El 23 de enero el video del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llamando a las fuerzas armadas y al pueblo de Venezuela a levantarse contra Maduro y apoyar al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, fue una de las expresiones más obscenas del reiterado intervencionismo norteamericano en la región. Pocos días después el gobierno de Donald Trump anunciaba un embargo petrolero a Venezuela y la apropiación de los fondos de Citgo, la filial de PDVSA en territorio estadounidense. Esta acción de arrogancia imperialista, no solo contra Venezuela sino contra América Latina en su conjunto, fue apoyada tanto por Guaidó (prácticamente un desconocido hasta su autoproclamación) como por los gobiernos de la región alineados con Trump. El objetivo de una medida de esta naturaleza no es otro que buscar el colapso de la economía, lo cual desmiente toda la demagogia “humanitaria” respecto de la crisis social que vive el país: el efecto inmediato del embargo no es otro que el agravamiento de las penurias del movimiento de masas.
Nadie puede dudar que Venezuela esté atravesando una crisis social y económica monumental. La economía está en recesión desde hace cinco años y en 2018 distintos cálculos sitúan la inflación en cifras cercanas o superiores al millón por ciento [1]. Para poder comparar la magnitud de esta cifra, señalemos que en 1989 la hiperinflación Argentina llegó al 3.079 % mientras que en 1990 fue de 2.314 %. Los salarios apenas alcanzan los seis dólares y la población que se encuentra bajo la línea de pobreza llega al 87 %. Según la OPEP la producción petrolera pasó de casi 3.000.000 de barriles diarios en 2014 a apenas 1.150.000 en el tercer trimestre de 2018, una regresión a los niveles del año 1947. Los cortes de energía son generalizados en gran parte del país. En agosto de 2018 la ONU anunció que el número de refugiados y migrantes venezolanos había alcanzado los 3.000.000. Por la dificultad del acceso a los alimentos gran parte de la población come solo una vez al día y un 65 % de los venezolanos ha sufrido una caída en su peso corporal superior a 8 kilogramos. Faltan todo tipo de insumos en los hospitales. Mientras esto sucede, los ricos de Venezuela, tanto los que están con la derecha como los beneficiados bajo el chavismo, han fugado al exterior alrededor de USD 600 mil millones.
Por ello a nadie puede extrañar la caída que ha tenido el apoyo popular a Maduro. Las mediciones más optimistas le dan un sostén de apenas un 20 %/15 % de la población. Este verdadero hastío con el gobierno de gran parte de la población es lo que hoy están tratando de usufructuar el imperialismo norteamericano y la derecha venezolana para forzar un golpe de estado o algún otro tipo de salida reaccionaria frente a la actual crisis. Una derecha que venía golpeada políticamente y dividida pero que de la mano de Trump está utilizando el descontento interno y el contexto de gobiernos de derecha alineados con Estados Unidos en gran parte de América del Sur para aplicar una “hoja de ruta” golpista que fue orquestada directamente desde Washington.
Mientras se viene retirando de la intervención militar directa en otras regiones del mundo, es un hecho que la actual administración del Partido Republicano ha incrementado su injerencia en América Latina, en una nueva vuelta de tuerca de la aplicación de la llamada “doctrina Monroe”, siempre utilizada como excusa para la política de intervención permanente en una región que Estados Unidos considera su “patio trasero”.
Como es sabido, la política exterior de Trump está basada en la definición de China y Rusia como principales amenazas a los intereses estadounidenses, relegando de ese rol al difuso “terrorismo internacional” que predominó en los discursos oficiales luego del 11 de septiembre de 2001. A la vez, estos dos países son los principales aliados con los que cuenta Maduro. Con ellos Venezuela tiene un importante nivel de dependencia económica (China ha dirigido a Venezuela unos USD 60 mil millones y Rusia, entre el gobierno y el gigante petrolero Rosneft, unos USD 20 mil millones) expresado no solo en las deudas que paga religiosamente con parte relevante de los menguados ingresos petroleros sino importantes concesiones a empresas chinas y rusas en la explotación de otros recursos naturales con los que cuenta el país. Rosneft, por ejemplo, tiene el control del 49 % de CITGO, la filiar de PDVSA en Estados Unidos. Entre esta empresa y la china CNPC tendrían el control de al menos el 15 % del total de las reservas petroleras probadas de Venezuela. Con ellas en agosto de 2018 se firmaron 14 contratos de servicio, en una modalidad que es denunciada como una suerte de re-privatización parcial de PDVSA. A esto hay que sumar las concesiones a empresas privadas y mixtas de estos y otros países para la explotación del “Arco Minero del Orinoco”, donde se calcula que existen 7.000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales. Rusia, a su vez, es un gran proveedor de armamento a Venezuela, su principal cliente en este rubro en la región.
