El presidente Mauricio Macri y sus ex ministros de Energía, Juan Jose Aranguren y Javier Iguacel, fueron imputados bajo la figura de “administración fraudulenta” por un intento de privatización de las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.
Las “irregularidades” en la causa judicial, que quedó bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Gerardo Pollicita, son al menos tres.
En primer lugar, el valor con que el presidente y sus ex funcionarios pretendían privatizar las centrales era un “regalo”, casi 400 millones de dólares por debajo de su precio real. Un valor muchísimo menor que el que el Estado invirtió en la construcción de una parte de ellas (en el 2010) y que la valuación fiscal que la Auditoria General de la Nación estableció en 2012, por ejemplo.
En segundo lugar, es sumamente llamativo que Central Puerto, la segunda generadora eléctrica, y que es propiedad de Nicolás Caputo, íntimo amigo presidencial, sea una de las dos empresas preclasificadas en las licitaciones de ambas empresas.
En tercer lugar, la construcción de ambas centrales estaba en manos de Iecsa, empresa del grupo Macri hasta el 2017, y su socia Isolux, que habían conseguido la licitación de la obra en 2010 bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, el año pasado, el Gobierno nacional aceptó romper el contrato e indemnizar por la suma de 1.600 millones de pesos a Iecsa, que al momento de la licitación estaba en manos del primo presidencial Ángelo Calcaterra. Un detalle no menor: la obra aún está inconclusa y además de la millonaria indemnización, Calcetarra recibió el beneficio de la condonación de una deuda de más de un millón de pesos con el Estado.
Una vez roto el contrato, el Estado volvió a lanzar la licitación de las obras en las centrales en noviembre del 2017 y por dicha iniciativa hoy se encuentran imputados además de Macri y sus ex funcionarios, Hugo Balboa (ex presidente de Enarsa) y Mario Dell Aqua (presidente de Ieasa en ese momento).
Un modus operandi para nada nuevo
Denuncias de este tipo no son nuevas ni para Iecsa, ni para el gobierno de Mauricio Macri sus funcionarios.
Hace poco se conoció que Iguacel recibió una denuncia por favorecer a Iecsa con obras otorgadas por Vialidad Nacional, cuando era presidente de dicho organismo.
Iecsa fue propiedad de Franco Macri y sus hijos, incluido el presidente, hasta el 2007, año en el que fue vendida a Angelo Calcaterra, sobrino de Franco. Diez años más tarde, en 2017 cuando ya hacia dos años que Mauricio era presidente, su primo vendió la empresa a Marcelo Mindlin, que a su vez también es amigo de la familia Macri.
La empresa del clan Macri es una de las constructoras involucradas por corrupción en la llamada causa de los cuadernos. Fue señalada como una de los miembros del club de la obra pública”, es decir como una de las que pagaba coimas para quedarse con licitaciones. Iecsa es una de las constructoras más poderosas de Argentina, tal es así que fue una de las grandes ganadoras de licitaciones en obras durante los años de mandatos kirchenristas.
El mismo Macri, a poco tiempo de asumir como presidente, protagonizó un verdadero escándalo cuando quiso condonar casi la totalidad de la millonaria deuda que aún hoy mantiene su familia con el Estado por el Correo Argentino.
Macri es el exponente de una clase social que no dudó en manchar sus manos con sangre obrera para amasar sus fortunas. Es el exponente de una familia que basó sus ganancias haciendo grandes negociados con el Estado y que creció exponencialmente de la mano de la última dictadura militar que ademas de premiarla con obras millonarias, decidió la estatización de la deuda del grupo que, en 1982, ascendía a 170 millones de dólares. | 
