar” de Macri y Bullrich nació precisamente junto a las políticas de ajuste. Pero adquiere rango de política de Estado con la profundización de la crisis de la mano del leonino acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
En Argentina no es la primera vez que ocurre esto. En mi caso particular fui la primera víctima de gatillo fácil policial de un “récord” de casos registrado en junio de 2001. En ese entonces la Provincia de Buenos Aires era gobernada por el peronista Carlos Ruckauf, quien había llegado al cargo planteando una campaña abierta para “meterle bala” a los delincuentes.
Esas palabras de Ruckauf alentaron el gatillo fácil policial que le servía al Estado para mantener a raya a la juventud, que era la que más sufría la crisis que iba a terminar de estallar, precisamente, a fines de 2001. También sirvió de justificación para incrementar la presencia y atribuciones de las fuerzas represivas que nos dejaron más de 30 muertos en aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre.
Hoy la “doctrina Chocobar”, aunque en un contexto que, todavía, no es de un “estallido”, cumple un rol muy similar al “meta bala” del exgobernador bonaerense (quien ostenta, dicho sea de paso, el “mérito” de haber sido ministro de Trabajo de Isabel Perón y uno de los firmantes de los decretos de 1975 que ordenaban a las Fuerzas Armadas a “aniquilar” a la “subversión”).
Pero lo que no se había animado a hacer Ruckauf como gobernador, ni ninguna otra gestión desde 1983 a la fecha, es darle un barniz legal a las proclamas represivas. La resolución 956/2018 es en ese sentido un salto de cantidad en calidad, porque legaliza la práctica del gatillo fácil a través de una resolución ministerial, permitiendo dispararle a una persona en el momento de la huída.
Esta resolución entra en abierta contradicción con las leyes argentinas que, más allá de su carácter represivo, no contemplan ni la pena de muerte ni mucho menos las ejecuciones sumarias.
Pero es claro que este mamarracho jurídico y legal de Bullrich no es una casualidad. Surge justamente en el contexto de la crisis y el ajuste profundizado por el acuerdo con el FMI. Y ese brutal ajuste sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador necesita de la represión para su implementación.
Por eso quieren “legalizar” el control social y el aniquilamiento de los jóvenes que, por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires ya en 2017 registraban un 26 % de desocupación.
El ajuste permanente viene generando resistencia, por eso Macri y los gobernadores no dudan en recurrir a la represión. Aunque la resolución no plantea ninguna cuestión respecto a cómo actuarán las fuerzas represivas en las manifestaciones, no hay que ser muy suspicaz para imaginar lo que puede significar esta resolución ejecutada por un Estado que, por ejemplo, hace dos semanas y en menos de 48 horas encabezó operativos en los que murieron dos miembros de la CTEP, reprimió a los docentes y estudiantes que manifestaban en las puertas de la Legislatura porteña contra la UniCABA y reprimió brutalmente a los obreros de Siam en Avellaneda.
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones obreras y estudiantiles y la izquierda tenemos la obligación de enfrentar con la lucha y la movilización este nuevo avance represivo que viene de la mano de un ajuste brutal. | 
