Mientras el gobernador de la provincia Alberto Rodríguez Saá, líder del PJ local y aliado del kirchnerismo, busca mostrarse como una alternativa a Cambiemos para las elecciones del 2019, en San Luis, no para de atacar a la educación pública.
Hace décadas que San Luis se ha convertido en laboratorio de reformas educativas neoliberales: escuelas digitales, charters, auto-gestionadas, generativas, han sido y son las distintas maneras utilizadas por el gobierno provincial para vaciar la educación pública.
En cada una de ellas, las y los docentes han perdidos derechos laborales como el cobro de vacaciones, obras sociales, seguros, etc. Es que por medio de la aplicación de contratos temporarios por tres meses perdieron también la estabilidad laboral.
Pero, este vaciamiento de la educación pública no viene solamente con la creación de estas “nuevas” escuelas.
El gobierno provincial ha convertido en regla el retraso en el pago del salario a la docencia que cubre suplencias y/o asume la titularidad de un cargo docente.
Tal es así que hasta la fecha más de un centenar de docentes no han percibido su salario durante todo el 2018, habiendo trabajado todo el año.
A pesar del reclamo de las y los docentes sin salario, la respuesta del Ministerio de Educación local fue que el atraso en el pago de los haberes se debía a errores en las declaraciones juradas.
Sin embargo, en el ámbito docente se sabe que es moneda corriente este tipo de prácticas y maniobras gubernamentales, debiendo esperar varios meses (ahora, todo un año) desde que comienzan a trabajar para percibir su salario.
Sumado a esto, las y los afectados tampoco contaron con el servicio de la obra social, ni con el derecho a tomarse licencias y ni hablemos del seguro con el que deberían contar en sus trabajos.
Es decir mujeres embarazas no pudieron acceder a la obra social, que cientos de familias se quedaron sin poder comer y que también fueron obligadas y obligados a trabajar, bajo amenazas de despidos o mejor dicho, “bajo apercibimiento de no renovarles los contratos cuando se cumplan los tres meses se servicio”.
Mientras Alberto Rodríguez Saá se viste de “progre”, apoyando a la marea verde y la implementación de la ESI, la situación laboral de cientos de docentes que aún no cobran sus sueldos demuestra que aquéllos “apoyos” no fueron más que pura demagogia e hipocresía, ya que la gran mayoría de quienes han sido afectados por esta desidia gubernamental son mujeres.
Ante semejante ataque a la educación pública y a sus docentes, deja mucho que desear el rol que vienen cumpliendo las conducciones sindicales locales, en especial, las pertenecientes a ASDE y UTEP, ya que hasta ahora no han convocado a una sola medida de fuerza para acompañar a las trabajadoras y a los trabajadores que vienen reclamando por sus salarios. Ni muchos menos han impulsado asambleas por escuelas en las que pueda participar toda la comunidad educativa, para debatir democráticamente cómo solidarizarse con la docencia afectada y cómo enfrentar el ajuste de Rodríguez Saá a la educación pública.
Esta lucha por salarios adeudados va de la mano con la organización de las y los trabajadores educativos para recuperar y democratizar sus sindicatos. Sólo así e impulsando la unidad con el movimiento estudiantil y el movimiento de mujeres con su gran marea verde, se podrán frenar la avanzada neoliberal y el vaciamiento de la educación pública, el ajuste y los tarifazos de los distintos gobiernos y del FMI. | 
