El gobierno brasileño presentó este miércoles su proyecto de reforma jubilatoria con la que muchos trabajadores morirán sin poder jubilarse. La propuesta es aun peor que la de Michel Temer, que fue derrotada en las calles en 2017.

El proyecto del gobierno plantea una edad mínima jubilatoria de 65 años para hombres y 62 para mujeres, y 40 años de contribuciones. La reforma es producto de un acuerdo con políticos corruptos y golpistas, como el propio presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia, quien dijo hace pocos días que “hoy en día todos pueden trabajar hasta los 80 años”, o Davi Alcolumbre, presidente del Senado.

Bolsonaro pretende destruir la jubilación de los trabajadores brasileños y con eso “ahorrar” miles de millones de dólares para entregar a banqueros y especuladores con el pago de la deuda pública y la concesión de exenciones fiscales.

Grandes empresas deben unos 120 mil millones de dólares al sistema previsional, pero Bolsonaro, su ministro de Economía Paulo Guedes y el equipo de amigos de los ricos y empresarios buscan pasarles esta cuenta a los trabajadores.

Este proyecto muestra el compromiso de Bolsonaro con los grandes empresarios y con el imperialismo. Luego de que trascendió la información sobre esta reforma en la prensa, el mercado financiero tuvo un pico: el Ibovespa (índice de la Bolsa de San Pablo) saltó 1.000 puntos en minutos y se ubicó por encima de los 97.000 puntos.

Es evidente el festejo frente al avance de la “madre de todas las reformas”, que es exigida para elevar la “competitividad” y “eficiencia” de Brasil, palabras que los capitalistas usan para referirse al nivel de explotación y pobreza a la que es sometida la población trabajadora.

Mientras tanto, parlamentarios y jueces seguirán nadando en sus privilegios, con enormes salarios, reglas generosas para sus jubilaciones y beneficios y auxilios de todo tipo. Los militares, parte del gobierno de Bolsonaro y protegidos por el presidente, tendrán derecho a una reforma alternativa, ya que su régimen previsional también está lleno de privilegios.

Los empleados públicos serán uno de los sectores más afectados. La contribución previsional deberá aumentar del 11% cobrado actualmente al 14% del sueldo, y un impuesto extraordinario de hasta 8% más. Eso podría llevar a que el 22% del salario de un empleado público sea destinado a la contribución previsional.

Según informa la prensa local, el valor del beneficio pagado por el sistema previsional será calculado según el promedio de los salarios de contribución. Con 20 años de contribución, el trabajador tendrá derecho a recibir solo el 60% del valor del beneficio. A cada año se agregará un 2% hasta el límite de 100%. Para recibir una jubilación íntegra el trabajador tendrá que aportar durante 40 años.

Los plazos de la reforma previsional

Pese a ya haber sido ingresada en el parlamento, el inicio de su tramitación todavía deberá esperar. El proyecto es una enmienda constitucional, por lo que deberá ser primero admitida por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), que todavía no fue instalada, lo que se espera que ocurra recién después del Carnaval.

Si bien el año legislativo empezó hace tres semanas, todavía no hay consenso en Diputados para la división de las comisiones. Maia dijo que el 26 de febrero podría instalar la CCJ.

Como parte del acuerdo para la reelección de Maia para la presidencia de Diputados, la CCJ quedará a cargo del PSL, a pesar de los escándalos de fraude electoral que involucran al partido de Bolsonaro y ya produjo la baja del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gustavo Bebbiano.

Te puede interesar Primera baja en el gabinete de Bolsonaro: sale el secretario general de la Presidencia acusado de corrupción

El presidente de la CCJ deberá elegir al miembro informante de la enmienda constitucional, que tendrá que evaluar su legalidad y será responsable por las negociaciones y modificaciones en el texto.

La presidencia de Diputados afirmó que sería designado algún miembro del "gran centro", esa miríada de partidos regionales que componen el tomadaca del régimen parlamentario brasileño. Sin embargo, esta no está resultando una tarea fácil.

Muchos diputados le han hecho el ole a esta responsabilidad, según dicen, por las dificultades de articulación del gobierno de Bolsonaro. El que se propuso para la tarea fue Arthur Maia, quien fue descartado por haber informado el naufragado proyecto de reforma previsional de Michel Temer.

Una vez que el proyecto pase la CCJ, deberá ser analizada por una Comisión Especial (CE) que tendrá un plazo de 40 sesiones desde su constitución para dar su parecer. Después deberá ser aprobada dos veces por el plenario de Diputados, con al menos 308 de los 513 votos posibles (tres quintos). Luego de pasar nuevamente por la CCJ, deberá ser incluida en cinco sesiones deliberativas y luego aprobada también dos veces por tres quintos del Senado (49 votos). Todo esto sin contar las idas y vueltas por posibles enmiendas.

No hay tiempo que perder: es posible derrotar la reforma previsional de Bolsonaro

Mientras la reforma previsional de Bolsonaro entraba en Diputados, las principales centrales sindicales del país como la CUT y la CTB, orientadas por el PT y el PCdoB, hacían un acto con algunos miles, controlado desde arriba, sin deliberación en las bases ni un plan de continuidad acorde a la magnitud del ataque.

El acto no expresó los procesos de lucha en curso, como los docentes y municipales de San Pablo, que enfrentan una reforma previsional local de gran magnitud. Tampoco los groseros ataques contra los trabajadores industriales, como los chantajes en General Motors o los miles de despidos en la Ford del ABC paulista, la principal concentración industrial de Brasil. Algunas luchas han sido directamente abortadas, como en el subterráneo de San Pablo.

Frente al 8M, vienen actuando de manera de evitar la confluencia de la lucha de las mujeres con el enfrentamiento a los ataques del gobierno, a pesar de que son las mujeres las que cargarán con el mayor peso de las reformas antiobreras.

Las centrales Intersindical y Conlutas, orientadas por el PSOL y el PSTU, participaron del acto, reivindicando la unidad de las centrales sindicales sin criticar que los miles podrían haber sido millones si no fuese por los limites impuestos por las direcciones burocráticas. Hablaron de la huelga general, pero no pusieron en evidencia la tregua de las centrales burocráticas ni les exigieron la preparación efectiva, desde las bases, de una verdadera huelga general que tire abajo el proyecto de reforma de los golpistas.

Si se aprueba esta propuesta una parte de la población no podrá jubilarse debido a que en ciertas regiones del país la expectativa de vida es menor a los 65 años. Para derrotarla es urgente que las centrales sindicales como la CUT y la CTB suspendan la tregua que le vienen dando al gobierno de Bolsonaro y organicen una gran movilización de los trabajadores, poniendo en las calles la única fuerza que puede frenar la reforma: los trabajadores aliados al movimiento de mujeres, los jóvenes, los negros y la diversidad sexual.

Esta es la pelea que viene dando el MRT, grupo hermano del PTS en Brasil, en los lugares de trabajo, en los sindicatos y en las organizaciones estudiantiles.