El 29 de marzo de 2018, jueves "santo" la concejala del PTS-Frente de Izquierda de San Salvador de Jujuy Andrea Gutiérrez, el abogado de los estudiantes Héctor Huespe junto a Valentina Melo (estudiante de Trabajo social en la UNJu y militante del PTS), Renauld Gaspar Jonatan María y Zapana Esteban (ex-estudiantes del Ceija), y el docente Iván Mendoza fueron detenidos ilegalmente, sin orden judicial, mientras se encontraban en la vereda de Casa de Gobierno solicitando ser escuchados por algún funcionario del gobierno de Gerardo Morales ante el cierre de los Ceija.
Se montó un enorme operativo policial para llevárselos por la fuerza y mantenerlos incomunicados. Haciendo oídos sordos ante la identificación de la concejala, avasallando sus fueros.
La persecusión policial no terminó aquel día, primero les armaron una causa penal y como no pudieron sostenerlo continuaron hostigándolos mediante el Código Contravencional. Valiéndose para ello de un policía que se presentaba de civil en la manifestación para luego ofrecerlo como testigo. Un método nefasto e ilegal de Gerardo Morales utilizando el poder punitivo del Estado contra jóvenes que defienden el derecho a la educación.
La contravención por la cual se los quiere condenar es por impedir la circulación vehicular o peatonal y por causar temor en la población (art. 113 Código Contravencional). Sin embargo a lo largo del juicio ha quedado constatado que aquel día se encontraba un grupo minúsculo, que los peatones podían circular perfectamente por la vereda y la solidaridad se expresaba en los turistas y transeúntes que pasaban por el lugar a informarse del reclamo.
Así se manifestaron numerosas personalidades de DD.HH. y docentes en todo el país.
Este proceso deja a las claras, lo que desde amplios sectores vienen sosteniendo, este Código Contravencional es inconstitucional. Bajo el mismo se pretende cercenar el derecho que tiene rango constitucional como es la protesta, ya que el mismo tiene un carácter supremo porque garantiza el resto de los derechos. El código establece verdaderas penas, incluyendo la de prisión, cuando la C.N. solo habilita al Congreso Nacional a legislar sobre materia penal.
La policía que inicio la denuncia, es la misma que estuvo encargada de la "investigación" e impulsa la causa, actuando cuál fiscal, y el Juez Contravencional que va a resolver fue elegido personalmente por el gobernador.
Por medio de causas contravencionales Gerardo Morales pretende enviar un mensaje político a todos los que pretendan defender y organizarse por los más elementales derechos, su blanco en este caso es la juventud pero también los opositores políticos y sindicatos, siendo que la Policía Provicial está armando una nueva causa contra los sindicatos y organizaciones políticas que se movilizaron el año pasado al comienzo de las sesiones ordinarias inauguradas por el gobernador.
Apelaremos, en caso de ser necesario, hasta la última instancia para obtener la absolución y exigimos que se caigan todas las causas contra las y los luchadores, convocamos a una concentración que va a realizarse a las 10:00 hs en el Juzgado Contravencional, momento en que se va a leer la sentencia. | 
