Según las últimas informaciones provenientes de fuentes jurídicas el juicio contra los líderes independentistas empezaría el próximo 12 de febrero. Para ello, está previsto que el 1 de febrero se ejecute el traslado a Madrid de los nueve presos políticos.
Ante la inminencia del inicio del juicio, te explicamos lo más relevante de un proceso judicial que no es otra cosa que el seguimiento del curso reaccionario del Régimen del Estado español en vías de aplastar el movimiento democrático catalán. Un juicio que no solo atenta contra la dirección soberanista, sino al conjunto de las aspiraciones por el derecho a decidir de millones de catalanes.
-¿Cuándo empieza el juicio?
No hay una fecha pública para el inicio del juicio. Sin embargo, tras la filtración como posibles fechas para el 5 o 6 de febrero, según fuentes jurídicas y diferentes agencias de noticias, el Tribunal Supremo estaría barajando la posibilidad de retrasar el juicio al 12 de febrero.
Según fuentes próximas al Supremo, el tribunal que debe juzgar a los presos y que encabeza Manuel Marchena estaría aún estudiando que pruebas aceptar o desestimar y de ahí ultimar el escrito final de los magistrados. Por su parte, las defensas de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart advertían mediante sendos escritos que se garantice el derecho a la defensa dejando un espacio de tiempo suficiente entre la interlocutoria y el inicio del juicio.
Esta previsto que el juicio en su totalidad para esta macro causa se alargue en torno a unos tres meses con sesiones de mañana y tarde los martes, miércoles y jueves. Hay que tener en cuenta que los escritos de las defensas sobrepasan los 1.800 folios.
Lo que si es seguro es la fecha en la que se hará efectivo el traslado de los nueve líderes políticos que están en prisión por orden del propio Marchena y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El próximo 1 de febrero, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn -presos en la cárcel de Lledoners-, Carme Forcadell -en Mas d’Enric- y Dolors Bassa –en la prisión de Puig de les Basses- serán trasladados en un operativo que constará de dos fases. Los Mossos d’Esquadra serán los encargados de llevarlos hasta la prisión de Brians II y una vez allí la Guardia Civil iniciará el resto de trayecto hasta Soto del Real y Alcalá Meco.
-¿Quién va a juicio y de que se los acusa?
En total son 18 los dirigentes independentistas que se sentarán en el banquillo de los acusados. A parte de los líderes soberanistas que están en prisión, deberán presentarse ante el Tribunal Supremo los ex consellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.
La Fiscalía acusa a Junqueras, Sánchez, Cuixart, Forcadell, Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forn de delitos de rebelión y malversación y pide para ellos penas que van de los 16 hasta los 25 años de prisión. Cabe recordar que todos ellos llevan más de un año en prisión provisional, a excepción de la presidenta del Parlament que ingresó definitivamente en marzo de 2018. Por su parte, Mundó, Borràs y Vila están acusados de malversación y desobediencia grave, todos con peticiones de 7 años de prisión.
Además, los miembros de la Mesa del Parlament, Anna Simó, Joan Josep Nuet, Ramona Barrufet, Lluís Guinó, Lluís María Coromines y la ex diputada de la CUP, Mireia Boia, están citados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, acusados de desobediencia grave.
Además de la Fiscalía, se presentan también como acusaciones particulares la abogacía del Estado y Vox. Esta última mantiene una elevada petición de penas de prisión que van desde los 74 años para Junqueras y la mayoría de los ex consellers por rebelión, organización criminal y malversación, a los 12 que demanda para los miembros de la Mesa del Parlament por organización criminal y desobediencia; pasando por los 52 años para Forcadell, Cuixart y Sànchez por rebelión y organización criminal. Todas las defensas han señalado ya que ninguno de sus representados contestará a las preguntas del partido de extrema derecha durante el juicio.
Por último, al finalizar el juicio contra los 18 acusados, se abrirá la vista oral contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra. El mayor Josep Lluís Trapero, el ex director Pere Soler, la intendente Teresa Laplana y el ex secretario general de Interior César Puig están llamados ante la Audiencia Nacional.
Los que no están llamados a sentarse ante el tribunal son los dirigentes soberanistas exiliados como el president Carles Puidemont o los ex consellers, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, así como Marta Rovira de ERC y Anna Gabriel de la CUP, pese a que todos fueron procesados por el juez Pablo Llarena durante la fase de instrucción.
Los escritos de acusación vinculan al ex vice president Junqueras y los demás ex consellers a la realización y difusión previa del referéndum independentista celebrado el 1 de octubre de 2017. En cuanto a los miembros de la Mesa del Parlament, la Fiscalía y la abogacía del Estado los sitúa como responsables de la aprobación de las leyes de Referéndum y de transitoriedad los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium respectivamente, son a ojos de las acusaciones los responsables civiles de llamar a las masas a movilizarse e impedir que las fuerzas de seguridad acataran las ordenes judiciales tanto el 20 de septiembre como el mismo día del referéndum.
-¿Quienes conforman el tribunal y que garantías democráticas hay?
El tribunal que juzgará a los presos políticos y a los demás acusados está conformado por siete magistrados del Tribunal Supremo, de los cuales a la cabeza se encuentra Manuel Marchena. Casi todos cuentan con una dilatada trayectoria conservadora y con algunas sombras que hacen más que dudosa las garantías democráticas que reclaman las defensas de los acusados.
