Este jueves se publicó la nueva reglamentación que gravará la renta financiera, la modificación amplía el universo de aportantes. No obstante se mantiene un sistema tributario regresivo.
El impuesto grava a las ganancias que obtienen los individuos de los intereses de plazos fijos, títulos públicos (bonos, Lecap, Letes), utilidades de participaciones empresarias, acciones extranjeras, Fondos Comunes de Inversión, Obligaciones Negociables y criptomonedas. Que hayan sido superiores a los $66.917,91 durante todo 2018. El mínimo no imponible se estima sobre la totalidad de los rendimiento y se actualizará de forma anual en base a un índice que mide la evolución de los salarios. Lo único que no abonará ningún tributo son las cajas de ahorro, las acciones locales y la ganancia cambiaria por tenencia de dólares. Para este nuevo gravamen se establecieron dos alícuotas, una del 5% para las ganancias en pesos y 15% para ganancias en dólares.
La nueva reglamentación avanza tímidamente sobre el gravamen a algunas partidas que hasta el momento no pagaban nada. Sin embargo, estas medidas no alcanzan a ser ni siquiera cosméticas. A pesar de que desde distintas cámaras empresariales se quejen del “clima asfixiante” productos de los “altos impuestos que deben pagar”, lo cierto es que la estructura impositiva argentina es profundamente regresiva. No sólo que los gravámenes directos al capital aportan una parte ínfima de la recaudación, sino que el financiamiento del Estado se apoya esencialmente en los aportes realizados por los trabajadores.
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Si se analiza la recaudación del Estado según el tipo de gravamen, excluyendo las cargas sociales, el impuesto de mayor peso es el IVA. Este es afrontado por los consumidores finales y es tal vez el más regresivo porque grava proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos ya que destinan una mayor parte de su ingreso al consumo. Según informó la AFIP, durante todo el año 2017 se recaudó en concepto de IVA en total $765.336 millones. Si se considera el tipo de cambio estimado en el presupuesto de ese año de $18, la recaudación sería equivalente a U$S 42.518,66 millones. Mientras Ezequiel Passarelli, contador y director de SCI Group, estimó que la recaudación para el Estado por el nuevo impuesto a la Renta Financiera será de US$ 41 millones en 2018, es decir mil veces menor.
La modificación busca obtener nuevos recursos para poder solventar diversos gastos en un año electoral en el cual difícilmente el Gobierno pueda acceder a los mercados de crédito con la facilidad con la que hacía hasta ahora. El aumento del riesgo país superando los 800 puntos, que sirve para medir la sobretasa que el Gobierno debe pagar si quiere endeudarse, es una expresión de la desconfianza que hay en los mercados respecto de la posibilidad real de que Argentina pueda hacer frente al pago de intereses de deuda tomados durante este Gobierno. Tan solo el tercer trimestre de este año la deuda externa total creció un 17,2% interanual, hasta llegar a U$S 254.980 millones. Con el objetivo de “honrar las deudas adquiridas” y cumplir con las exigencias del FMI, el presupuesto del 2018 prevé un brutal ajuste sobre las partidas en educación y salud, mientras que aumenta la partida destinada a intereses de deuda.
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Sin embargos, no todas son pálidas con Cambiemos. Entre los grandes ganadores se encuentra el sistema financiero y más específicamente los bancos. La utilización primero de las LEBAC y luego de las LELIQ garantizaron a los bancos ganancias extraordinarias a través de tasas inauditas en cualquier lugar del mundo. Según el Reporte sobre Bancos elaborado por el Banco Central (BCRA), sólo en el mes de octubre los bancos ganaron $19.104 millones, creciendo un 144,53% en términos interanuales. Según el mismo reporte los diez primeros meses del año, los beneficios acumulados de los bancos crecieron 92,37%. La paritaria de los bancos superó con creces a la inflación que para el mismo período fue de 39,5%.
El reciente cierre de escuelas secundarias nocturnas, así como el recorte de las partidas destinadas a educación y salud tienen como objetivo lograr el “déficit cero” y avanzar en un “equilibrio fiscal” prometido al FMI. El acuerdo con el organismo internacional no hace otra cosa más que recortar “gastos” contra los trabajadores aplicando tarifazos, destruyendo el salario de los empleados públicos, la educación y la salud.
El sistema tributario actual agudizará sus rasgos regresivos mientras siga apoyándose en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto al salario. Es necesaria una amplia movilización obrera y popular para tirar abajo el impuesto al salario, quitar el IVA a los consumos populares y aplicar impuestos progresivos al gran capital y las grandes fortunas del país.
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