Es claro que no es la preocupación por la situación de miseria del pueblo venezolano o las acciones represivas del régimen lo que mueven a Trump a tratar de provocar la caída de Maduro, sino la disputa por el control de los recursos naturales de un país que cuenta con las principales reservas de petróleo crudo certificadas a nivel mundial y que a la vez destina un 20 % de sus ventas totales a los Estados Unidos. La apertura al capital norteamericano es uno de los puntos clave del programa de la derecha venezolana. Esto va de la mano de conseguir también una subordinación generalizada de los países latinoamericanos a sus intereses. Ya un artículo publicado en Foreing Affairs firmado por Oliver Stuenkel señala que la crisis venezolana expresa la pérdida de influencia política de los países latinoamericanos, Brasil en primer lugar, al alinearse con el plan de “cambio de régimen” de los Estados Unidos.
El cinismo de quienes se arrogan la “defensa de la democracia” para apoyar el intento golpista no tiene límites. Estados Unidos patrocinó cuanto golpe reaccionario hubo en América Latina y Trump sostiene activamente a todo gobierno autocrático y represor que haya en el mundo, como quedó gráficamente expresado en la actuación de Trump frente al brutal asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi. La derecha venezolana siempre ha sido golpista. Y qué decir de los Bolsonaro, los Duque, los Macri, los Piñera.
La “hoja de ruta” del intento de golpe
La ofensiva que estamos viendo desde la jura de Maduro y luego la autoproclamación de Guaidó como presidente interino no se produce en el vacío. El mapa de América Latina se viene reconfigurando con la asunción de varios presidentes de fuerzas de derecha favorables a la política exterior estadounidense. De hecho, lo que inclinó la balanza para que EE. UU. se decidiera a llevar adelante la actual ofensiva en Venezuela, fue la victoria de Bolsonaro en Brasil, producto de un irregular proceso electoral debido a la proscripción y encarcelamiento de Lula. Chávez y Maduro tenían en el gobierno del PT un aliado, o al menos una cobertura importante; hoy Brasil, en cambio, juega fuerte junto a la Argentina de Macri y la Colombia de Iván Duque como ariete contra Venezuela.
Tanto el interés estratégico de Estados Unidos por el petróleo venezolano como su relación con la oposición derechista de este país no son novedad, como mostró el rápido reconocimiento norteamericano al fugaz gobierno golpista de Carmona en el 2002. Esto queda claro también en los documentos del Departamento de Estado norteamericano filtrados por Wikileaks en 2017, donde Leopoldo López es nombrado al menos 77 veces. Allí puede verse la sugerencia de un curso de acción similar al que hoy se está llevando a la práctica. En los últimos meses, Trump reemplazó a gran parte de los funcionarios responsables de la política exterior de su gobierno. Mike Pompeo, ex director de la CIA, quedó a cargo del Departamento de Estado en lugar de Rex Tillerson, y ganaron peso el Consejero de Seguridad Nacional John Bolton y el Senador por Florida Marco Rubio, un anticastrista recalcitrante. Bolton, recordemos, estuvo tras el fallido intento de “cambio de régimen” en Irán, bajo el gobierno de Bush, y fue uno de los arquitectos de la segunda “guerra del golfo” en 2003. Bolton y Rubio son señalados por varios analistas como los responsables del diseño de la actual ofensiva en Venezuela. A ellos hay que sumar a Elliot Abrams, designado por Trump como enviado para “restaurar plenamente la democracia” en Venezuela, acusado de apoyar las masacres en Centroamérica cuando era funcionario del gobierno de Reagan. Abrams fue condenado por el escándalo “Irán-Contras” (financiamiento ilegal de la guerrilla antisandinista en Nicaragua), para ser indultado por George Bush hijo. Por si fuera poco, se lo señala como ejecutor del golpe de estado fallido contra Chávez en 2002. La agencia de noticias estadounidense Associated Press detalló cómo en diciembre Guaidó desarrolló una gira por Estados Unidos, Colombia y Brasil donde se orquestó el plan golpista en curso, con reuniones en las que participó Mike Pence, el vicepresidente norteamericano, quien se comprometió a reconocerlo ni bien se autoproclamara presidente.