Manuel Marchena es el presidente y juez ponente en esta mega causa. Preside la sala segunda desde 2014 gracias a la mayoría conservadora del Consejo General del Estado. Es un juez muy próximo a José María Aznar y durante sus legislaturas estuvo muy bien situado como fiscal. Como "hazañas judiciales" cabe resaltar que fue el responsable de archivar las denuncias contra el ex ministro del Interior y el ex director de la Oficina Antifraude de Catalunya por revelación de secretos, prevaricación y malversación de fondos.
Andrés Martínez Arrieta y Juan Ramón Berdugo tienen en su "historial" haber absuelto a los agentes de la Guardia Civil acusados de torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola por el atentado perpetrado en el aeropuerto de Barajas. En 2019 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por no haber investigado las torturas.
Antonio del Moral es otro de los jueces vinculado al sector más conservador y con fuertes lazos con el Opus Dei. Es conocido también por haber rebajado la sentencia de la Audiencia Nacional a Iñaki Urdangarin.
Luciano Varela tiene en su honor el hecho de ser fundador de Jueces para la Democracia y a la vez participar activamente en el juicio contra Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo. Ana María García Ferrer y Andrés Palomo, son los otros dos magistrados que componen el tribunal.
Sin duda, vistos los antecedentes de los magistrados, de los cuales más de la mitad han dirigido o participado en causas de carácter nacionalista, se hace difícil buscar que el juicio a los dirigentes independentistas pueda contar las mínimas garantías democráticas. De hecho, a falta de pocos días para el inicio, sigue siendo una incertidumbre si los observadores internacionales de International Trial Watch- Catalan Referendum Case podrán entrar en la sala.
Y más teniendo en cuenta que el juicio por el 1-O es un paso más en la ofensiva reaccionaria que desde el Régimen del Estado español se viene levantando para descabezar definitivamente a la dirección soberanista y aplastar al movimiento democrático catalán de raíz. Es importante remarcar que para cerrar la crisis catalana en clave reaccionaria, el gobierno del PP, con el apoyo de la Corona, Cs y el PSOE, decidieron poner al frente al Poder Judicial desatando una suerte de "supremocracia" que atenta a día de hoy contra el conjunto de las libertades democráticas.
Un Poder Judicial que, por otro lado, ha mantenido hasta la actualidad sus hilos de continuidad con la judicatura franquista. Hay que recordar que todos los jueces de la dictadura mantuvieron su cargo en la democracia y la mayor parte fueron promocionados o traspasados a un tribunal de nueva creación como es la Audiencia Nacional, sucesor del franquista Tribunal de Orden Público.
-Huelga general y movilizaciones ante el inminente juicio a los presos políticos
Ante el inminente inicio de este proceso judicial que atenta no solo contra los líderes políticos, sino al conjunto de las aspiraciones democráticas al derecho de autodeterminación de millones de catalanes, las diferentes organizaciones independentistas están impulsando numerosas campañas de protesta y manifestaciones en vías a una movilización permanente mientras se prolongue el juicio.
Para este mismo viernes, día en que está previsto el traslado de los presos, la Assemblea Nacional Catalana convoca concentraciones en las principales capitales catalanas bajo el lema #fakejustice y #makeamove. Y desde primera hora del traslado habrá un acompañamiento masivo con banderas ‘estelades’ durante el primer tramo del traslado en zonas y puentes del territorio catalán.
Además, la ANC presentó una campaña internacional de denuncia y movilizaciones contra el juicio con manifestaciones previstas para el día que que empiece el proceso judicial en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Manresa y Vic, entre otros municipios de Catalunya, además de en otras ciudades europeas como París, Londres, Berlín, Roma, Ginebra o Bruselas. Madrid y el País Vasco también serán escenario de manifestaciones durante las primeras semanas del proceso judicial. Por su parte, Òmnium Cultural también llama a convocar movilizaciones en Catalunya y diferentes ciudades europeas como Estrasburgo, Bruselas o Ginebra. Además de numerosos actos de protesta.
Por otra parte, desde la Intersindical-CSC se ha convocado mediante un preaviso a una huelga general para los días 5, 6 y 7 de febrero con el lema “Sin derechos no hay libertad” y coincidiendo con el séptimo aniversario de la aprobación de la reforma laboral del PP. La USTEC (Unión de Sindicatos de trabajadores de la Enseñanza de Catalunya) se adhería también a la convocatoria este martes. Además, las entidades civiles ANC y Òmnium, así como los partidos soberanistas ERC, JxCat y Demòcrates y la izquierda independentista, entre ellos la CUP y los CDR, dan apoyo también a la convocatoria de las jornadas de huelga.
Y por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR) hacen también un llamamiento de #CamíALaVagaGeneral (Camino a la huelga general), además de preparar numerosas acciones de protesta durante el transcurso del juicio y llaman a estar atentos a las diferentes convocatorias a través de las redes sociales.
Las jornadas de huelga general convocadas pueden convertirse en la primera gran acción de protesta masiva, no solo contra el juicio a los presos políticos independentistas y la represión del Régimen del Estado español, sino también para retomar con más fuerza la lucha y la movilización en las calles por la defensa del mandato del 1-O. | 
