En el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, entre hoy y mañana Diputados tratará casi 40 proyectos de ley, entre ellos uno que contempla una serie de modificaciones a la ley que regula el negocio de fabricación y venta de papel para diario, favoreciendo los intereses de Papel Prensa S.A. -única productora de este insumo en el país-, cuyo accionista mayoritario es el Grupo Clarín, y donde también tiene su participación La Nación.
El proyecto presentado por el diputado justicialista Diego Bossio - tratado en tiempo record en comisiones y que Macri urgentemente colocó en el decreto de temas a tratar- busca modificar la Ley 26.736, que declara "de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios". De esta manera, Papel Prensa podrá liberar el precio de venta del papel, que en la actualidad tiene el mismo valor para todos los compradores.
El texto también lleva las firmas de los dirigentes de Cambiemos, Mario Negri y Nicolás Massot; del jefe del interbloque del PJ federal, Pablo Kosiner; y de los massistas Marco Lavagna y Alejandro Grandinetti, entre otros.
La norma vigente fue aprobada en 2011, en plena disputa entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín. La excusa para modificarla sería que el precio único terminó “perjudicando a pequeños compradores asociados en cooperativas que antes podían negociar sus compras con importantes descuentos”, según explica Bossio en el documento que ingresó al Congreso.
Sin embargo, el Encuentro Nacional de Diarios Recuperados, integrado por Tiempo Argentino, Cítrica, La Vaca y otros medios gráficos gestionados por sus trabajadores, denuncia que el proyecto “amenaza nuestra posibilidad de ejercer el oficio y constituye un serio ataque a la libertad de expresión”. Señalan que Papel Prensa ya aumentó 110% el precio del papel durante el último año.
También, la modificación a la ley impactará negativamente en los costos de las cooperativas gráficas de gestión obrera, que ya vienen golpeadas por los tarifazos en los servicios de energía. “El peligro de este tipo de medidas es que Papel Prensa pase a ser el monopolio que suministre papel al Estado. Las cooperativas gráficas que dependemos del papel como insumo principal para nuestra producción tendremos mayores complicaciones para movernos en un mercado carterizado”, explica uno de los vendedores de Madygraf (ex Donnelley), cooperativa ubicada en Garín, ocupada y puesta a producir por sus trabajadores y trabajadoras en 2014, luego del cierre y vaciamiento por parte de la patronal norteamericana.
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Además, con la derogación de los artículos sustanciales de la actual legislación (20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41), se desregula la cantidad de producción nacional y de importaciones de papel de diario y pasta celulosa, lo que no garantiza el abastecimiento de todo el mercado local. En la actualidad, Papel Prensa abastece a más de 170 compradores, y tiene una capacidad de producción cercana a las 170.000 toneladas de papel por año.
La defensa del derecho a la comunicación y la libertad de expresión no puede estar atada a los intereses de unas pocas corporaciones, ya que el acceso al papel de diarios es vital no sólo para medios recuperados y gestionados por sus trabajadores, sino también para las cooperativas de la industria gráfica y organizaciones de trabajadores, estudiantiles y populares.
Insaciable, Clarín espera su regalo para estas fiestas: que el Congreso le permita fijar a su antojo un precio para cada comprador de este insumo fundamental para la libertad de expresión. Como a fines del año pasado, cuando consiguió la fusión de Cablevisión y Telecom, la reciente caída del estado parlamentario de la Ley Corta -negociada por Telefónica y Claro para equiparar la competencia entre los grandes pulpos del mercado- fue otra buena noticia para el multimedio.
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Clarín ya venía presionando por este pedido sobre Papel Prensa, que el oficialismo y parte de la oposición peronista están dispuestos a satisfacer, y así ingresar en la célebre historia de las grandes concesiones al grupo conducido por Héctor Magnetto. Junto al otorgamiento de Papel Prensa por la dictadura, también se hizo con Radio Mitre por parte de Alfonsín, Canal 13 con Menem, la fusión Cablevisión-Multicanal con Néstor Kirchner, y la mencionada fusión con Telecom, que le autorizó el gobierno de Mauricio Macri. Todos los partidos políticos del régimen han ayudado a empoderar al monstruo que acecha.
A pesar de las relativas disputas políticas que anteriores gobiernos emprendieron, este régimen muestra que no alcanza con leyes que sólo limitan las condiciones de mercado que imponen estas corporaciones mediáticas, como en el caso de Papel Prensa y sus constantes aumentos de precios a pesar de la regulación. La producción de papel debe estar gestionada por sus propios trabajadores y consumidores, debiendo el Estado hacerse cargo de la infraestructura y los salarios, para de esta forma garantizar un acceso justo y equitativo a este insumo.
La ley que esperan derogar el macrismo junto a parte de la oposición peronista es parte del avance del gobierno contra la pluralidad de voces y la libertad de prensa y expresión, en un contexto donde se intenta callar la denuncia al ajuste que pretenden profundizar.
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