La constelación de países que está dentro del Grupo de Lima, con excepción del México de Andrés Manuel López Obrador, se sumaron a esta estrategia, aunque no pudieron conseguir un pronunciamiento de la OEA. Posteriormente Guaidó logró el reconocimiento del Parlamento Europeo.
Mientras, Maduro cuenta por el momento con el respaldo de China, Rusia, Cuba, Turquía, Irán, Sudáfrica y Nicaragua entre otros países, y existe un bloque de países que plantea una “salida negociada” con México y Uruguay a la cabeza. Por el momento, el resultado de la ofensiva golpista aún es incierto. A más de una semana de la autoproclamación de Guaidó, este no logró, como algunos preveían, un rápido apoyo del mando militar ni un quiebre significativo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que era (y sigue siendo) la principal apuesta de la oposición derechista y los yankies. En medio de una gran tensión, ninguna hipótesis está descartada: desde una caída de Maduro más o menos negociada con las fuerzas armadas hasta su continuidad en el poder producto del fracaso de una operación que tiene muchos elementos de aventura; desde una rebelión popular no controlada por la derecha que modifique sustancialmente el tablero político a algún incidente que empuje un “ascenso a los extremos” llevando a un estallido abierto de una guerra civil interna o a algún tipo de intervención militar. Aunque por ahora los temores a los efectos previsiblemente catastróficos en lo que hace al tema migratorio, que tendría alguna de estas últimas variantes en países limítrofes como Colombia o Brasil, o la propia debilidad interna de Trump, limitan la posibilidad de este desenlace. Bolton descartó el viernes 1 de febrero que Estados Unidos tenga prevista una intervención militar en Venezuela de forma inminente, aunque advirtió que “todas las opciones están sobre la mesa”.
Auge y decadencia del chavismo
Venezuela tiene una estructura económica basada centralmente en la exportación de petróleo: de cada 100 dólares que entran al país, 93 provienen de las exportaciones de este producto. Para funcionar, la economía Venezolana depende mucho más de las exportaciones que la economía argentina. Cuando Chávez estaba en su apogeo, el barril de petróleo llegó a casi 150 dólares en 2008, lo que le permitía a Venezuela importar las mercancías que no producía. Pero desde 2014 los precios del petróleo experimentaron una fuerte caída que los llevaron a cerca de los 25 dólares el barril. Una caída sideral, que tuvo un efecto devastador sobre la economía venezolana y que puso en evidencia todo lo que no hizo el chavismo en la época de “vacas gordas”. Los recursos recibidos en los años en que se incrementó la renta petrolera (2004-2013) no fueron utilizados para diversificar la economía, sobre todo en sus puntos débiles y nodales de baja producción local de alimentos y medicamentos. La mistificación del discurso chavista respecto de las transformaciones estructurales realizadas por la “revolución bolivariana” quedó en evidencia: el carácter rentista de la economía siguió sin alterarse y, una vez más, mostró sus efectos devastadores sobre las masas populares cuando los precios van a la baja. La burguesía venezolana siguió y sigue teniendo el control de la economía. Incluso se desarrollaron nuevos sectores capitalistas de la mano del chavismo, la llamada “boliburguesía”. El propio Maduro ha señalado en un reciente reportaje a la agencia de noticias rusa que en Venezuela siguen operando más de 3.000 empresas estadounidenses. Las expropiaciones realizadas por Chávez fueron con pago de indemnizaciones muy onerosas, algo muy distinto de cuando, por ejemplo, Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo mexicano en 1938. Las estatizaciones del chavismo, al no ser parte de un plan de conjunto resuelto democráticamente por los trabajadores, no fueron un puntal para una superación de la dependencia “rentista” de la economía nacional. Todo lo contrario. En manos de una burocracia estatal completamente inoperante y frecuentemente corrupta han desacreditado la idea misma de la nacionalización de la economía ante amplios sectores de las masas. Incluso Sidor, expropiada con una generosa indemnización al grupo Techint de la Argentina, quedó virtualmente paralizada. Siendo la principal siderúrgica de Venezuela, la desidia estatal y burocrática redujo su producción a un mínimo. Y, lejos de avanzar el país hacia una real socialización de los medios de producción, en los últimos años se ha incrementado la presencia en el país del capital extranjero, ligado a la explotación del petróleo y del conjunto de los recursos naturales. La crisis de Venezuela no es por ser una economía socialista, como afirma la derecha, sino justamente por no serlo.
