Al Comisario Darío Orlando Irrutia, se lo acusa de haber avalado los trabajos de un supuesto ingeniero en Sistemas que no era tal, certificando su título "trucho" como legítimo. El arma reglamentaria del Comisario General Gustavo Walter Garis Lo Duca, se encontró en manos de delincuentes. A Victor Daniel Loyola González y Edgardo Mestre Medina, también Comisarios, se los investiga por haber permitido que su personal a cargo realizara servicios extraordinarios no oficiales, con lo que se habría generado una empresa tremendamente rentable: al menos $10 millones por mes. Es decir que en lugar de estar de guardia en una comisaría, se encontraban custodiando la seguridad privada. Eso sí: alguien daba el presente por ellos. Según consigna Diario Uno, a fines de junio del 2016. Juan Sandoval, el efectivo de la UEP, (Unidad Especial de Patrullaje) cayó en Tunuyán, en agosto de 2018, acusado de integrar una banda dedicada al narcotráfico en esa zona. Al parecer, su trabajo era pasar información policial al jefe de la organización delictiva.
En noviembre de 2017, los policías de San Rafael, Alberto Lucero y Aldo Francisco López, en lugar de destinar la camioneta de la Fuerza a realizar tareas preventivas y garantizar seguridad a la comunidad, la usaban para transportar ropa procedente del contrabando, valuada en más de $ 300.000, según la AFIP. En agosto de 2016, el oficial inspector Mario Salde es imputado junto al policía Fernando Gutiérrez por el robo de un arma del depósito de la Unidad Especial de Patrullaje de Godoy Cruz, además de 300 municiones, esposas, granadas de humo y diferentes elementos que son propiedad de la policía. También fueron detenidas dos policías, Chávez y Muñoz, también de la Unidad de Patrullaje de Godoy Cruz acusadas de haberse robado el celular y dinero de la persona a la que fueron asistir luego de sufrir el robo de su casa. Juan Manuel Villegas Becerra, un oficial inspector de la Policía de Mendoza, fue detenido cuando vendía droga en la Galería Tonsa del centro mendocino, en enero de 2017. Una decena de efectivos policiales de Guaymallén, Mendoza, celebraron la Navidad del 2015 disparando tiros al aire. Un irresponsabilidad absoluta.
Solo por tomar los hechos delictivos, pero hay muchos ejemplos en que los miembros de la policía denotan perfiles psicópatas y perversos, partiendo del Ministro de Seguridad, Gianni Venier, que tiene una prohibición de acercamiento a su esposa, quien promocionó al comisario Marcelo Esquivel como comisario general del departamento de Capital, siendo que este que no podía usar ni arma ni uniforme por estar involucrado en una denuncia por violencia de género. Fue el mismo Gobernador Cornejo quien, con el escándalo en los medios, debió echar al uniformado.
En mayo de este año un efectivo de la Policía de Mendoza, de 27 años, robaba domicilios, muchas veces vestido con el uniforme policial, y abusaba de sus víctimas, confirmaron desde el ministerio de Seguridad. Son cinco los hechos comprobados, uno por abuso sexual gravemente ultrajante y robo agravado. Desde el emblemático caso de Sebastián Bordon a fines de los 90, los casos de gatillo fácil en Mendoza son una constante, que la transforman en la tercer provincia del país con mayor cantidad de hechos, Jonathan Chandía, asesinado en mayo de 2006 en Godoy Cruz, el de Favio Basualdo asesinado en febrero de 2010 en San Rafael, Nicolás Barrera asesinado por la espalda en marzo de 2014 en Godoy Cruz, Gabriel Franco asesinado en agosto de 2014 en General Alvear, Willy Gil, muerto en una comisaría en Junín en 2014, Leonardo Rodríguez de 30 años, que apareció ahorcado en la comisaría 27 de Godoy Cruz en enero de 2015.
Esto por tomar “solo algunos” casos de Mendoza, si ampliáramos la mirada al país, el listado sería interminable. En manos de esta Policía, queda nuestra vida. Después de leer este abanico de delitos perpetrados por uniformados, deberíamos ponernos a pensar, si la doctrina que legaliza Cambiemos de la mano de Bullrich, con el obsecuente aplauso de muchos gobernadores, y por supuesto, el aval de la oposición peronista, garantiza mayor seguridad, o mayor impunidad para los encargados directos de combatir o permitir el delito. La mayoría de las víctimas de gatillo fácil, provienen de sectores sociales carenciados, estigmatizados por la pobreza, la “gorrita” o el color de piel. Nadie está exento de cruzarse con un “transa” policía como el que vendía droga en la galería Tonsa, como se menciona más arriba, ¿Quién podría asegurar que ese efectivo, no usaría su arma contra un inocente, para encubrir su delito? Si te bajan de un colectivo a los empujones, por no tener documentos, ¿Cómo sabemos que no desenfundan porque no te sometes a su prepotente trato? ¿Quién garantiza que estos señores de uniforme, capaces de golpear a su esposa, o acosar compañeras y víctimas, no utilicen este nuevo recurso legal, para satisfacer sus perversiones? En cierta medida, la falta de instrucción, y el poder de un arma, los equipara con los delincuentes que ellos mismos dicen combatir.
Seamos claros, la Policía es una Institución. Las instituciones están formadas por personas. Las personas pueden ser buenas y malas. Pero que se puede esperar de una Institución que nació para reprimir el deseo de igualdad de los de abajo, el deseo de justicia de los desposeídos. Una Policía que nació para custodiar el bienestar y los bienes materiales de los de arriba. Porque poco y nada le importa al policía, la bicicleta que le roban al obrero cuando va camino al trabajo, pero mucho le importa, y mucho custodia, la propiedad de los ricos cuando ese obrero se retoba contra su patrón, y no le permite enriquecerse, bloqueando una calle. Y no hablemos de delincuentes, o de pobres que no tienen laburo, porque esos también les sirven a los intocables señores de los barrios caros, que custodia la policía, pero para ellos nada valen, porque nada tienen. Desde ahora, el lomo de los que llenan las cuentas bancarias de políticos y patrones, será el mismo lomo, expuesto al criterio inestable del todo poderoso uniformado. |