No hay que olvidarse que el chavismo es hijo del estallido social de 1989, el “Caracazo”, cuando los pobres de Caracas bajaron de los cerros intentando paliar el hambre bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es este hecho el que está detrás la caída del llamado “régimen del pacto de punto fijo”, que databa del año 1958 y por el cual se alternaban en el poder Acción Democrática (socialdemócrata) y la COPEI (demócrata cristianos), los partidos que se repartían el gobierno manteniendo el poder de la oligarquía venezolana. Chávez, recordemos, lideró un intento de golpe fallido en 1992 y, después de salir de la cárcel, en 1999 gana sorpresivamente las elecciones con una nueva formación política. Ya en el gobierno va radicalizando su discurso contra EE. UU., juega un papel en la no aprobación del ALCA, ayuda a sostener económicamente a Cuba y forma el ALBA. La consolidación del chavismo hay que situarla en el contexto de la suba de precios de las materias primas que, a partir de 2001, permite que los gobiernos llamados “progresistas” o centroizquierdistas en la región cuenten con recursos para realizar una cierta redistribución hacia los sectores populares sin hacer cambios sustantivos en las matrices económicas de sus países. Venezuela tuvo el discurso más radicalizado, especialmente luego de la derrota del golpe de 2002 y la derrota del patronal “paro petrolero”, llegando a hablar del “socialismo del siglo XXI” y de una “V Internacional”, citando en sus discursos incluso a Trotsky, a Marx, a Lenin y al Che Guevara, junto con Bolívar, Martí, Jesucristo… y Perón.
El régimen bolivariano implementado por Chávez tuvo elementos de lo que Trotsky denominaba “bonapartismo sui generis de izquierda”, es decir, un régimen donde el peso de arbitraje de las fuerzas armadas busca ampliar los márgenes de maniobra de la burguesía nacional respecto del imperialismo, apoyándose para ello en sectores del movimiento de masas. En el caso del chavismo, su base social principal no fue la clase trabajadora organizada en los sindicatos, sino los sectores más pauperizados que vivían en los territorios de los barrios más pobres, y que se vieron beneficiados por las “misiones” y otras políticas estatales. Es ahí donde Chávez construye su núcleo más sólido, que lo va a apoyar frente al golpe de 2002. En relación al movimiento obrero el chavismo tuvo una política de estatización y fuerte regimentación de las organizaciones que surgieron en oposición a la dirección burocrática y proimperialista de la CTV, sin producir un aumento significativo de la participación de los asalariados en la renta nacional, como sí había ocurrido con el primer peronismo en Argentina, también en tiempos económicos favorables. Con Maduro se llegó al extremo de liquidar la vigencia de los convenios colectivos de trabajo y de perseguir (y aún encarcelar) a distintos dirigentes sindicales. El régimen se fue transformando en un bonapartismo reaccionario y represivo, cada vez más vaciado de todo apoyo popular.
Lo que se instauró con Chávez, entonces, no fue ninguna variante de socialismo sino una nueva expresión del nacionalismo burgués, con sus particularidades, con choques con el imperialismo norteamericano, que en los años de auge económico redistribuyó parcialmente los recursos aumentados de la renta petrolera hacia los sectores más pauperizados, pero que no alteró la estructura económica rentista del país, dependiente de las exportaciones petroleras y, más en general, el carácter dependiente con rasgos semicoloniales del capitalismo venezolano.
Con la caída del precio del petróleo a partir de 2014 empezó la decadencia, agravada en el último año por la escalada hiperinflacionaria. Como señalamos, hoy el salario es de apenas 6 dólares. Al haber acaparamiento de alimentos por parte de los importadores, estos llegan a precios altísimos; aunque el Estado en los barrios sobre todo más favorables al chavismo hace reparto de alimentos, la situación es crítica, una situación de verdadero derrumbe.
Frente a esto Maduro tomó distintas medidas de ajuste contra el pueblo trabajador, incluyendo el cese de los convenios colectivos de trabajo en el sector público y una mega devaluación del bolívar, lo que desató en 2018 un importante crecimiento de las huelgas en distintos sectores, como la salud, la educación, el cemento, petroleros y empleados públicos reclamando suba del salario y por reparto de comida. A la vez, se incrementó la entrega al capital extranjero de los recursos naturales, lo cual a contramano de la justificación oficial, no permitió el aumento de la producción petrolera, impidiendo al país beneficiarse de la suba de los precios del barril que se produjo el año pasado. En medio de la crisis Maduro siguió pagando la deuda externa (se jacta de haber pagado 72 mil millones de dólares) y continuó la fuga de capitales, ajustando al pueblo trabajador.
Es sobre esta situación sobre la que se monta la actual ofensiva golpista, de una derecha que venía cuestionada porque amplios sectores la identificaban como expresión de los intereses de los ricos. Con Guaidó hay un intento de lavado de cara de esta imagen, tanto por su juventud como por no provenir de una familia de los sectores más acomodados, aunque pertenece a Voluntad Popular, uno de los partidos de mayor tradición golpista y más derechista y pronorteamericano de la oposición, el de Leopoldo López.
Si bien el “Plan País” presentado por Guaidó disfraza muchas de las medidas más duras proclamadas desde hace años por los economistas de la derecha (como el congelamiento de salarios o terminar con la intangibilidad del empleo en el sector público) se menciona explícitamente la política de terminar con los controles de precios y el dictado una nueva ley de hidrocarburos que permita que el capital privado, incluyendo el extranjero, sea mayoritario en los emprendimientos petroleros, es decir, la privatización abierta del petróleo. También se postula recurrir a un fuerte endeudamiento externo tanto con “organismos multilaterales” (como el FMI y el Banco Mundial) como directamente con Estados, a la vez que dejan abierta la posibilidad de ir a una suerte de “régimen de convertibilidad” de la moneda como fue en Argentina en los ‘90 o directamente a una dolarización de la economía. Todas medidas que si se toman no provocarían más que un agravamiento en la situación del pueblo trabajador. Liberación de precios, más deuda externa, privatizaciones y entrega del petróleo a las multinacionales norteamericanas: las patas fundamentales de lo que se viene si la ofensiva golpista es exitosa.
Qué hacer
En Argentina, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores ha encabezado el rechazo a la injerencia imperialista y al intento golpista de la derecha en Venezuela pero sin dar ningún apoyo político al gobierno de Maduro, y denunciando el carácter represivo de su régimen y su responsabilidad en la actual situación. La declaración acordada por los tres partidos del FIT señala:
Venezuela debe ser gobernada por los trabajadores y dar pie a una profunda reorganización anticapitalista que dé satisfacción a las apremiantes necesidades populares. Con este objetivo, partiendo de nuestra oposición a la intentona golpista y a cualquier tipo de injerencia imperialista, proponemos un programa obrero de emergencia…” [2].
El protagonismo logrado por el FIT en estos días de ofensiva golpista en Venezuela contrasta no solo con los sectores del peronismo que han coincidido con Macri en el reconocimiento a Guaidó (como Pichetto, Massa y Urtubey) sino también con la “borrada” del kirchnerismo, que a lo sumo ha pedido por una “salida negociada” que, por otro lado, no es incompatible con el plan golpista. Una vez más se muestra que no son los “nacionales y populares” los que enfrentan la ofensiva imperialista sino quienes nos reclamamos de la izquierda obrera y socialista. Son los trabajadores y no la cobarde “burguesía nacional” la que puede liberarnos de la dominación imperialista y abrir un camino independiente y de integración real para los países de la región, con gobiernos de trabajadores y avanzando hacia los Estados Unidos Socialistas de América Latina.
Por la misma perspectiva que la planteada en la Declaración del FIT están luchando en Venezuela nuestros compañeros de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, quienes además plantean la necesidad de luchar por una Asamblea Constituyente verdaderamente Libre y Soberana, elegida sin partidos ni candidatos proscritos, con acceso obligatorio y gratuito en los medios de comunicaciones a las diferentes opciones.
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Es de conjunto un planteo para que el hastío de los trabajadores con el régimen no vaya detrás de una derecha pro imperialista que de imponerse solo agravará las penurias de las masas, como podemos ver en nuestro propio país con la implementación del ajuste de Macri y el FMI. No hay salida progresiva de esta crisis si la clase trabajadora no interviene en la misma en forma independiente, enfrentando resueltamente el plan imperialista en curso, desarrollando sus organismos de lucha y planteándose la conquista de un verdadero gobierno de los trabajadores.
Este artículo está basado en la charla que dio el autor para militantes y simpatizantes del PTS de La Plata, Berisso y Ensenada el sábado 26 de enero de 2019. Fue actualizado al 1 de febrero. |
